Que no eliminen los pocos incentivos para que la pyme exporte
El Club de Exportadores pide mantener los incentivos fiscales que existen para garantizar la internacionalización.
El Club de Exportadores ha solicitado que se mantengan los, a su juicio, escasos incentivos fiscales a la exportación. Lo han hecho mediante el Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores e Inversores. En concreto, consideran vital no modificar los criterios de doble imposición internacional, así como la deducibilidad en pérdidas de filiales.
El comunicado nace a raíz de una propuesta que, según explican desde el Club, pretende limitar la exención sobre dividendos, plusvalías y rentas obtenidas por establecimientos que se encuentran en el exterior. La medida ya se incluía en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Ésta consiste en reducir la exención vigente, que actualmente es del 100%.
Alertan de que dicha modificación “dejaría en maltrecha situación a las empresas españolas frente a otras empresas competidoras que cuentan en sus legislaciones con una exención similar a la que actualmente se aplica en España”.
En ese sentido también han expuesto que existe cierto peligro por que también desaparezca la deducibilidad de las pérdidas finales y definitivas generadas en el exterior con las filiales y aquellos establecimientos permanentes. “Es una característica de nuestro sistema fiscal que se ha venido limitando en el tiempo hasta aplicarse únicamente a los supuestos de extinción, transmisión o cese de actividad”, exponen.
Baja tributación
Critican estas propuestas que parten de la “supuesta” baja tributación de las multinacionales españolas. Ponen como ejemplo datos aportados por la Comisión Europea en los que indican que la recaudación por el impuesto de sociedades en España está alineada con los niveles del resto de los países de la Unión Europea. No obstante, consideran que la carga tributaria total que soportan las empresas españolas “es muy superior en relación con la Unión Europea”.
Es por eso por lo que instan a las autoridades españolas a conservar los “rasgos fiscales” que actualmente se contemplan en la normativa nacional “si se quiere mantener la presencia de empresas españolas con inversiones en el exterior que puedan competir con un mínimo de posibilidades frente a las extranjeras, que ya cuentan con mecanismos similares a los que actualmente contempla la legislación española”.
Para ellos, la competitividad fiscal no solo se basa en la normativa, sino también en la calidad del sistema.
