El turno de oficio exige un protocolo que garantice su seguridad sanitaria

Los abogados denuncian estar expuestos a un alto riesgo de contagio durante las guardias

Una abogada con toga entra en un juzgado de Madrid.
Una abogada con toga entra en un juzgado de Madrid.

Siete meses después de la irrupción de la pandemia, los abogados del turno de oficio se sienten inseguros cada vez que asisten a un detenido. A pesar de que ya no faltan mascarillas ni geles hidroalcohólicos, denuncian que siguen estando expuestos a situaciones de riesgo, fundamentalmente, porque no existe un protocolo anti-covid que abarque sus intervenciones, desde el momento del arresto hasta la puesta a disposición judicial.

“Las guardias se han convertido en una lotería en la que te juegas la salud”, afirma Juan Manuel Mayllo, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), quien revela que, desde marzo, varios abogados adscritos al servicio de justicia gratuita se han contagiado mientras realizaban su labor en dependencias policiales y judiciales. “Necesitamos que se apruebe una normativa que obligue a estos centros a respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que defina las actuaciones que pueden hacerse por teléfono o internet”, asegura.

Asistencias en calabozo

Como apuntan desde Altodo, hay comisarías que rechazan realizar diligencias por videoconferencia, bien porque no disponen de los medios informáticos necesarios o porque los agentes no tienen instrucciones al respecto. “En ocasiones, nos vemos obligados a reu­nirnos con personas que llevan dos días sin cambiarse la mascarilla en cuartos sin ventilación”, relata Javier Ruiz, quien no ha parado de realizar asistencias desde el inicio de la crisis sanitaria.

Las escenas de tensión se repiten cuando llega el momento de la toma de declaración ante el juez. La también letrada María Taboada se queja de que algunos magistrados permanecen en sus despachos mientras que los abogados son enviados a los calabozos para acompañar al detenido durante la comparecencia telemática. Estos comportamientos, dice, “no solo suponen una falta de consideración profesional, sino que además representan un riesgo para la salud”.

Aglomeraciones

Según señalan desde el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la mayoría de quejas tienen que ver con las aglomeraciones. Fernando Bejerano, director del área de defensa al colegiado, explica que desde la reactivación de los plazos procesales se vienen produciendo constantes retrasos que provocan concentraciones de personas a las puertas de los juzgados. Un problema que, en su opinión, “podría solucionarse si los operadores jurídicos mantuvieran una comunicación más fluida” .

Apoyo masivo de los colegios de abogados al decano de Málaga

El turno de oficio exige un protocolo que garantice su seguridad sanitaria

Un total de 36 colegios de abogados de toda España han expresado su apoyo al decano en funciones de Málaga, Francisco Javier Lara, ante su citación como investigado por un delito de desobediencia a la autoridad judicial debido a la suspensión de servicios de guardia que decretó en el mes de marzo por el incumplimiento de medidas de seguridad. Lara ha anunciado que su defensa será codirigida por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, y el letrado Antonio Caba.

María Jesús del Barco, juez decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aclara que si se han instalado salas de videoconferencia en los calabozos ha sido “para evitar traslados innecesarios por todo el edificio”, y recuerda que los detenidos tienen derecho a una asistencia letrada presencial. Eso sí, reconoce que se podrían hacer mayores esfuerzos a la hora de garantizar la distancia interpersonal. “Hemos espaciado los señalamientos y restringido los aforos, pero a veces comlicado controlar lo que pasa en los pasillos”.

Buenas prácticas

Ni la guía de buenas prácticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la del Ministerio de Justicia dejan claro qué pueden hacer los letrados si ven comprometida su salud. Antonio García Morán, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Abogacía Española (CGAE), recomienda dar parte a los respectivos colegios y negarse a intervenir “mientras no se den unas mínimas garantías”.

Siguiendo esta lógica, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara, decidió suspender en marzo el servicio de guardia durante varios días “porque no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad”. Ahora está siendo investigado por un presunto delito de deso­bediencia a la autoridad judicial. “Estoy tranquilo porque lo único que hice fue proteger a mis compañeros ante la inacción de las Administraciones”, subraya.

Hace dos semanas, la Comisión de Justicia del Senado instó al Gobierno para que apruebe un nuevo protocolo de salud específico para el turno de oficio. La moción, que salió adelante por unanimidad, debe ser ratificada ahora por el Congreso. Juan Manuel Mayllo advierte que si la iniciativa no es atendida, el colectivo podría emprender acciones legales contra el Ejecutivo.

Normas
Entra en El País para participar