CEOE y Mesa del Turismo exigen test en origen y destino para relanzar los viajes a España
Calculan que costaría 1.000 millones de euros al año frente a los 23.000 millones gastados hasta hora en ERTE
Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, reclamó al Ejecutivo que el Ejecutivo salga al rescate del turismo. "Es el sector más castigado por la pandemia, venía de un momento de gestión excelente y ahora hay que volver a reactivarlo con seguridad", aseguró durante la clausura del pleno de la Mesa del Turismo, organización que reune a 60 socios de la industria turística, como Alsa, Confebus, Iberia, Globalia, Deloitte, SGS, Hotusa, Movelia, Amadeus o Balearia. Y en esa reactivación son claves los test en origen y destino para los turistas extranjeros que vengan a España. "Hay que empezar a hablar de corredores seguros. No puede ser que se perdiera el verano en Baleares, que todavía no se hagan pruebas de antígenos en los aeropuertos, que esté en riesgo el invierno en Canarias ni que haya rastreo efectivo de los turistas. Necesitamos que nuestros aviones empiecen a volar, que los aeropuertos esten llenos y que podamos hacerlo incluso con una pandemia y aunque no sea al 100%", recalcó Garamendi.
Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, puso cifras a esa petición de reactivar con urgencia los corredores turísticos. "Si queremos, por ejemplo, que el turismo se active a partir del 1 de abril de 2021 y que vengan 50 de los 83 millones de viajeros extranjeros que vinieron en 2019, el coste de hacer un test en origen y destino por turista sería de 20 euros y de 1.000 millones al año frente a los 23.000 millones que ha gastado hasta ahora el Estado en ERTE. No solo se ahorraría dinero, sino que recuperaríamos a mucho personal en ERTE y generaríamos ocho o nueve meses de actividad en destinos turísticos", recalcó durante su intervención. Ambos dirigentes exigieron normas claras y homogéneas en todas las comunidades autónomas. "Estamos trasladando una imagen penosa de descoordinación", recalcó Molas. El presidente de la CEOE reclamó que el dinero que se recauda por la tasa turística, de competencia municipal, se destine al pago de test. "Hay que bajarse el radar covid y rastrear los contagios para tener un turismo seguro".
Las reivindicaciones a corto plazo de Garamendi se centraron en la prolongación de los ERTE por fuerza mayor más allá del 31 de enero de 2021, la última fecha pactada con el Ejecutivo. "Se ha equivocado al alargar el estado de alarma hasta el 9 de mayo. Habríamos preferido plazos más cortos y buscar consensos políticos", aseguró el presidente de la patronal, que también exigió que las exenciones por cotizaciones a la Seguridad Social se mantengan en el 100%. "Es una orden administrativa la que ordena el cierre y la tesorería de las empresas no puede más".
Una asfixia financiera que llevó a Garamendi a reclamar que también se prolonguen los avales del ICO para dar préstamos, en especial para las pymes, y que los remanentes de 15.000 millones de euros en manos de los ayuntamientos se destinen a proyectos que reactiven el tejido productivo ligado al turismo, como la hotelería, el comercio, las agencias de viajes, restaurantes, bares u ocio nocturno.
