La Inspección de Trabajo, en contra de aplicar algoritmos para levantar actas de sanción

Los inspectores advierten que la automatización de las multas creará inseguridad jurídica

La Inspección de Trabajo, en contra de aplicar algoritmos para levantar actas de sanción

El Ministerio de Trabajo y Economía Social prevé que la Inspección de Trabajo pueda iniciar actuaciones sancionadoras de forma automatizada. Es decir, mediante actas que se extiendan sin intervención directa de un funcionario, solo a partir del análisis por un sistema informático de los datos disponibles por la Administración.

Así lo prevé un proyecto de real decreto por el que se modifica el reglamento de procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social, presentado por el departamento que dirige Yolanda Díaz el pasado mes de enero.

Según se expone en la propuesta, la misma responde a la evidencia de que, en la actualidad, “el análisis masivo de datos para la detección de fraude permite conocer la existencia de posibles incumplimientos de los sujetos obligados, especialmente en materia de Seguridad Social”, una circunstancia que “pone de manifiesto la necesidad de automatizar, en casos concretos, la actividad de la Inspección de Trabajo para poder actuar ante tales incumplimientos”.

Esta medida, que constituye una completa novedad en nuestro ordenamiento, ha sido bien acogida por los sindicatos, pero ha generado polémica entre los inspectores.

Conformidad sindical

Como señala Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, “hace tiempo que hemos venido pidiendo que la Inspección de Trabajo dispusiera de los medios y recursos adecuados para afrontar las situaciones de precariedad y fraude que se producen en nuestro país”. En este sentido, consideran que esta medida “va a permitir liberar recursos de la Inspección” y agilizar el control de escenarios como la economía sumergida.

Eso sí, advierte Pino, siempre habrá que tomar precauciones con el algoritmo utilizado, pues este “es un producto del ser humano y, por ello, puede incurrir en los mismos sesgos que este”.

Oposición de la Inspección

No comparte la misma visión el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS). Este organismo alertó en un comunicado emitido el pasado 26 de enero de que el proyecto de real decreto presentado por el Gobierno “rompe con los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia, neutralidad e imparcialidad de la Inspección”.

En opinión de esta organización, “esta medida quiebra la reserva de la función inspectora que la ley atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo”, “rompe la eficacia del servicio público prestado y la necesaria seguridad jurídica” y “limita o condiciona la necesaria independencia y autonomía técnica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Por ello, destacan que la gestión masiva de datos obrantes en las bases de datos y los cruces de información que puedan ser realizados entre ellos “no debe ser utilizado para suplantar la imprescindible y necesaria intervención del inspector, garantía de los principios de seguridad jurídica, eficiencia, profesionalidad, neutralidad e imparcialidad que caracterizan desde siempre la actuación de la IT”. En su opinión, agregan, la reforma debe ser utilizada como instrumento de refuerzo de la actuación inspectora.

“Estamos muy preocupados”, señala la presidenta de este sindicato, Ana Ercoreca “pues no se nos ha consultado”. Esta reforma legal, destaca, no supone un reconocimiento de derechos de los ciudadanos, sino una limitación de los mismos”. Y esto es algo que requiere todas las garantías que aporta la intervención de los funcionarios de la Inspección.

No se trata tanto, explica, de desconfianza en la automatización de procesos, pues su experiencia con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude ha sido positiva. “Pero en el ámbito laboral, los datos deben ser analizados por un inspector”, para valorar adecuadamente las circunstancias y hechos. Se puede invertir más en medios técnicos, admite, “pero no para sustituir a las personas por máquinas”.

Algoritmos y relaciones laborales

  • Seguridad. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, advierte de que el proyecto no concreta el tipo de sanciones al que se refieren estos procedimientos automatizados, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica.
  • Contratación. Según Gonzalo Pino, la creciente utilización de algoritmos en las relaciones laborales va a trastocar las cadenas de mando que conocemos. Por eso recuerda que la Unión Europea ya ha levantado la voz sobre el uso de sistemas automatizados que intervengan en la contratación.
  • Riders. Una reciente sentencia del Tribunal Ordinario de Bolonia ha declarado que el algoritmo utilizado por Deliveroo para clasificar a sus repartidores a efectos del reparto del trabajo incurría en discriminación, al no tener en cuenta determinados factores relevantes en su actividad, como la ausencia del trabajo por motivos médicos o sindicales.
  • Convenios. Los sindicatos están en conversaciones con el Ministerio de Trabajo para que los algoritmos utilizados para la contratación de trabajadores o la organización del trabajo en las empresas sean públicos y su regulación se incorpore a la negociación colectiva.
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