Microsoft urge a EE UU, Canadá y la UE a imitar a Australia y su ley que amenaza el poder de Google
Pide a las autoridades de estos países que adopten propuestas similares para obligar a los grupos de tecnología a pagar por los enlaces a las publicaciones de los medios de comunicación.
Microsoft sigue moviéndose rápido para capitalizar la guerra que mantiene Google y el Gobierno de Australia, que prepara una nueva ley que obligaría a los grupos de tecnología a pagar por los enlaces a las publicaciones de los medios de comunicación. Una decisión que ha llevado al gigante de las búsquedas a amenazar con retirar su buscador de Australia si la normativa sale adelante.
La compañía de Redmond, que busca impulsar su buscador Bing y su servicio Microsoft News, ya mostró la semana pasada su apoyo a la nueva ley al asegurar que su servicio de búsqueda permanecería en Australia y que estaba dispuesta a compartir los ingresos con los editores de noticias según las normas que Google y Facebook rechazan. Microsoft también ofreció ayuda a las pequeñas empresas australianas para que transfieran sus negocios a Bing sin coste alguno y se comprometió a invertir esfuerzos para que su plataforma publicitaria sea más competitiva.
Ahora, el gigante del software ha ido a más y este jueves ha solicitado a las autoridades de EE UU, Canadá y la Unión Europea que consideren la posibilidad de adoptar propuestas similares a las que se están examinando en Australia, que tienen por objetivo “nivelar las condiciones de competencia entre las plataformas digitales y los editores de noticias”, y tratar de garantizar “una proporción mayor y más justa de los ingresos en línea para los medios”.
En un post, el presidente de Microsoft, Brad Smith, asegura abiertamente que Microsoft apoyaría una propuesta similar en esas otras geografías y lo justifica asegurando que es la vía para que haya un periodismo fuerte e independiente que ayude a combatir la desinformación y contribuya a fortalecer la democracia.
Según Smith, desde el 2000 los ingresos de las redacciones en EE UU han caído un 70% y el empleo se ha reducido a la mitad. Desde entonces más de 2.000 periódicos han cerrado y en muchos lugares las noticias locales han sido diezmadas, mientras parte de lo que alimenta el interés por las redes sociales y los motores de búsqueda, es la posibilidad de hacer scroll y ver los titulares generados por lo medios de noticias tradicionales.
“Como sabemos por nuestra experiencia con Bing, el acceso a una cobertura de noticias actualizada, amplía y detallada es fundamental para mantener un fuerte compromiso de los usuarios. Esto significa que el contenido de las noticias genera un importante valor indirecto para los buscadores y las redes sociales (hasta 4.700 millones de dólares anuales para Google, según un estudio reciente), aunque la gente a menudo no haga clic en la historia original”, continúa Smith, quien añade que esto supone que los editores “no reciben ninguna compensación, aunque todo este tráfico alimenta las plataformas que se han convertido en rentables intermediarios tecnológicos en los que las empresas deben promocionarse para llegar a los consumidores”.
El presidente de Microsoft vuelve a aplaudir al Gobierno australiano y muestra la disposición de su compañía a compartir una parte importante de sus ingresos con los editores de noticias. Y anima a otros gobiernos a seguir los pasos: “Es una idea que algunos gobiernos han perseguido en algunos países de Europa, pero con un éxito limitado. La razón es que es difícil negociar con un monopolio”, dice refiriéndose a Google aunque no la cita. “Con solo una o dos ballenas en un lado de la mesa de un país y docenas o cientos de pececillos en el otro, el resultado suele ser una negociación larga y compleja que acaba por dejar a los pececillos sin comida”
Smith defiende que tanto EE UU como Canadá como Europa deben desarrollar “una respuesta creativa” como la australiana, que obligará a las empresas tecnológicas dominantes, como Facebook y Google, a invertir en transparencia, explicando cómo muestran el contenido de las noticias y avisando con antelación de los cambios algorítmicos o publicitarios que puedan tener un efecto significativo en el tráfico de referencia de sus webs hacia el contenido de las noticias.
Una ley que “corregirá el desequilibrio económico entre la tecnología y el periodismo, que permite que los editores se unan a efectos de negociación colectiva y que, en caso de bloqueo, exigen a las partes que nombren un tribunal de arbitraje que elija una de las mejores propuestas entre las últimas presentadas por ambas partes”.
De momento, Facebook y Google han sido contundentes en su oposición a la propuesta australiana. La red social ha asegurado que si el Parlamento de ese país aprueba la nueva ley impedirá a los usuarios de ese país compartir noticias en sus plataformas de Facebook e Instagram, y Google ha asegurado que retirará su servicio de búsqueda del país. El buscador defiende que dicha ley violaría un principio fundamental de internet obligándola a pagar por enlazar a los medios.
Actualmente, el poder de Google en las búsquedas es aplastante. En Australia, país donde se ha originado la crisis, su buscador tiene el 94% de cuota de mercado, frente al 5% que tiene Bing., una cifra sustancialmente menor que el 15-20% de la que tiene el buscador de Microsoft en EE UU y del 10-15% que tiene en Canadá y el Reino Unido, por ejemplo, según los datos que da el propio Smith.
Google mantiene entre tanto negociaciones privadas con los editores de noticias tanto en Australia como en otros países europeos. Según el presidente de Microsoft, su rival está utilizando “tácticas duras” con los editores australianos, a los que habría enviado “un nuevo lote de propuestas privadas, que condicionaban una oferta para pagar más dinero a cambio de disposiciones explícitas que permitan a Google rescindir cualquier acuerdo que celebre si no se revisa la normativa sobre medios digitales propuesta por el Gobierno”.
Según Smith, la postura de Google y Facebook crea una nueva vulnerabilidad para las democracias del mundo y subraya la necesidad de “nuevas normas de competencia para los mercados digitales, como están considerando ahora más gobiernos”.
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