La UE sortea el veto de Hungría y Polonia y desbloquea el fondo de recuperación

El texto aún tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo

Fin del veto de Hungría y Polonia al Marco Financiero Plurianual para 2021-2027 y al fondo de recuperación para reconstruir la economía europea tras el golpe de la pandemia. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han logrado llegar a un acuerdo este jueves para desbloquear las dos palancas, secuestradas desde hace casi un mes por Budapest y Varsovia por su vinculación directa con los principios del Estado de derecho.

"Acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el paquete de recuperación. Ahora podemos empezar con la implementación y reconstruir nuestras economías", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta de Twitter.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU

Now we can start with the implementation and build back our economies.

Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020

El pacto llega tras intensas semanas de negociación después de que Hungría y Polonia rechazasen el acuerdo por la condicionalidad al Estado de derecho, una palanca que permitía a la UE cortar el grifo del dinero hacia los socios que no respetasen esos principios. También, después de que la UE barajase una solución alternativa, dejando fuera del fondo a los dos socios enrocados.

El texto todavía tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo la próxima semana, y deberá pasar los trámites nacionales de ratificación del nuevo techo de gasto y los recursos propios. A partir de ahí, si se recibe luz verde, la Comisión podrá pasar a emitir deuda para captar los 750.000 millones del fondo de recuperación, por el que España obtendrá 140.000 millones entre transferencias y préstamos.

Con el nuevo documento, Hungría y Polonia obtienen garantías de que el sistema para condicionar el desembolso de ayudas al respeto del Estado de derecho no se utilizará para presionarles en otros campos como la política migratoria. También ganan algo de tiempo, ya que la condicionalidad no se aplicará hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se haya pronunciado sobre la legalidad del mismo si Budapest o Varsovia deciden llevarlo a Luxemburgo.

Por partes, el documento sostiene que "el presupuesto de la Unión debe protegerse contra todo tipo de fraude, corrupción y conflicto de intereses, y que la aplicación del mecanismo de condicionalidad será objetiva, justa, imparcial y basada en hechos, garantizando el debido proceso, la no discriminación y la igualdad de trato de los Estados miembros".

Para que esto sea realmente efectivo, "la Comisión tiene la intención de desarrollar y adoptar directrices sobre la forma en que aplicará el Reglamento, incluida una metodología para llevar a cabo su evaluación. Dichas directrices se elaborarán en estrecha consulta con los Estados miembros. En caso de que se interpusiera un recurso de anulación en relación con el Reglamento, las orientaciones se ultimarán tras la sentencia del Tribunal de Justicia para incorporar los elementos pertinentes derivados de dicha sentencia. La presidenta de la Comisión Europea informará plenamente al Consejo Europeo. Hasta que se finalicen dichas directrices, la Comisión Europea no propondrá medidas con arreglo al Reglamento".

Esto se traduce en que Budapest y Varsovia ganan algo más de un año de tiempo (se baraja el año 2022) si hay que esperar a una resolución del TJUE, ya que el Ejecutivo comunitario no podría actuar hasta que haya una resolución vinculante.

Hungría y Polonia también ganan algunos matices en la resolución final, ya que el texto afirma que "la mera constatación de que se ha producido una infracción del Estado de derecho no basta para activar el mecanismo" de freno. Además, los factores desencadenantes establecidos en el reglamento "deben leerse y aplicarse como una lista cerrada de elementos homogéneos y no estar abiertos a factores de diferente naturaleza". Es decir, el Reglamento "no se refiere a deficiencias generalizadas".

Las dos capitales del este también obtienen un freno de emergencia para poder elevar su caso a una reunión de líderes si no están satisfechas con la gestión por parte de Bruselas. Así, "en caso de que el Estado miembro en cuestión presente una solicitud, el presidente del Consejo Europeo la incluirá el punto en el orden del día del Consejo Europeo. El Consejo Europeo se esforzará por formular una posición común al respecto".