Aena, pendiente de cinco grandes clientes para encarar la salida de la crisis

El 35% del tráfico depende de IAG y Easyjet, bajo amenaza del Bréxit, y el 50% del negocio comercial, en jaque por el virus, llega de Dufry, Áreas y SSP

Un pasajero camina por el aeropuerto de Barajas entre tiendas y bares cerrados.Efe

Al esfuerzo de Aena para minimizar el daño de la pandemia en su balance, le va a suceder un final de año decisivo tanto por el Bréxit, que amenaza a IAG y Easyjet, como por las negociaciones para mantener en pie las concesiones comerciales en las terminales, donde dominan Dufry, Áreas y SSP.

El mayor gestor aeroportuario del mundo ha abordado la peor crisis de la aviación con alta dependencia de ese ramillete de empresas, tal y como expresa en el folleto de la emisión de pagarés por 900 millones remitido ayer a la CNMV.

Las aerolíneas de IAG han alcanzado una cuota del 28,7% sobre el tráfico, y su peso es del 37,7% en Barajas y del 44,2% en El Prat. Iberia, Vueling, Level o British Airways figuran entre las que deben asegurar el 1 de enero de 2021, según la normativa de propiedad y control para volar en la UE, que más del 50% de su capital está en manos de inversores comunitarios.

Las aerolíneas de IAG tienen una cuota del 37,7% en Narajas y del 44,2% en El Prat

A ellas se suma la británica Easyjet, con un 6,5% de los viajeros en los aeropuertos españoles. Con el Bréxit como fuente aún de incertidumbre, Aena sigue al minuto los movimientos de ambos grupos.

IAG llegó a limitar el capital en manos extracomunitarias cuando estas contaban con el 47,5% del capital, y levantó esa medida en enero de este año cuando el ratio había caído al 39,5% (excluidos los inversores de Reino Unido). El consejo del holding podría poner de nuevo un techo al capital no comunitario si ello fuera necesario. En todo caso, IAG cree cumplir ya con la normativa de la UE sobre propiedad y control a la vista de que los derechos políticos de sus aerolíneas están en manos de empresas de la UE.

Easyjet, por su parte, creó el año pasado una estructura basada en distintos certificados europeos de vuelo. Atesora permisos de Reino Unido, Austria y Suiza, lo que garantiza que podrá seguir operando dentro de la UE siempre que cumpla con el requisito del capital. A 30 de septiembre el 45% de las acciones están en manos de inversores comunitarios. Y sus estatutos prevén la posible suspensión de derechos políticos (de los accionistas británicos), situación a la que espera no tener que llegar.

La pública podría tener en diciembre los primeros acuerdos con sus concesionarias

Aena subraya en el documento la fuerte presencia de las compañías de bajo coste en la red (57,6% del tráfico de pasajeros). Y añade que algunas tienen modelos de negocio poco consolidados, siendo muy sensibles a los costes o situaciones de exceso de oferta. La mayor del sector, Ryanair, opera el 18% del tráfico en España.

Nula actividad comercial

Aena está expuesta a una notable concentración de sus contratos comerciales, que aportaron un 27,8% de los ingresos en 2019 y suponen a 30 de septiembre de este año el 44,5% gracias a las rentas mínimas garantizadas (RMGA).

Tres grupos, los citados Dufry, Áreas y SSP, aportan un 50% en la facturación no regulada (42,4% en 2019). El primero es proveedor único en tiendas libres de impuestos (27,8% y el 37,6%, respectivamente, de los ingresos de las actividades comerciales de Aena en 2019 y a septiembre de 2020), mientras que Áreas y SSP son líderes en los servicios de restauración (18,1% y el 22,5%, respectivamente, de los ingresos comerciales en 2019).

El hundimiento del transporte aéreo ha motivado cierres y la negociación de reequilibrios que, según fuentes cercanas a los contactos, podrían comenzar a dar frutos en diciembre.

Aena contabiliza a septiembre 456 millones en ventas por RMGA, en virtud de la norma contable NIIF 16 (arrendamientos). En 2019 las rentas garantizadas tuvieron un peso del 17,8% sobre los ingresos comerciales de los establecimientos con esa cláusula; en plena pandemia, ese porcentaje sube al 74,1%. La empresa pública reconoce que si estas concesionarias no facturan lo suficiente para cubrir gastos, incluida la renta mínima garantizada, pueden pedir la revisión de sus acuerdos o incluso romperlos. Una circunstancia que se busca evitar en las negociaciones contractuales en curso.