El Ejecutivo congela el salario mínimo tras subirlo un 29% en los dos últimos años
El Presupuesto no modifica, "de momento", las bases mínimas y máximas de cotización mientras que revaloriza un 1,8% el ingreso mínimo vital
El plan presupuestario aprobado por el Consejo de Ministros del martes y presentado ayer ante el Congreso de los Diputados es el más expansivo de la historia y goza de un marcado carácter social. Sin embargo, las cuentas contemplan la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI), después de que este haya experimentado un alza del 29% en solo dos años a cuenta de los actuales dirigentes del Gobierno.
En concreto, el Ejecutivo monocolor de Pedro Sánchez lo incrementó un 22%, de los 733 a los 900 euros mensuales, en 2019, mientras que el Gobierno de coalición formado ya por PSOE y Unidas Podemos arrancó su mandato incrementando la cuantía este año de los 900 a los 950 euros en 14 pagas.
El proyecto presupuestario, sin embargo, no recoge ninguna modificación de las bases mínimas de cotización, cuya oscilación marca el umbral del salario legal más bajo a pagar en España. Las cuentas tampoco incorporan modificación alguna de las bases máximas, fiando la mejora de ingresos en este campo a la mejora del empleo. En concreto, el plan contempla que los ingresos por cotizaciones sociales crezcan el próximo año un 3,8%, hasta alcanzar los 125.144 millones de euros, lo que permitirá financiar el 72,6% del presupuesto de la Seguridad Social.
A partir de ahí, fuentes del Gobierno confirman a este diario que “de momento” el salario mínimo interprofesional queda congelado de cara al ejercicio 2021. Con todo, la medida podría formar parte del paquetes de modificaciones que el Ejecutivo, en minoría parlamentaria, está dispuesto a negociar con el resto de grupos políticos a fin de lograr los apoyos que necesita para sacar adelante los Presupuestos.
Después de todo, la congelación del salario mínimo contrasta con otras medidas de actualización de rentas que el Ejecutivo contempla de cara al ejercicio 2021. Así, de una parte, el proyecto de ley entregado ayer al Parlamento recoge un alza del 0,9% sobre los salarios públicos, en línea con la subida del índice de precios al consumo (IPC).
La misma subida que el Gobierno ha decidido aplicar a los 9,7 millones de personas que cobran pensiones contributivas. Es más, las prestaciones no contributivas que reciben otras 450.000 personas serán mejoradas el doble de esa cuantía, un 1,8% en el próximo año.
A su vez, el plan presupuestario recoge el mayor alza de la historia del indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el Iprem, que es una variable clave para la concesión de becas, ayudas, subvenciones y subsidios. De hecho, el coste estimado de esta medida oscila entre los 410 y los 430 millones de euros, según detalló ayer Hacienda.
Finalmente, el Presupuesto planteado por el Ministerio de Hacienda incluye una revalorización del 1,8% en el ingreso mínimo vital (IMV), que contará con una dotación de 3.000 millones de euros. Impulsada durante la pandemia pero con aspiración indefinida, esta renta supone una de las medidas estrella del Gobierno de coalición, y gozó del respaldo unánime del Parlamento.
Está por ver si la negociación parlamentaria que se abre ahora acabará fijando una suerte parecida al salario mínimo interprofesional, si bien el Ejecutivo se ha comprometido a llevar cualquier modificación en esta materia ante el diálogo social a fin de tomar decisiones tras escuchar a sindicatos y patronal. La crisis del Covid-19, no obstante, complicaría en esta ocasión volver a obtener el respaldo empresarial.
En todo caso, fuentes del Ministerio de Trabajo se remiten a la decisión que acabe tomando definitivamente el diálogo social en esta materia y aseveran que no les consta que la propuesta que el Gobierno vaya a llevar a la mesa sea la de la congelación del salario mínimo vital.
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