¿Qué es lo que pueden Pablo Iglesias y su partido?

Si tienen éxito, se produciría una ruina nacional por el coste de las expropiaciones y la caída de los ingresos fiscales de la actividad privada

Poco después de asistir atónitos a la manifestación y posterior reiteración –sostenella y no enmendalla– de Pablo Iglesias sobre la falta de plenitud de nuestra democracia, hemos tenido que soportar la postura mantenida por los líderes de Unidas Podemos ante las imágenes de una Barcelona otra vez en llamas que, además, ha extendido su fuego a otras ciudades españolas.

También hemos tenido que soportar que, falsariamente, se presente como síntoma de restricción a la libertad de expresión la entrada en prisión de quien ha sido reiteradamente condenado por varios y variados delitos (contra la propiedad, agresión física, amenazas de muerte…).

Que un partido político presente en nuestro Gobierno se vista con tal jaez es una auténtica desventura para la sociedad española. Mas no acaba ahí el drama. La auténtica dimensión de este se patentiza en la multiplicidad de propuestas y proyectos que emanan de la formación morada y que, por mostrar su auténtica ideología, evidencian la gravedad que representa la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de España.

Centrémonos en el ámbito económico. Hace pocos días, y ante el retraso acaecido en el suministro de vacunas a la Unión Europea, Pablo Iglesias declaró su voluntad de nacionalizar la industria farmacéutica. Previamente, y ante la subida de la tarifa eléctrica, lanzó su propuesta de nacionalización de las compañías del sector. Tiempo atrás, argumentando que una necesidad básica no puede ser cubierta por empresas privadas, clamó por desprivatizar la sanidad. No cabe mayor simpleza. Para el vicepresidente, allá donde haya un problema, la nacionalización es la solución.

Pero no es eso todo, pues allí donde aún no ha llegado una nueva propuesta nacionalizadora, Podemos propugna como remedo el remedio intervencionista. Son múltiples los ejemplos.

Ante las dificultades financieras generadas por la crisis económica, la creación de un gran banco nacional que instaure un cuasi monopolio público en el sector bancario. Ante el alza de los precios del alquiler de viviendas, la regulación pública que limite la libertad de acuerdo entre oferta y demanda. Ante la existencia de críticas periodísticas no deseables, el control o mordaza a los medios de comunicación privados. Ante la voluntad de padres y familias de educar a sus hijos al margen de una uniformidad no deseada, el castigo y la asfixia a la educación no estatal. Para Podemos, en ausencia de nacionalización, la solución es la intervención.

Es fácil imaginar dónde nos conduciría el conjunto de nacionalizaciones e intervencionismos propuestos y, consiguientemente, qué es lo que realmente podrían si tienen éxito aquellos que en su denominación incluyen la primera persona del plural del presente de indicativo del verbo poder.

Sin duda nuestro futuro sería la ruina económica nacional. De una parte, porque nacionalizar empresas y sectores implicaría soportar el coste de la expropiación. De otra, porque el descenso de la actividad económica privada haría disminuir la recaudación tributaria.

En fin, la estatalización de la economía nos conduciría al seguro fracaso del sistema, tal y como ha sucedido en todas las experiencias históricas de implantación del socialismo. Valgan dos ejemplos ciertamente significativos. Uno, el representado por la extinguida Unión Soviética, donde al sacrificio de la libertad se unió la extensión de la penuria económica provocada por la ineficacia del llamado socialismo real. Otro, el constituido por la frustrada revolución cubana que lleva ahogando política, humana y económicamente a Cuba desde hace 60 años.

La evidencia es tan grande que alguien tan poco sospechoso de beber en las aguas del liberalismo teórico como es Robert Heilbroner ha acabado reconociendo que, a la vista de las pruebas empíricas, la superioridad del sistema capitalista para resolver los problemas de la humanidad es incontestable. Otra cosa es que resulte conveniente, incluso necesario, aggiornarlo con las adecuadas medidas de protección social. En eso están desde hace tiempo las democracias avanzadas, siendo la dimensión y configuración de estas medidas el terreno de juego ideológico en el que disputan los partidos conservadores y socialdemócratas.

Malhadadamente, nada de lo anterior ha servido para que Pablo Iglesias y su partido reconozcan el sentido de los avatares históricos sucedidos y adapten sus planteamientos a los tiempos que corren. Impasible el ademán, siguen férreamente aferrados a los postulados que conformaron el cuerpo de doctrina de la Tercera Internacional, incluso con alguna reminiscencia de la Cuarta. Lo grave es que con ese bagaje ocupen varios ministerios y hasta una vicepresidencia de nuestro Gobierno.

Es cierto que constituye una fuente de esperanza que sillón con sillón, en el Consejo de Ministros se sienten también personalidades como José Luis Escrivá o la vicepresidenta Calviño. Su capacidad técnica, su experiencia profesional, su sensatez… resultan incompatibles con las pretensiones del núcleo que lidera Pablo Iglesias. De hecho y según cuentan las crónicas, no han sido pocas las veces que uno u otra han tenido que oponerse con contundencia a las pretensiones del grupo purpúreo. Es de justicia reconocer que otros ministros no económicos también mantienen levantada la bandera de la racionalidad que debe atesorar el Gobierno de un país miembro de la Unión Europea. Es el caso de Margarita Robles.

Pese a todo, la aritmética parlamentaria es la que es. Y, salvo la hipótesis inverosímil –en el corto plazo– de elecciones anticipadas, la presencia de Podemos en el Gobierno parece inevitable. Ahora bien, por mor de la denominada geometría variable, existe como opción que Pedro Sánchez y Pablo Casado pacten entre sí aquellas leyes o medidas que, por su especial relevancia, debieran quedar fuera de la órbita de las ideas de Podemos. Del sentido de la responsabilidad de ambos depende.

Ignacio Ruiz-Jarabo es economista y exdirector general de la Agencia Tributaria