Hungría y Polonia vetan el presupuesto de la UE y amenazan el fondo de recuperación

Budapest y Varsovia rechazan la vinculación del fondo con el respeto al Estado de derecho

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. REUTERS

Hungría ha decidido este lunes dar un paso en firme en el conflicto abierto que tiene con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la mayoría de socios de la UE. Tras varias semanas de amenazas veladas, Budapest ha confirmado su veto al presupuesto plurianual de la UE y, por consiguiente, al fondo de recuperación pactado en el seno de la UE para levantar la economía tras el golpe de la crisis sanitaria. La razón se encuentra en la vinculación entre el desembolso de los fondos y el respeto al Estado de derecho, un punto que acordaron la Eurocámara y la presidencia actual de la UE la pasada semana y que no gusta ni en Hungría ni en Polonia, que también se ha sumado al veto.

Durante una reunión de embajadores de los Veintisiete en Bruselas, Budapest y Varsovia han cumplido su amenaza y no han avalado el acuerdo cerrado la semana pasada entre el Consejo y el Parlamento Europeo, que requería unanimidad para salir adelante. Ante la imposibilidad de bloquear el nexo con el Estado de derecho, lo han hecho rechazando la decisión sobre los recursos propios pensados para financiar el próximo marco financiero plurianual (MFP).

Ahora toca esperar para ver si el movimiento no es más que un aviso inicial a fin de lograr una pequeña rebaja en la condicionalidad o, por el contrario, el inicio de un grave problema. En el caso de que los dos países sigan adelante con el veto, reconocen fuentes comunitarias, el tema puede desembocar "en una gran crisis". De momento, los ojos están puestos en el Consejo telemático que los líderes europeos mantendrán este jueves.

España, en palabras de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, espera "que esta situación se resuelva en los próximos días, en las próximas semanas, porque es urgente e importante que se apruebe el marco financiero plurianual y los distintos textos normativos que se están negociando para poner en marcha el plan de recuperación a nivel europeo". España, "por supuesto", apoya un acuerdo y un marco que garantice la protección del Estado de derecho en toda la UE. En paralelo, reconoce Calviño, hay negociaciones sobre los asuntos más espinosos para intentar cerrar el acuerdo.

"Hungría ha vetado el presupuesto, como había advertido el primer ministro Orbán, porque no podemos apoyar el plan en su forma actual para vincular los criterios de Estado de derecho a las decisiones presupuestarias. Va en contra de las decisiones del Consejo de julio", dijo en Twitter el portavoz del primer ministro magiar.

Hungría y Polonia rechazan el mecanismo que permitirá suspender el desembolso del dinero a los países que no respeten los principios del Estado de Derecho, pero al no poder vetar este acuerdo, que se aprueba por mayoría cualificada, han decidido bloquear el resto del paquete de recuperación, que necesita el consenso y la validación de todos los Estados miembros. Dicho de otra forma: las capitales tienen capacidad final de veto, y Budapest y Varsovia la han aprovechado.

Los dos países tienen abiertos sendos expedientes de Bruselas por sus problemas con el respeto a los principios del Estado de derecho y han venido rechazando sistemáticamente que se vinculen al mismo los fondos comunitarios, de los que son receptores netos. Se llevaba especulando varias semanas con la posibilidad de que las dos capitales secuestrasen el fondo al no tramitar en sus parlamentos nacionales el presupuesto, pero finalmente la negativa ha llegado con otra fórmula.

La vinculación con el Estado de derecho "es un intento por crear un mecanismo político a través del cual algunos países de la UE podrían intentar presionarnos, algo que no aceptaremos", dijo Michal Dworczysk, jefe de gabinete del presidente polaco Mateusz Moraviecki, cuyo Gobierno ha enviado una carta a las instituciones comunitarias advirtiendo de su postura. El Gobierno de Orbán, por su parte, también considera el acuerdo "un chantaje político".

El bloqueo podría retrasar más aún la entrada en vigor del presupuesto para los próximos siete años, que debería echar a rodar el 1 de enero de 2021. Pero además del presupuesto plurianual (dotado con 1,074 billones de euros), el veto también repercutiría en el fondo de recuperación (de 750.000 millones de euros), ya que la Comisión Europea no podría pasar a emitir deuda de forma conjunta para financiar la palanca.

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