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En colaboración conLa Ley

La abogacía protesta por las aglomeraciones en los juzgados

El ICAM ya ha recibido cinco denuncias de colegiados por la acumulación de personas

La pandemia no da tregua. La tercera ola está dejando tras de sí cifras récord de contagiados y víctimas. Mientras que las autoridades han cerrado bares y comercios para intentar frenarla, la Justicia no para por su carácter de servicio público esencial. Ya hay letrados que dicen tener miedo a contraer el virus en el juzgado. Es precisamente lo que le ocurrió a Raquel, nombre ficticio de una abogada que enfermó cuatro días después de acudir a una gestión donde estuvo al lado de un hombre mayor que no dejaba de toser. “Se mareaba y se quitó la mascarilla, probablemente porque le costaba respirar”, relata. Aunque no puede probarlo, está segura de que cogió el coronavirus en el juzgado, “porque me tocó estar al lado del señor que estaba esperando su turno, como todos, y nadie tomó medidas de ningún tipo al entrar”.

Este episodio, ocurrido a finales de octubre, pone en entredicho las medidas de seguridad existentes en los pasillos de espera de algunos tribunales. Recientemente, algunos abogados manifestaban en Twitter su malestar por esta situación. Sin embargo, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) solo tiene registradas cinco incidencias por la acumulación de personas en estos corredores desde el 1 de diciembre.

Maia Román, presidenta de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ), calificaba en un tuit de “vergonzosa” la imagen de las aglomeraciones en los pasillos por los retrasos en las vistas. “Creo que se han relajado las medidas y se está volviendo a la antigua normalidad”. Según explica, con la desescalada, en el mes de mayo, sí se aumentaron las cautelas, como la de espaciar más las citaciones.

Juicios online

Sin embargo, quizá porque los juzgados se están intentando poner al día, continúa, "ahora hay mayor acumulación”, lo que genera situaciones de riesgo en las salas de espera. Román lamenta que, a pesar de la inversión en tecnología, no se celebren apenas juicios telemáticos “cuando estamos peor que nunca”. Una letrada le contestaba en redes: “En Zaragoza yo he hecho todos presenciales, solo me han suspendido uno por la nieve”. Mientras, otra compañera afirmaba que ella había renunciado a las guardias y que iba a empezar a pedir celebrar las vistas por videoconferencia.

De hecho, el uso de la tecnología fue anunciado como una de las medidas estrella para reactivar la actividad judicial tras el parón del primer estado de alarma. La Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia, aprobada en el pasado mes de septiembre, da preferencia a la celebración telemática de las actuaciones judiciales hasta el 21 de junio.

En cambio, parece que los telejuicios no están despegando o, al menos, no se están celebrando en todas las comunidades por igual. Según el juez de Santander Luis Acayro Sánchez, pionero en esta materia, “en octubre ya estábamos haciendo más del 80 % de los juicios online, y ahora, con la tercera ola, se han incrementado prácticamente hasta el 90 %”. Si las partes están de acuerdo, “evitamos suspensiones, desplazamientos, riesgo de contagio y, además, nos permite seguir el funcionamiento con total normalidad”.

El debate está servido. Muchos letrados se han quejado de que se les ha denegado la comparecencia telemática, pero, institucionalmente, se descarta que sea la panacea. Para Lourdes Carballo, presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía, esta fórmula debe ser utilizada solo cuando “no corra riesgo la calidad del juicio, garantizándose que será absolutamente justo”. Por otro lado, agrega la decana de Vigo, tendría que estar regulado por ley y, además, aún falta que los abogados puedan acceder al expediente judicial de forma electrónica en todos los territorios.

“Esto no es una varita mágica que resuelva un problema existente desde hace mucho tiempo”, coincide Javier Jordán, presidente del Sector Nacional de Justicia de CSIF, quien señala que la pandemia ha sacado a la luz las dificultades tecnológicas. Precisamente, este uno de los motivos que alegan los jueces para rechazar la vía telemática.

Sobre el día a día en las sedes judiciales, Carballo percibe que en el colectivo “hay distintas inquietudes”. Hay profesionales que han protestado porque “algunos juzgados se cerraron a cal y canto”, pero también, porque hay que esperar fuera de los edificios. La decana reconoce que la solución es complicada. Ya que no se puede acceder hasta cinco minutos antes de la vista, “estaría bien disponer de alguna aplicación que pudiera avisarnos de cómo van las agendas de los juzgados”.

Atención a detenidos

La situación es, incluso, más preocupante, relata Román, cuando hay que asistir a clientes en comisaría. En una de estas visitas pueden concentrarse hasta cinco personas en “despachitos sin apenas ventilación”. La cuestión ha empeorado porque “antes nos dejaban comunicarnos telefónicamente con el detenido”. El martes pasado, el ICAM enviaba una petición al Ministerio de Sanidad para solicitar la vacunación preferente de los abogados de turno de oficio, por ser un colectivo que está “en primera línea” desarrollando una labor esencial. Otros colegios de abogados también han pedido esta medida.

Los lugares angostos y con escasa aireación son también habituales en las sedes judiciales. “Añádele corrillos y confidencias, y tienes un buen caldo de cultivo para el coronavirus”, apunta el letrado Álvaro Iraizoz. Los funcionarios están igualmente preocupados. “Ya presentamos observaciones cuando se nos trasladaron los protocolos, y llevamos bastantes semanas solicitando filtros HEPA, mascarillas FFP2 y medidores de CO2”, afirma Jordán.

Mascarillas

En definitiva, los juzgados son recintos cerrados donde se concentra mucha gente trabajando o de paso temporal. Es cierto que, conforme a la guía de buenas prácticas aprobada por el Poder Judicial, es el juez el que decide, en atención a las características de las salas de vistas, cuántas personas entran al juicio, pero los letrados se quejan de los periodos de espera. “Una vez se ha superado el acceso, ya no hay control”, asegura el abogado laboralista Pere Vidal. “Nosotros estamos más expuestos que los trabajadores del juzgado”, añade Román.

Raquel, la letrada que sospecha que se contagió en sede judicial, aboga por que se tome la temperatura y se facilite una mascarilla nueva a todo el que entre en el edificio. “No todo el mundo tiene cuidado y algunos las llevan demasiadas horas”, agrega. Un reciente estudio de la OCU revelaba que el uso de estos elementos protectores se alarga más allá de lo recomendable. “No me había contagiado en ninguna parte hasta entonces, evitaba los sitios con mucha gente, y del juzgado salí con el Covid”, lamenta.

Reivindicaciones

 

Suspensión de juicios. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha reclamado en varias ocasiones que se apruebe una regulación específica que establezca las causas vinculadas al Covid-19 que deban ser motivo suficiente para la suspensión de vistas judiciales. La actual normativa no contempla expresamente algunas situaciones. Por ello, la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, ha instado a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remita a los juzgados y tribunales una instrucción específica en la que se establezca como causa justificada que los abogados se encuentren cuidando a un familiar conviviente enfermo de coronavirus o que estén guardando cuarentena por prescripción médica.

 

 

Sentencia pionera. El abogado Emilio Pérez ha conseguido que la Audiencia Provincial de Valencia admita su recurso contra la decisión de un juzgado de Alzira que rechazó el aplazamiento de una vista por el aislamiento social preventivo ante la sospecha de contagio de su esposa. El letrado cree que el fallo puede ser utilizado por otros compañeros que se encuentren en una situación similar. El tribunal valenciano considera “sobradamente justificada” la imposibilidad del abogado de estar presente en la vista.

 

 

Teletrabajo. Javier Jordán, portavoz de CSIF, señala que están reclamando al Ministerio de Justicia una regulación específica del trabajo a distancia de los funcionarios. “Solo contamos con una orden del mes de mayo, que es insuficiente”. En este sentido, piden que se avance en la negociación de cuestiones básicas, como quién facilita los medios (asegura que el personal está poniendo su propio equipo) o los riesgos laborales, entre otras cuestiones. Las reuniones habían quedado estancadas hasta el jueves pasado. Al cierre de este suplemento, el sindicato ha informado de que se han retomado las negociaciones.

 

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