Minuto y resultado en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios

Bruselas ha impulsado dos iniciativas legislativas para reforzar la regulación sobre plaraformas digitales

Tras la aprobación en el pleno de enero del reglamento que ordena el sistema de apoyo a los Estados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la actividad en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo ha sido algo menos estresante.

Los diputados continuamos trabajando en la primera lectura de varios reglamentos del paquete de digital finance (criptomonedas, infraestructuras de mercado, etc.), presentado por la Comisión Europea, así como sobre otros textos legislativos en materia tributaria. Quizá resulte interesante informar sobre el conflicto de competencias, aún no dilucidado, entre ECON y el Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) sobre la tramitación de un nuevo reglamento.

El pasado diciembre, la Comisión presentó dos iniciativas legislativas para reforzar la regulación sobre las plataformas digitales: la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales. En la primera de ellas, las competencias son responsabilidad de IMCO, en la medida que regula los derechos de los consumidores, eleva la transparencia del mercado y confía en impulsar la innovación en el mercado único. Ahora bien, en el segundo de los casos, el de la ley de mercados digitales, la Comisión establece un sistema de monitoreo de la competencia y un marco de sanciones singular. Estos asuntos son responsabilidad exclusiva de ECON, no de IMCO, aunque este último comité ya haya procedido a elegir a los ponentes, asumiendo unas competencias que no son suyas. ECON ha puesto el tema en consideración del presidente de la Conferencia de Presidentes de Comités, Antonio Tajani, quien deberá resolver este conflicto.

Estas situaciones no son infrecuentes, y los presidentes de los Comités en cuestión batallan sin denuedo por proteger las competencias de sus respectivos diputados. A veces, se observan conflictos entre presidentes de un mismo grupo parlamentario o un mismo país, lo que refleja la vitalidad del Parlamento Europeo, que no siempre es observada desde el exterior.

En fin, la labor legislativa, por otra parte, se complementa con las negociaciones en trílogos del tercer pilar del Mecanismo de Transición Justa –correspondiente a la facilidad de liquidez para el sector público en esas regiones–, y la directiva sobre la administración y compradores de créditos y la recuperación de las garantías reales, que forma parte del paquete de iniciativas de la Comisión para acelerar la absorción de los créditos fallidos. En ambos textos hay diferencias apreciables entre el articulado del Consejo de la UE y el del Parlamento.

Sin pretender detallar cada una de las diferencias, en el caso del reglamento que completa el diseño del Mecanismo de Transición Justa, el texto del Parlamento incrementa el porcentaje de subvención directa para las regiones menos desarrolladas. En el de la directiva sobre créditos fallidos, la aproximación parlamentaria eleva los niveles de protección para los consumidores ante las operaciones de venta a terceros de los créditos fallidos, ante las experiencias negativas tras la crisis de la década pasada.

Este trabajo del Parlamento se complementa con la elaboración de informes de iniciativa, a través de los cuales la institución supervisa la labor ejecutiva de la Comisión y adelanta debates políticos que anteceden a las propuestas legislativas del propio Ejecutivo comunitario. En este campo, el Comité está avanzando en sus informes anuales sobre las políticas competencias, el desarrollo de la unión bancaria y la actividad del Banco Europeo de Inversiones. En el primero de los casos, la discusión está centrada en el despliegue de las nuevas iniciativas sobre el control de la competencia en los mercados digitales, la prolongación (o no) de las medidas derivadas de la Covid-19 para permitir ciertos apoyos a empresas con problemas sobrevenidos por la pandemia, y el equilibrio entre competencia y ayudas de Estado en el marco del desarrollo del Pacto verde europeo. El informe de la unión bancaria fijará la posición del Parlamento sobre la revisión del marco de gestión de crisis, donde esperamos una propuesta legislativa a final de año tras el cierre de la consulta pública abierta por la Comisión, así como sobre la necesidad de avanzar en la negociación del tercer pilar, el seguro europeo de protección de los depósitos. Y en el documento sobre el BEI se analizará la expansión de sus actividades en el marco de la pandemia y en la financiación de la transición verde.

También se está avanzando en un informe sobre el papel internacional del euro, con ideas complementarias para fortalecer el euro como una moneda de reserva global que, por cierto, va de la mano también de las estrategias del BCE sobre la posibilidad de emitir el euro digital. Por último, el Parlamento ha iniciado los debates sobre la revisión de las reglas fiscales. Un tema central que ocupará buena parte de nuestro trabajo en los próximos meses.

En otro orden de cosas, el Comité está trabajando también en el análisis del acuerdo con el Reino Unido y sus implicaciones sobre los sistemas de reconocimiento de la equivalencia regulatoria, y los detalles de level playing field entre ambos mercados. Los esfuerzos están dirigidos a facilitar (o no) con su voto la implementación del acuerdo.

Asimismo, el Comité validó en el mes de enero el nombramiento de Frank Elderson como vicepresidente del Mecanismo de Supervisión. Su elección inicial como miembro del Consejo de Gobierno del BCE el pasado otoño, fue ciertamente polémica porque el Eurogrupo elaboró una lista de candidatos con dos varones, renunciando al equilibrio de género, cuestión crucial para el Parlamento. De hecho, el Parlamento aprobó, hace años, una resolución por la cual los eurodiputados nos comprometíamos a no tramitar candidaturas sin equilibrio de género en la lista de finalistas. No estuvieron nunca en cuestión las credenciales profesionales de Elderson, pero el Parlamento está realmente agotado de que el Consejo no atienda a este requerimiento y, lo que es peor, siga sin mostrar voluntad alguna de observarlo.

Hasta aquí la crónica del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios. Confío en cooperar en la construcción de un espacio público compartido europeo, también sobre los temas económicos y financieros. Adelante.

Jonás Fernández es Diputado al Parlamento Europeo y portavoz del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios.