Tribunales

El juez pide documentación a Banco Santander para investigar si Popular financió la ampliación de 2016

Calama subraya que en la causa existe "un documento de enorme trascendencia" y piensa que todos los directivos del banco pudieron conocer la operativa

Ángel Ron con sus abogados entrando a la Audiencia Nacional (imagen de archivo)
Ángel Ron con sus abogados entrando a la Audiencia Nacional (imagen de archivo)

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a los dos últimos equipos directivos de Banco Popular antes de su resolución del 7 de junio de 2017 ha pedido a Banco Santander documentación para aclarar si la entidad financió a sus clientes para acudir a la ampliación de capital de 2.500 millones de euros en 2016, y si “de forma deliberada no la restó del capital regulatorio”.

En un auto fechado ayer, el magistrado José Luis Calama explica que de lo que se trata es de averiguar si Popular “ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia” mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.

La resolución del juzgado recuerda la operativa de la ampliación de capital investigada y subraya que en la causa existe “un documento de enorme trascendencia”. Calama explica que, a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el que fuera vicesecretario del consejo del banco, Heraclio Peña, remitió un informe (de fecha 2 de octubre de 2017), complementario de otros anteriores, sobre diversos aspectos del hecho relevante de 3 de abril de ese año comunicado al mercado por Emilio Saracho, sucesor de Ángel Ron en la presidencia de Banco Popular.

En ese documento “se deduce” que tanto el consejero delegado del banco como los directores generales de banca minorista y de negocio de clientes “lideraron dicha financiación”.

De este modo, el banco habría alentado a su red comercial –a través de los directores territoriales y regionales– para que ofertaran financiación a determinados clientes para que participaran en la ampliación de capital, induce el juez.

Políticas de riesgo
Pese a que el manual de políticas de riesgo de la entidad prohibía expresamente “la financiación para la compra de acciones y preferentes del grupo”, en línea con la normativa europea, indica el magistrado, “cabe afirmar que los máximos directivos de departamentos estratégicos del banco –intervención general, auditoría interna y riesgos– conocieron y consintieron dicha financiación”. De esta forma, dicha prohibición expresa y categórica se eludió haciendo constar como destino de los créditos otros distintos a la financiación de acciones”.

Calama entiende que el director de cumplimiento normativo del banco informó al consejero delegado de que la red comercial estaba financiando la adquisición de acciones de la ampliación de capital, “sin que conste que dicho consejero adoptara ninguna medida concreta”.

“En el caso de autos, Banco Popular otorgó financiación a determinados clientes y de forma deliberada no la restó del capital regulatorio. La entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales, vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo”, concluye el magistrado. Por todo ello, el juez da 30 días al banco que preside Ana Botín –que adquirió Popular a un precio simbólico de un euro el 7 de junio de 2017– para que aporte diversa documentación, entre la que debe incluir detalles sobre la financiación que se otorgó.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores de Popular, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios. El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho.

La ampliación de capital a la que hace referencia el auto del juez se remonta al 25 de mayo de 2016 cuando el entonces presidente de Banco Popular pone en marcha una ampliación de capital para cubrir la previsible morosidad de los activos inmobiliarios, a la vez que se pretendía reforzar el capital. La operación tuvo incluso sobredemanda. Pero tras salir de la presidencia Ron, su sucesor, Emilio Saracho, encarga una investigación tras llegar a la presidencia en febrero, para comprobar si esa ampliación se había realizado en parte con créditos del propio banco, algo prohibido por la normativa europea.

El 3 de abril de 2017 Saracho comunica a la CNMV que está investigando una posible financiación irregular de la ampliación.

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