El Gobierno baraja alzas fiscales de hasta 5.000 millones a cuenta de IVA, planes de pensiones e IRPF

PSOE y Podemos negocian si utilizar los Presupuestos para elevar el tipo de gravamen de la educación y sanidad privada o modificar las deducciones sobre el ahorro para la jubilación

La ministra de la Hacienda, María Jesús Montero (de pie), en el Congreso de los Diputados.
La ministra de la Hacienda, María Jesús Montero (de pie), en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos avanza en su discusión interna sobre la letra pequeña del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que aspiran a presentar en los próximos días con el gran fleco pendiente del ámbito tributario.

Los socios han aceptado que la crisis abierta por la pandemia del Covid-19 aconseja posponer el grueso de su reforma fiscal progresista, si bien aspiran a mantener en las cuentas un alza del IRPF para las rentas altas y discuten ahora posibles alzas de IVA y cambios en la deducción para los planes de pensiones privados que podrían elevar la recaudación en más de 5.000 millones de euros. La negociación sigue abierta, en todo caso, y está por ver el alcance de los cambios, fundamentalmente en el IVA, reconocen fuentes conocedoras del debate.

Así se deriva, al menos de los cálculos realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en cuyas estimaciones se están basando el debate interno que mantiene el Ejecutivo para terminar de definir qué medidas incluir en las cuentas.

Del lado del IVA, la autoridad fiscal viene advirtiendo que el gran número de bienes y servicios sujetos al tipo reducido del 10% o el superreducido del 4%, frente al tipo general del 21%, restan 17.787 millones de euros al año. Un ahorro fiscal para los contribuyentes que recae mayoritariamente, en un 61%, en las rentas altas.

Aunque Airef ha propuesto por ejemplo elevar del 10% al 21% el gravamen sobre bebidas alcohólicas servidas en restauración. En todo caso, el Gobierno centra ahora su análisis en la posibilidad de elevar los tipos aplicados a la educación y la sanidad privadas, que elevarían la recaudación en 1.694 y 1.763 millones de euros, respectivamente. Es decir, 3.457 millones de euros en total.

En paralelo, el Gobierno está dispuesto a revisar la fiscalidad de los planes de pensiones privados, cuyas deducciones rebajan la recaudación anual en 1.643 millones de euros. Sumando estas cuantías a los 330 millones que se estima arrojaría elevar el IRPF desde los 130.000 euros, la reforma fiscal facilitaría algo más de 5.400 millones al Estado.

Está por ver, en todo caso, cuál sería la medida concreta a aplicaren el caso de los planes de pensiones, pues las posturas varían entre quienes apuestan por traspasar estas ventajas fiscales de los planes personales a los que ofrecen las empresas, y las que abogan por trasladar la actual deducción que se practica sobre la base imponible del IRPF a la cuota.

El objetivo es que estas medidas sería que la deducción se reconduzca hacia las rentas más bajas, que actualmente son las que menos partido sacan al modelo vigente, según ha denunciado la propia Airef.

El organismo fiscalizador estima que de los 2,4 millones de beneficiarios que hay actualmente, un 66% de toda la ventaja fiscal es acaparado por los que forman parte del grupo de rentas altas. Aunque la legislación permite un ahorro tributario sobre un máximo de 8.000 euros anuales, la aportación media se sitúa en los 1.000 euros.

Se trata en realidad de un diferimiento fiscal hasta su recobro que permite a las rentas altas ahorrar 773 euros de media, tras abonar 7.776 euros en comisiones. Para las rentas bajas, el ahorro potencial es de 9.000 euros, pero sus menores aportaciones y el pago de las mismas comisiones hace que usualmente el impacto acabe siendo negativo.

El paquete tributario que hay sobre la mesa fue duramente criticada por las patronales CEOE y Cepyme el viernes, que sostuvieron que su puesta en marcha podría suponer la “destrucción” de empresas y empleos.

En todo caso, la definición final de las medidas y su impacto dependerán de las decisiones que tomen la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el responsable económico de Podemos, y secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, que lideran la negociación interna de lsa neuvas cuentas.

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