Los partidos de los que depende la aprobación de los Presupuestos piden regular el alquiler
ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís, CUP y el propio Unidos Podemos firman un manifiesto de los sindicatos de inquilinos
Crece la presión sobre el Ejecutivo para limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas. Buena parte de los partidos políticos de los que depende la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que trabajan PSOE y Unidas Podemos han pedido este viernes regular de forma urgente el precio de los arrendamientos y vincular esta medida con el proyecto de cuentas públicas. Son también varias de las formaciones que hace 10 meses votaron a favor de la investidura del presidente, Pedro Sánchez: ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís y el propio Unidos Podemos, además de la CUP, que también se ha adherido a un manifiesto cuya iniciativa corre a cargo de los sindicatos de inquilinos.
Con este manifiesto, las formaciones expresan su apoyo a la petición de estos sindicatos, respaldada también por 9.000 colectivos, que demandan al Ejecutivo esta normativa a nivel estatal para que las comunidades autónomas puedan acotar las rentas abusivas. Entre ellos se encuentra Facua, la Red Europea Contra la Pobreza o el Consejo de la Juventud de España.
El manifiesto surge en la recta final de la negociación del borrador de los PGE, cuyo proyecto será presentado previsiblemente la semana que viene. El partido mayoritario del Gobierno, y en concreto los ministerios de Hacienda, Economía y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), este último con las competencias en vivienda, optan por sacar adelante la regulación a largo plazo, cuando se hayan analizado las consecuencias de la crisis sanitaria y económica en el mercado del arrendamiento.
El ministro de Mitma, José Luis Ábalos, volvió a apostar ayer por vincular la posible limitación de rentas con la futura Ley estatal de vivienda en la que trabaja su cartera, y no con los Presupuestos. Este "podría ser un instrumento" donde introducir esta medida. "Tenemos el instrumento legal, esa Ley, y podríamos integrarlo ahí", señaló el ministro.
El texto señala que existe una "enorme escasez de vivienda social" y que pasarán años hasta aumentar el parqué de pisos protegidos, por lo que es "imprescindible" contener los precios del alquiler de forma urgente "para reducir el sobreesfuerzo de la población" en el acceso a la vivienda.
En esta línea, los firmante destacan la Ley aprobada en el Parlament de Cataluña hace algo más de un mes para limitar el precio del alquiler en 60 municipios con mercados tensionados, incluyendo las cuatro capitales de provincia y la mayoría del área metropolitana de Barcelona. El documento recalca que la regulación es "una medida temporal, pero clave para frenar las subidas abusivas y garantizar alquileres asequibles, un paso ineludible para garantizar el derecho de la vivienda de millones de personas".
Además, recuerdan que el Gobierno ya se comprometió a regular el alquiler en el acuerdo de coalición para poner "techo" a las subidas "abusivas" en determinadas zonas de mercado tensionado. A esta regulación, por su parte, se oponen las principales asociaciones de pequeños y grandes tenedores, así como las organizaciones de agentes de la propiedad inmobiliaria o las entidades que reúnen a promotoras e inmobiliarias.
"Si garantizar esta medida era ya necesario antes de la pandemia, el recrudecimiento de las consecuencias económicas y la caída de ingresos de las familias la hacen aún más necesaria. Hablamos de un problema que no solo afecta a quienes viven del alquiler o quieren acceder a la vivienda, sino al conjunto de la sociedad", exponen las formaciones firmantes, que recuerdan que los precios actuales están disminuyendo "drásticamente" la renta disponible en manos de la ciudadanía, "con un impacto negativo en toda la economía". Por tanto y "a las puertas de la segunda ola" de la pandemia, destacan que "es más urgente que nunca blindar la ley catalana y habilitar al resto de comunidades para regular el precio del alquiler".
La regulación de precios era uno de los puntos de consenso del acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Unidas Podemos. Con todo, Ábalos recordó ayer, como vienen haciendo desde su ministerio desde hace varias semanas, que el programa de gobierno es para toda una legislatura, "no para hacerlo a la primera", y que la situación de emergencia y excepcionalidad que ha provocado la pandemia de coronavirus conduce a plantearse algunos de los compromisos del programa "para otro momento". "Los compromisos se cumplirán, pero en el momento en el que el país lo pueda encajar".
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