Jubilación

Así debería ser el superfondo de pensiones

Cinco expertos señalan cómo tendría que ser el diseño del nuevo vehículo que prepara el Gobierno, para que fuera una buena alternativa a los planes de pensiones individuales

Así debería ser el superfondo de pensiones

El Gobierno quiere revolucionar el ahorro complementario para la jubilación tras varias décadas en las que las aportaciones a planes de pensiones individuales y planes de empleo promovidos por empresas y Administraciones públicas no han terminado de arrancar. Por eso, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, quiere poner en marcha un gran plan de empleo, de promoción pública, al que se vayan adhiriendo millones de trabajadores, también autónomos y empleados de pymes.

Este fondo estaría promovido por el Estado, pero las aportaciones estarían a cargo de las empresas y sus plantillas. El Gobierno quiere sacar a concurso público la gestión de este vehículo, que podría llegar a manejar 300.000 millones de euros. Las dudas siguen flotando sobre cómo se articulará el fondo, qué trabajadores acabarán incorporándose, qué papel jugará el sector privado y cómo se diseñará su política de inversiones o su comisión de control. Varios expertos del sector tratan de perfilar cuál debería ser la arquitectura final de esta herramienta de inversión y cómo tendría que gestionarse.

Mariano Jiménez, presidente de Ocopen: Criterios financieros y adscripción automática

La Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen) agrupa a las principales firmas especializadas en asesorar a estos vehículos de inversión (KPMG, Mercer, PwC, EY...). Su presidente, Mariano Jiménez, es uno de los veteranos en el sector de la planificación para la jubilación. Su opinión sobre el nuevo fondo de empleo, de promoción pública, es positiva, pero llama la atención sobre las numerosas incógnitas que sigue habiendo sobre este producto.
Uno de los temas que más le preocupa es la política de inversión. En el proyecto actual se incluye el derecho de veto por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. “Me parece demasiado rígido. Y se corre el riesgo de que el fondo quede sometido a decisiones políticas. Sería un grave error pensar utilizar, ni siquiera coyunturalmente, el patrimonio gestionado para fines distintos a la obtención de una adecuada rentabilidad para los partícipes”, apunta.
Jiménez defiende que para unirse al fondo haya un modelo de adscripción por defecto de los trabajadores.

David Cienfuegos, director de inversiones de Willis Towers Watson: Fondo por defecto con formato de ciclo de vida

Es difícil saber cuántos trabajadores podrían llegar a adscribirse al nuevo fondo de empleo y qué patrimonio va a gestionar. Sin estos datos no es fácil diseñar adecuadamente cómo debería ser la política de inversión. David Cienfuegos, director del área de inversiones de la consultora Willis Towers Watson, cree que la mejor solución, ante la indefinición inicial, sería fijar estrategias en función de diferentes objetivos de inversión: preservación de capital, rentar un 1% más que el IPC, un 2% más... “Dichos objetivos podrán ser revaluados a posteriori tras el establecimiento de una base de partícipes del fondo, y su revisión periódica”, sugiere.
Para evitar la incertidumbre y tensión que genera el tener que elegir un determinado fondo de pensiones, “quizás sería buena idea que hubiese fondos por defecto en formato ciclo de vida por el que un partícipe fuera cambiando de asignación estratégica en función de su edad”, explica. En estos casos, los partícipes más jóvenes tienen más proporción de activos de riesgo que los más veteranos.

Luis Sáez de Jáuregui, vicepresidente de la Fundación Axa: Contra la compra de deuda pública sin control

Luis Sáez de Jáuregui es vicepresidente de la Fundación Axa y fue presidente del Instituto de Actuarios Españoles. Su principal preocupación respecto al nuevo fondo público de pensiones es la inversión indiscriminada en deuda pública. “Es peligroso ayudar con los ahorros de los trabajadores a cubrir la colosal necesidad de financiación que se va a crear con el inmenso déficit público al que nos vemos abocados, entre otras, por la crisis estructural de la Seguridad Social, con un déficit superior a 18.000 millones de euros al año y que este 2020 se elevará a más de 40.000 millones”, advierte.
A su juicio, la propuesta del Gobierno de crear el superfondo de empleo “es una gran cortina de humo” para tratar de desviar la atención respecto a los graves problemas de endeudamiento que tiene el Estado. Este directivo también recuerda que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ya se dotó en su día invirtiendo exclusivamente en deuda pública española, y alerta de las oscilaciones que podría llegar a tener el nuevo vehículo si se volviera a disparar la prima de riesgo española.

José Antonio Herce, socio fundador de LoRIS: Una comisión de control profesional e independiente

La gobernanza del nuevo fondo será crucial. En los planes de empleo convencionales existe una comisión de control en la que están representados al 50% la empresa que promueve el plan y los trabajadores, que son los beneficiarios del mismo. En el caso del fondo público, hay dudas sobre cómo debería definirse esa comisión de control.
“El fondo debería tener personalidades en su comisión de control, con mayoría de profesionales independientes. Podría haber representantes del sector empresarial, algunos de sindicatos con probada experiencia, pero también independientes. En el Reino Unido hay personalidades, expertos, académicos”, explica José Antonio Herce, socio fundador de la consultora LoRIS.
Este especialista en longevidad y pensiones considera que el lanzamiento del superfondo público debería servir como acicate para el sector privado. “Es importante que no excluya la posibilidad de fondos privados. Que el nuevo fondo no vampirice la generación de más fondos privados para acoger a planes de empleo que se van a ir creando si esto funciona bien”.

Diego Valero, presidente de Novaster: Varias gestoras de activos e inversiones sostenibles

El Gobierno va a realizar un concurso público para buscar una gestora privada que se encargue de la gestión de superfondo. Aunque las comisiones van a ser muy bajas (menos del 0,4%), puede ser un suculento negocio, teniendo en cuenta que se espera que pueda llegar a un patrimonio de 300.000 millones de euros. “Lo ideal sería, o que se modifique la legislación para permitir varias gestoras, o que desde el propio Estado se haga un concurso múltiple, buscando al mejor gestor de cada clase de activos, y con una gestora que coordine a las demás, aparte de que pueda tener su propio mandato de gestión de una parte de la cartera”, defiende Diego Valero, presidente de la consultora Novaster.
Otro aspecto importante, en el que inciden varios especialistas, es en la importancia de que el nuevo fondo tenga en cuenta en su política de inversión criterios extrafinancieros. En concreto, el componente de sostenibilidad, impacto social y gobernanza de los activos en los que invierte. “También debería haber una parte en inversiones ilíquidas”, apunta Valero.

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