Atasco en los juzgados de familia: hasta dos años de espera para divorciarse

El retraso en las citaciones deja en el limbo legal a miles de litigantes

Lo venían advirtiendo desde hace meses y ahora sus peores presagios se han hecho realidad. Abogados y jueces confirman que los juzgados de familia (que ya sufrían un retraso endémico antes de la pandemia) soportan estos días tal nivel de saturación que apenas son capaces de tramitar los miles de expedientes presentados desde el inicio de la crisis sanitaria. La peor parte, como siempre, se la llevan los ciudadanos que se ven atrapados en interminables procesos judiciales para poner fin a su matrimonio o solicitar una pensión de alimentos.

“La situación es caótica incluso en aquellos partidos judiciales que funcionaban como un reloj hace tan solo unos meses”, asegura María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). “Las demandas tardan meses en contestarse y estamos viendo cómo se señalan actuaciones para dentro de dos años”, revela.

Justicia a dos velocidades

La referencia temporal no es exagerada. En un juzgado de Toledo se están dando citas para realizar evaluaciones del equipo psicosocial (una prueba fundamental cuando se discute la custodia de menores) para septiembre de 2023. La abogada Ana Rodríguez, que ejerce en la capital castellanomanchega, intenta acelerar los plazos solicitando informes privados que cuestan entre 600 y 1.300 euros. “En el fondo es una injusticia: si tienes dinero para pagar a un perito, tu caso avanza y si no, te toca esperar”, denuncia.

Sin embargo, todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que las dilaciones más alarmantes se producen en los procedimientos de medidas provisionales. Es decir, en aquellos en los que se establece el régimen de visitas o la atribución de la vivienda, desde que se plantea el pleito hasta que se dicta sentencia.

Como explica el letrado Álvaro Iráizoz, a pesar de que la Ley fija un plazo de 10 días para resolver estas cuestiones urgentes, los autos tardan en dictarse hasta cuatro y cinco meses. “Tratamos de evitar este limbo legal con un acuerdo entre las partes, pero no siempre lo conseguimos”.

Más divorcios

Según un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el primer semestre del año, las demandas de divorcio cayeron un 42% respecto a 2019. Pero esa cifra no es representativa dado que los tribunales permanecieron cerrados durante la cuarentena. “En realidad, en los últimos meses, se han incrementado las rupturas matrimoniales como consecuencia de la pandemia y la crisis económica”, afirma Iráizoz.

También se han multiplicado las peticiones para rebajar las pensiones alimenticias y compensatorias por parte de progenitores que se han visto afectados por un despido o un ERTE. Algunos ya no pueden aportar la misma cantidad de dinero para la manutención de los hijos y otros necesitan justo lo contrario: que se incrementen los importes para llegar a final de mes. “Hay clientes que están muy angustiados porque ven que se les acumulan las deudas y no obtienen respuesta”, cuenta Óscar Martínez, abogado de familia con despacho en Valencia.

Medidas insuficientes

A finales de abril, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley para la agilización de la Justicia que, precisamente, pretendía solucionar este tipo de problemas. La norma habilitó de manera extraordinaria el mes de agosto y dio prioridad a los casos de familia derivados de la Covid-19 hasta finales de septiembre. Sin embargo, para la portavoz del Foro Judicial independiente, Margarita Pérez-Salazar, estas medidas han sido “claramente insuficientes”.

La magistrada recuerda que los juzgados de familia arrastran “un déficit histórico” de medios humanos y materiales que, en su opinión, debe abordarse de manera prioritaria. En ese sentido, propone que la Administración externalice parte de sus servicios para hacer frente al actual pico de trabajo y que se fomente la mediación entre las partes.

María Dolores Lozano coincide en que hace falta más inversión en personal, pero a la vez pide que se acometa una reforma estructural: “Necesitamos que se cree una nueva jurisdicción y que haya juzgados especializados en todos los territorios. Solo así conseguiremos acortar los tiempos de espera”.

La mitad de la población, sin acceso a juzgados especializados

 

Agravio territorial. España dispone actualmente de 124 juzgados de familia de primera instancia, repartidos entre 56 partidos judiciales. Esto quiere decir, según un informe de la AEAFA, que “el 53% de la población de todo el país no tiene posibilidad de acceder a este servicio público destinado a resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, las herencias o la tutela y protección de personas discapacitadas”. Además, solo existen 16 audiencias provinciales con secciones específicas. Por lo tanto, “los ciudadanos de 32 provincias (más de 18,5 millones de personas) no tienen derecho que sus recursos de apelación sobre crisis familiares sean revisadas por un tribunal especializado”.

Seguridad jurídica. La falta de una jurisdicción propia conlleva que, en muchas poblaciones, los asuntos de familia sean tramitados por juzgados civiles y mixtos (con competencias penales) que no siempre siguen la jurisprudencia del Supremo. De hecho, con frecuencia dictan sentencias contrarias a la doctrina del Alto Tribunal en materia de custodia compartida o atribución de la vivienda del matrimonio. Los abogados de familia denuncian que, aparte de crear una gran inseguridad jurídica, estas resoluciones lastran al sistema judicial, ya que obligan a muchos ciudadanos a recurrir a instancias superiores.