Economía estudia restar prevalencia al acreedor público en la reforma concursal

El Gobierno alarga hasta marzo la moratoria vigente hasta contar con el diseño del nuevo esquema. Calviño descarta que la medida de aire a firmas inviables

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Digitalización, Nadia Calviño.
La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Digitalización, Nadia Calviño.

El paquete de medidas de respaldo a las empresas en dificultades por la pandemia aprobado ayer por el Consejo de Ministros supone también una ampliación de la moratoria concursal ya vigente, que se alargará durante todo el primer trimestre de 2021, a la espera de que el Ejecutivo termine de diseñar una reforma integral del modelo para tratar de suavizar la situación y lidiar con una posible oleada de liquidaciones.

En concreto, el real decreto ley aprobado busca “apoyar la solvencia, recuperación y mantenimiento de las empresas viables, evitando así el posible impacto sobre la continuidad de la actividad económica y la estabilidad financiera generado por el desencadenamiento automático de procesos de liquidación derivados de la caída transitoria de los ingresos por la situación excepcional generada por la pandemia sanitaria”. En concreto, extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores voluntario por parte de los deudores que cumplan los requisitos, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores.

En paralelo, la norma también se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación. “Estas medidas permitirán evitar el concurso de empresas que, en condiciones de normalidad, serían viables, proporcionándoles un tiempo adicional para su recuperación o para la negociación con sus acreedores”, defienden desde el ministerio de Asuntos Económicos.

Cuestionada sobre la posibilidad de que esta extensión de la moratoria concursal mantenga artificialmente vivas a empresas zombis, ya inviables por el impacto causado por la pandemia, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, aseveró que lo que se hace es dotar de una protección temporal a empresas que pueden sortear el concurso, no evitar que los que tengan que acontecer terminen sucediendo.

En paralelo, en todo caso, el Ejecutivo reconoce que está estudiando una reforma integral de los procesos concursales para tratar de mejorarlos. Aunque su diseño está inacabado, el Gobierno reconoce que está valorando la posibilidad de restar prevalencia a los acreedores públicos, como ha recomendado el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que Hacienda o la Seguridad Social no opten a recobrar impuestos y cuotas mientras el hundimiento de una empresa amenaza con arrastrar a otras con las que mantiene deudas.

De otra parte, la norma impulsada este martes también supone alargar a todo el ejercicio 2021 la posibilidad que tienen las empreas de celebrar Juntas telemáticas.

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