Iglesias asegura a los sindicatos de inquilinos que el Gobierno limitará los precios del alquiler

La secretaría de vivienda enfrió recientemente una posible regulación en el medio plazo

El Gobierno de España comparte la necesidad de aprobar "de forma inminente" la regulación de los precios del alquiler en todo el país, han asegurado este viernes los portavoces de los Sindicatos de Inquilinos de Madrid y Barcelona, Javier Gil y Jaime Palomera, respectivamente, después de reunirse con el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. En el seno del Ejecutivo "hay voluntad de hacerlo cuanto antes, en las próximas semanas", según les ha trasladado Iglesias.

La Vicepresidencia segunda, explican fuentes del departamento, negocia para que el Gobierno active ya esta limitación. La medida, dicen, podría incluirse en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ultiman entre PSOE y Unidas Podemos.

Una ley que permita a las comunidades autónomas limitar los precios en las zonas más tensionadas formaba parte del acuerdo programático que dio paso al Gobierno de coalición. Sin embargo, esta misma semana, el secretario general de Vivienda y Agenda Urbana en Mitma, David Lucas, enfrió en una entrevista con este diario la regulación de los precios a corto y medio plazo.

"El ministro Ábalos anunció en febrero el acuerdo para establecer esos mecanismos, pero desde entonces hasta ahora se ha producido una distorsión derivada de la crisis", explicaba David Lucas. Así, para legislar en esta materia, antes hay que analizar la situación que deja el Covid-19. "El mercado ha cambiado, y hasta que no se estabilice no podemos tomar medidas, en el caso de que sean necesarias", aseguraba.

La urgencia que traslada la cartera de Iglesias se basa en las alzas que venían produciéndose desde hace años en los principales mercados residenciales del país, además de las consecuencias de la crisis sanitaria y económica del coronavirus, que han agravado la crisis residencial. La vicepresidencia segunda "va a luchar para que la regulación se apruebe cuanto antes, aunque el Gobierno ya tiene esa voluntad. Sabemos que los precios se van a regular", han señalado Gil y Palomera.

Sobre la mesa está la propuesta de extender al resto de autonomías la ley catalana que limita los precios en las 60 ciudades de la Generalitat más tensionadas. La idea del Ejecutivo, según han apuntado los portavoces, es legislar para que sean las propias regiones, competentes en materia de vivienda, las que puedan establecer estos límites a las rentas en las zonas que consideren oportunas.

Desde el Gobierno, apuntan los sindicatos de inquilinos, son conscientes también de que "de nada sirve aprobar unos presupuestos sociales si no se acompañan de una regulación de las rentas". La futura Ley estatal de vivienda que prepara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), además, no puede entorpecer esta regulación, insisten los sindicatos.

Desde Mitma, sin embargo, David Lucas abogaba hace una semana por corregir los desequilibrios del mercado aumentando sobre todo la oferta de inmuebles destinados al alquiler social o asequible, principalmente de la mano del Plan 20.000 lanzado recientemente por el ministerio, y que planea levantar más de 20.800 viviendas a precios reducidos en los principales mercados tensionados del país, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia o las capitales isleñas.

El anuncio de Iglesias no ha sentado muy bien en las organizaciones que reúnen a los pequeños y grandes propietarios de vivienda, como Asval. Su portavoz, Beatriz Toribio, asegura que este tipo de medidas "muestran un nivel de inseguridad e incertidumbre jurídica que no ayuda a la atracción de inversores". A su vez, reclama políticas incentivadoras que amplíen la oferta de viviendas para el arrendamiento, en vez de limitaciones que "no solucionan" el problema de la vivienda.

Según Toribio, desde la entrada en vigor de la ley catalana que acota los precios en 60 municipios, son muchos los propietarios que se muestran reacios a poner sus inmuebles en el mercado, "ya que no saben cómo les afecta la norma". Por eso, cree que ante la "falta de certidumbre" que estas medidas generan, habrá un efecto rebote que se traducirá en la retirada de parte de la oferta.