Empresarios, PP y Cs piden a Sánchez que lleve al Congreso un estado de alarma más corto

Casado solo apoyará la medida si dura ocho semanas y Garamendi avisa del daño económico; la ministra Darias insiste en el plazo de seis meses

Duracion estado de alarma
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, durante el 23 Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado este lunes en Casa América, en Madrid. EFE

Estado de alarma, sí, pero con plazos más cortos. Ha sido el mensaje que a lo largo de la mañana han trasladado al presidente del Gobierno, y desde distintos foros, líderes empresariales y políticos del Partido Popular y de Ciudadanos. CEOE ha pedido un estado de alarma con "plazos más cortos", mientras que Pablo Casado ha condicionado su apoyo a que dure como mucho ocho semanas y que se apruebe un plan B jurídico para restringir la movilidad con una ley orgánica a partir de diciembre. Por su parte, Arrimadas comparte el hecho de que se prolongue durante un plazo menor, aunque sin fijar tiempos.

Sánchez anunció el domingo que quiere lograr el apoyo del Parlamento para una prórroga del estado de alarma por un periodo de seis meses, hasta el 9 de mayo, y concede a los presidentes autonómicos ser la autoridad delegada en sus territorios, lo que permitirá a las autonomías confinar total o parcialmente.

Casado ha comunicado al Gobierno de Pedro Sánchez sus dos condiciones (ocho semanas y desarrollo de mecanismo jurídico alternativo a partir de diciembre) para que el PP vote a favor de un estado de alarma que considera la "constatación de un fracaso", según ha explicado durante su intervención en la clausura del  XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. 

Los gabinetes del Ejecutivo y del PP están en contacto desde ayer y Casado espera tener la "oportunidad de hablar durante esta semana". Con posterioridad a las declaraciones de Pablo Casado, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha vuelto a apostar por una emergencia de medio año. "He sido clara, el tiempo de seis meses es un tiempo que tiene criterios objetivos absolutamente razonables basados en la opinión de las personas expertas", ha insistido Darias, antes de dirigirse directamente a los populares: ""Hago un llamamiento a que el PP no ponga condiciones".

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado el planteamiento de un estado de alarma hasta mayo, ha advertido del daño que puede hacer a la economía y ha pedido que se haga con plazos más cortos con control parlamentario. Garamendi ha apuntado que la organización empresarial puede "compartir las medidas pero no los plazos, pensamos que esto hay que revisarlo de forma más periódica (...) ¿Qué hacemos con la Semana Santa? ¿Nos la cargamos directamente con falta de confianza porque planteamos este plazo de mayo? Yo creo que es una auténtica barbaridad", ha dicho Garamendi durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. "Creo que hay que poner plazos más cortos, con revisiones, ir al Parlamento", ha subrayado.

También la lider de Ciudadadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de "excesivo" prorrogar el estado de alarma por seis meses y pedirá al Gobierno un plalzo "mucho menor". Arrimadas ha insistido en la necesidad de establecer un plan nacional para coordinar las actuaciones de todas las comunidades autónomas frente al coronavirus. "Seis meses me parece excesivo", así que "intentaremos negociar que ese plazo sea mucho menor", ha declarado en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, considera "procedente" seis meses de estado de alarma si el Gobierno acude "con frecuencia" al Congreso "a dar explicaciones y a escuchar lo que digan los diputados".

Desde Vox, su presidente Santiago Abascal ha anunciado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de estado de alarma aprobado este domingo por el Consejo de Ministros y ha defendido que el toque de queda impuesto en toda España es "ilegal.

Garamendi

Garamendi también ha criticado la decisión de permitir a los ayuntamientos gastar 15.000 millones de superávit y ha pedido que no se destine ese dinero "en aceras o en subir salarios" sino que lo usen para quitar impuestos, como el IBI, a comercios, hostelería y hoteles. "Los ayuntamientos pueden echar muchas manos", ha añadido.

En esta línea, y sobre el uso de los fondos europeos, Garamendi ha dicho que requiere "un cambio profundo, un cambio de estructura" para "que no haya un Plan E". También ha subrayado el papel que debe jugar la "unidad de mercado" para superar esta crisis y hacer un mejor uso de los fondos. Hay riesgos, ha añadido, de que estos fondos "no se utilicen o se utilicen mal" con proyectos de "corto recorrido" que puedan dar empleo pero "precario".

Garamendi, que ha advertido también del riesgo de incurrir en gastos estructurales, ha añadido que el problema ya no es solo laboral y que habrá que tomar más medidas económicas "coyunturales" para solucionar el problema que se avecinan con esta segunda ola.

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