Supervisión

La CNMV avisa a 3.500 brókeres extranjeros de que prohibirá su operativa si incumplen las normas

El supervisor detecta prácticas inadecuadas de firmas de otros países de la UE que operan en España con pasaporte

Sebastián Albella, presidente de la CNMV.
Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

La CNMV, en pleno proceso de cambio de cúpula, con la marcha de Sebastián Albella, todavía su presidente, y la futura presidencia de Rodrigo Buenaventura, actual director de Mercados del supervisor, y de Montserrat Martínez Parera como futura vicepresidenta, lanza un aviso a navegantes. En concreto a los alrededor de 3.500 intermediarios de otros países de la UE que suelen operar en régimen de libre prestación de servicios (sin sucursal) y que en ocasiones  realizan prácticas inadecuadas. En un comunicado, avisa de que acudirá a los supervisores de esos países para que los controlen y e incluso abre la puerta a la posibilidad de prohibir su operativa.

La CNMV lleva trabajando sobre las firmas extranjeras que operan en España desde hace tiempo. CincoDías publicó el pasado 24 de agosto que la CNMV amenaza con prohibir la operativa de 3.500 brókeres extranjeros. "La CNMV tiene previsto dirigirse a los supervisores de valores de otros países de la Unión Europea competentes para supervisar la actividad de entidades que actúan en libre prestación de servicios para que trasladen el contenido de este comunicado a los intermediarios registrados en su territorio que cuentan con pasaporte para operar en España sin sucursal, y no descarta la adopción de medidas adicionales en caso de situaciones perjudiciales para los intereses de los inversores en España o para el correcto funcionamiento de los mercados", señala en un comunicado.

Las entidades sin sucursal no responden, en principio, ante la CNMV. Pero el supervisor español destaca en otro documento que si persiste la actuación perjudicial, la CNMV podría impedir que las entidades infractoras efectúen nuevas operaciones. Ya se han sentado precedentes sobre el poder de los supervisores “de acogida”. “Hasta la fecha, dos autoridades supervisoras europeas han publicado medidas adoptadas contra entidades en régimen de libre prestación, consistentes en la prohibición de realización de operaciones”, revela la CNMV.

Las prácticas inadecuadas que ha detectado la CNMV son fundamentalmente dos. Primera, actividades de comercialización de servicios de inversión y captación de clientes por medio de terceros no autorizados. Y, segunda, de promoción de la operativa en contratos por diferencias (CFD) a través de entidades del grupo situadas en terceros países y no autorizadas a operar en la UE.

Las empresas de servicios de inversión extranjeras que operan en España son un coladero de comportamientos cuestionables en cuanto a la regulación española y europea. Así se deduce de un documento publicado esste martes por la CNMV, que abre la puerta a vetarlas por completo si no corrigen sus prácticas. El pasaporte europeo permite que cualquier bróker (sociedad o agencia de valores) autorizado en un país del club –también los que tienen sede en Reino Unido, de momento–, opere en cualquier otro país de la Unión. Su control depende del supervisor de origen, pero se ha demostrado que esa vigilancia es ineficaz.

El organismo que todavía preside Sebastián Albella tomó conciencia de la situación con la venta a granel de los CFD, cuya operativa se restringió en el verano de 2018 debido a que una gran mayoría de los inversores –en torno al 80%– sufría pérdidas con este producto. Firmas con el visto bueno del equivalente chipriota a la CNMV lanzaban agresivas campañas de publicidad en España que incitaban a la compra de estos artículos financieros, en la práctica muy similares a los servicios de apuestas online, ya sean casinos, bingos o deportes.

Las firmas registradas en España – 234 a cierre de agosto, entre sociedades y agencias de valores, gestoras de cartera y empresas de asesoramiento financiero– están bajo la lupa directa de la CNMV y suelen cumplir a pies juntillas con la normativa sobre estos derivados. Pero no ocurre lo mismo con las entidades que ni siquiera tienen oficina en el país.

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