Qué debo hacer para conseguir ayudas del Fondo Europeo de Recuperación

El protocolo de gestión de los proyectos sufragados con fondos comunitarios exige al perceptor de subvenciones estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social

España se prepara para recibir un aluvión ayudas europeas que el Gobierno prevé comenzar a canalizar a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 impulsando una serie de proyectos que ayuden al país a dejar atrás la crisis del Covid-19 y a modernizar su economía.

El plan diseñado por la Unión Europea incluye la movilización de 750.000 millones de euros de los que España podría recibir unos 140.000 millones, aproximadamente la mitad en forma de subvenciones directas, entre 2021 y 2023, y el resto en créditos, bajo condiciones favorables, en los próximos seis años.

Está previsto que la primera inyección llegue al país el próximo año, cuando España recibirá unos 34.000 millones de euros de varios programas, de los que 27.000 millones se canalizarán a través del Presupuesto, y el resto será dirigido directamente a las arcas de las comunidades autónomas.

Aunque es previsible que el desembolso se demore hasta mediados de 2021, el Gobierno ha decidido anticipar los fondos, vía deuda, a partir de la entrada en vigor de las nuevas cuentas públicas, previsiblemente en los primeros días de enero.

A fin de facilitar el acceso a estos recursos, potenciar su aprovechamiento y garantizar la máxima ejecución posible, La Moncloa viene diseñando en las últimas semanas un protocolo de gestión que busca multiplicar por cuatro el impacto de los fondos en la economía potenciando los modelos de colaboración público-privada.

El plan ha sido ya recogido en el borrador del llamado “Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, cuya versión definitiva está previsto que sea aprobada por el Consejo de Ministros en las próximas semanas. Estas son algunas de las principales claves que contiene y que comienzan a aclarar proceder para sacar partido a los recursos comunitarios:

¿Dónde se podrá solicitar el acceso a las ayudas europeas?

El Gobierno tiene previsto lanzar “una ventanilla única”, en forma de portal web, a la que podrán dirigirse empresas y administraciones públicas para tramitar las solicitudes de participación en las convocatorias derivadas la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

¿Cómo podrá obtenerse información sobre los proyectos en marcha?

En el mismo canal. El Ejecutivo tiene previsto que dicha ventanilla única sirva “como instrumento capaz de centralizar y canalizar la distribución de toda la información sobre el mismo destinada a los distintos interesados y agentes relacionados con el mismo”. El portal servirá de “help-desk”, o mostrador de atención en el que resolver dudas y analizar las propuestas.

¿Qué proyectos podrán optar a los fondos?

Los proyectos que se presenten, y que el Gobierno ya ha identificado en torno a varios pilares maestros en el Plan de Recuperación, deberán ir destinados a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo; recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19; promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo; promover la aceleración de la doble transición ecológica y digital; aumentar la resiliencia y la cohesión económica, social y territorial del país en el marco del mercado único europeo.

¿Qué requisitos serán exigibles para acceder a los fondos?

Las autoridades requerirán una serie de memorias económicas y detalles de la ejecución de los proyectos, en función de cada caso. Más allá, el protocolo exigirá a los beneficiarios de subvenciones acreditar que se encuentran al corriente de pagos en ss obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

¿Quién dirigirá la gestión de las ayudas?

El Plan de Recuperación y la utilización de las ayudas estarán gestionadas directamente por Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos, si bien su departamento informará directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y este ha prometido implicar a todo el Consejo de Ministros en la gestión.

¿Cuánto tiempo se tardará en valorar los proyectos?

El borrador del real decreto ley establece que “el despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, debiendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles”.

¿Las decisiones no podrán retrasarse más allá de esos cinco días?

El Gobierno tiene el compromiso de que no ocurra. El borrador de la norma contempla que “cuando debido a circunstancias excepcionales se produzca una acumulación de expedientes que impidiera el cumplimiento del plazo de cinco días hábiles, la Intervención General de la Administración del Estado adoptará las medidas precisas para garantizar el cumplimiento efectivo de este plazo”

¿Qué medidas podrían tomarse para agilizar los trámites?

Entre otras opciones, el Ejecutivo prevé que la Intervención General de la Administración del Estado aborde “la posibilidad de aplicar técnicas de muestreo para la fiscalización e intervención previa de estos expedientes”.

¿Quién podrá optar a las ayudas?

Los recursos comunitarios estarán dirigidos a administraciones públicas y empresas, por lo que el Gobierno trabaja para potenciar la creación de agrupaciones y consorcios público-privados que saquen el máximo partido a los recursos de forma conjunta y solidaria.

¿Será necesario constituir empresas público-privadas?

No como tal. El Gobierno ha descartado la opción que manejó de obligar a constituir nuevas figuras jurídicas específicas para el aprovechamiento de las ayudas, en forma de nuevas empresas con capital público y privado. Sin embargo, sí que potenciará una nueva figura de colaboración público privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, los “PERTE”.

Una vez se asigne un proyecto, ¿cuánto se tardará en acceder a los fondos?

Una vez que la dirección del Plan de Recuperación apruebe el impulso de un determinado proyecto, sus promotores tendrán acceso anticipado al 50% de los fondos asociados al mismo sin necesidad de esperar al comienzo de la ejecución.

¿Cuánto tiempo habrá para consumir las ayudas recibidas?

El Ejecutivo tiene previsto impulsar, excepcionalmente, convenios de colaboración a cargo de estas ayudas con una duración de hasta 10 años.

¿Cómo se licitarán esos contratos?

El Consejo de Ministros ultima la aprobación de una serie de cambios en la regulación de la contratación pública para que los proyectos asociados a estas ayudas puedan licitarse con especial celeridad a través de dos modelos de procedimientos abreviados.

¿De qué dependerá el modelo de licitación ágil al que acogerse?

De la cuantía de las ayudas asociadas. De momento, el Ejecutivo prevé aplicar un procedimiento abierto simplificado abreviado a los contratos de obras de menos de 200.000 euros y a los de suministros y servicios de menos de 100.000 euros. Más allá, aplicará un procedimiento abierto simplificado ordinario para los contratos de obras cuyo valor sea inferior a 5,349 millones y a los de servicios y suministros por menos de 138.999 euros, cuando los adjudique la Administración General del Estado, o sus organismos y entidades. El límite si se trata de otra entidad pública será de 213.999 euros. En el caso de fondos dirigidos a proyectos sociales, la cota será de 749.999 euros.

¿Siempre se usarán estos procedimientos abreviados?

Para aplicarlos será necesario que los criterios de adjudicación evaluables por juicios de valor no excedan la parte proporcional al uso del 35% de los fondos.

¿Qué personal aportará la administración pública?

A priori, el Ejecutivo considera que la plantilla actual es suficiente para ejecutar los proyectos que se pongan en marcha, si bien impulsará un plan de incentivos, con complementos salariales variables por cumplimiento de objetivos para los funcionarios responsables, y contempla la contratación de personal laboral específico en los casos en que resulte necesario.