David Lucas: “Antes de limitar el alquiler hay que ver el mercado que nos deja el Covid”

El secretario general de vivienda apuesta por aumentar la oferta y ampliar el número de viviendas públicas para el arrendamiento 

David Lucas, secretario general de Vivienda y Agenda Urbana.
David Lucas, secretario general de Vivienda y Agenda Urbana.

Como secretario general de vivienda en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas (Madrid, 1968) viene de una semana con movimiento en el sector. Primero, con la presentación del Plan de Recuperación, sustentado en los fondos europeos y del que la agenda urbana tendrá un papel protagonista. Después, con el acuerdo firmado entre el Gobierno central y el ayuntamiento de Barcelona en el marco del Plan 20.000 para levantar 3.600 viviendas sociales en la ciudad, y que muestra que la iniciativa “va cogiendo fuerza y forma”.

El Plan cede suelo público a promotoras privadas a cambio de construir viviendas y alquilarlas a precio asequible durante 80 años. ¿Quién marcará esos precios?

El plan tiene tres vertientes. Una en la que se financia y construye de la mano de las comunidades autónomas a través del Plan Estatal de Vivienda. Otra en la que a través de la SEPES se ceden suelos del Ministerio de Defensa. Y la última, en la que allá donde no disponemos de suelo de Defensa, como Barcelona, se trabaja con los gobiernos autonómicos o locales para levantar esas viviendas. Cuando hablamos de viviendas impulsadas por el Estado, será el Estado el que determine los precios asequibles. Cuando sean convenios con otras administraciones, veremos cuáles son esos límites en función de cada zona, de la renta media o del grado de tensión residencial, pero siempre estarán bastante por debajo de los precios de mercado.

¿Marcará el índice de referencia oficial esos precios de mercado?

El mercado, por las distorsiones que ha provocado el Covid, ha cambiado mucho. Ha habido acuerdos entre arrendatarios y arrendadores que pueden haber bajado el precio medio, se han incorporado viviendas que hasta ahora eran turísticas... Vamos a esperar a que se estabilice el mercado para determinar esa referencia y poner unos precios asequibles que siempre estarán por debajo.

Faltan tres años para que la legislatura termine y esas 20.000 viviendas estén listas. ¿Qué ha pasado con otras alternativas más inmediatas como la ley para controlar los precios, que era además parte del acuerdo de Gobierno?

El ministro Ábalos anunció en febrero el acuerdo para establecer esos mecanismos, pero desde entonces hasta ahora se ha producido una distorsión derivada de la crisis. Para lanzar una ley así hay que saber cuáles son las áreas tensionadas, cómo está el precio del alquiler, cuáles han sido las principales variaciones y cómo han afectado las moratorias o prórrogas automáticas de los contratos adoptadas por el Gobierno. El mercado ha cambiado, y hasta que no se estabilice no podemos tomar medidas, en el caso de que sean necesarias. Somos respetuosos con los acuerdos adoptados, pero tenemos que tener la información suficiente.

¿Tendrán entonces las autonomías y ayuntamientos un mecanismo para limitar las rentas?

Antes tenemos que analizar el mercado que se ha quedado tras el Covid. Y tenemos que ver si las medidas adoptadas en materia del alquiler el año pasado, sumadas a las decretadas por la pandemia, han cambiado la situación. Si los precios están bajando, es obvio que el mercado se está autorregulando. Lo que sí que es evidente es que hay determinadas zonas hipertensionadas en las que se paga demasiado, y ahí algo hay que hacer. Creo que hoy la mejor política es aumentar la oferta y el número de viviendas públicas en alquiler.

En esta línea, Cataluña legisló hace un mes para limitar las rentas en 60 municipios tensionados. ¿Qué recorrido le dan desde Mitma a esta norma?

Actuamos con rigor jurídico. Una vez que se aprueba la ley se emiten varios informes por parte de este ministerio, el de Justicia, el de Política Territorial, el de Economía... El paso siguiente, si se ve algún indicio de inconstitucionalidad, es hablar en una comisión bilateral con la Generalitat para reconducir la situación, pero no quiero aventurarme a decir nada hasta que no tengamos esos informes emitidos.

Juristas expertos en inmobiliario dicen que no prosperará porque choca con la LAU. El Gobierno, por su parte, trabaja en la futura ley estatal de acceso a la vivienda. ¿Habrá cambios a este respecto?

Hemos puesto a consulta pública previa la ley de vivienda, que nos lleva hasta el 15 de noviembre. No es más que trasladar a la opinión pública que ponemos en marcha el proceso para esta norma, a fin de recibir las aportaciones de colectivos, entidades, asociaciones y de todo el mundo que quiera generar un debate público para elaborar el texto. La ley de vivienda tiene que servir para que el Estado pueda regular aquello que esté en su marco competencial. También queremos garantizar que se pueda acceder al derecho a una vivienda digna a un precio asequible y que se genere un parque público de vivienda estable en el tiempo. Y que todo esto sea compatible, además, con el derecho a la propiedad, también establecido en la Constitución. En todo ello estamos.

Dada la escasez del parque público en España, ¿se plantean elementos jurídicos que impidan a las administraciones vender la vivienda social?

Yo no coincido con la política de algunas comunidades autónomas de vender su parque público, pero es cierto que ellas son competentes en materia de vivienda. Lo que sí podemos hacer es establecer mecanismos para dar estabilidad a ese parque. Fijar un derecho de superficie de hasta 80 años, como hemos hecho con el Plan 20.000, garantiza esa estabilidad.

La agenda urbana y rural recibirán un 16% del dinero europeo, unos 11.500 millones de euros, principalmente para rehabilitación. De los 800.000 empleos que generen estas ayudas, ¿cuántos corresponderán al sector?

Solo en rehabilitación y agenda urbana podemos hablar de unos 275.000 puestos de trabajo estables y estructurales para los próximos 10 o 15 años. Se han fijado por ahora medio millón de rehabilitaciones, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) identifica 10 millones de viviendas con estas necesidades, por lo que es un sector de empleo tractor.

Ábalos dijo que las partidas para vivienda en el proyecto de Presupuestos irán en línea con la última propuesta. Eso son unos 670 millones. ¿Será mayor la cantidad?

Será sustancialmente mayor. Primero, por las aportaciones que fije el propio Gobierno. Y segundo, por el impacto de los fondos europeos en esta materia. El presupuesto para agenda urbana va a crecer significativamente, pero aún sigue redactándose la propuesta de cuentas públicas.

¿Disponen de los datos del impacto real que han tenido los créditos ICO para el alquiler?

No tenemos aún la información disponible. Cuando nosotros establecimos las medidas en relación al alquiler, lo hicimos pensando en que hubiese acuerdo entre arrendador y arrendatario como primera opción. De ahí la prorrogación automática de los contratos, el cese de moratorias y aplazamientos. Eso era lo fundamental. Lo siguiente es que aquellos que no pudiesen llegar a acuerdos acudiesen a las ayudas. Y si ya eso no funcionaba, la idea es que se accediese a los préstamos ICO. Si tenemos en cuenta que 290.000 viviendas del parque público han llegado a entendimientos con sus arrendatarios, que hay más de 150.000 acuerdos con grandes tenedores de vivienda y que ha habido acuerdos entre alquilados y particulares, creemos que hay en torno a 500.000 familias que han visto reducidas sus rentas por las medidas que nosotros adoptamos. Cuando los créditos ICO no han tenido tanta demanda es porque las otras medidas han funcionado.

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