Una economía flexible para aprovechar los fondos europeos
Las críticas a la lentitud y complejidad de la legislación de contratos públicos no son nuevas, pero cobran especial relevancia ante el calendario de Bruselas
El sector español de la construcción aguarda con expectación la llegada del importante montante de ayudas públicas – 140.000 millones entre préstamos y subvenciones– que España recibirá de Bruselas para hacer frente a la crisis del Covid-19 e impulsar la recuperación. Colectivos empresariales del sector, como la CNC, la comisión de infraestructuras de CEOE o la asociación Anci, mantienen conversaciones con el Gobierno con el fin de reformar la Ley de Contratos del Sector Público y poder aprovechar de forma más eficiente los fondos que llegarán desde Bruselas. La estrechez de los plazos que contempla el Plan de Recuperación y Resiliencia propuesto por la UE presupone una agilidad administrativa que contrasta con la rigideces del sistema de licitación público español. Las constructoras demandan un modelo de contratación exprés que permita acceder a tiempo a las ayudas, pero también reclaman un conjunto de reformas más generales y complementarias que incluyen desde la eliminación de trabas administrativas para la creación de negocios, la implantación de soluciones contra la escasez de mano de obra cualificada, la simplificación y mejora de la fiscalidad y el establecimiento de mecanismos efectivos para solucionar la lentitud de los procedimientos judiciales.
Las críticas a la lentitud y complejidad de la legislación de contratos públicos no son nuevas, pero cobran especial relevancia ante un calendario europeo que exige que el 70% de las subvenciones amparadas por el mecanismo de recuperación estén comprometidas ya entre 2021 y 2022. Más allá de esa reforma, pendiente desde hace tiempo y más que oportuna, las propuestas que plantean las constructoras son beneficiosas para el conjunto de las empresas e imprescindibles si España quiere aprovechar verdaderamente las ayudas europeas, generar confianza en los mercados y preparar la economía para la recuperación.
Los fondos que ha aprobado Europa no son en sí mismos una panacea, sino que exigen una gestión eficiente y una buena selección de proyectos de inversión, pero también un entorno económico ágil, con un mercado laboral flexible, un sistema educativo y de formación profesional cualificado, una fiscalidad más favorable a la inversión y a la actividad empresarial y una apuesta decidida por un modelo de crecimiento sostenible y digitalizado, tal y como demanda la propia Europa. El Gobierno debe acometer cuanto antes todas esas reformas para que España pueda beneficiarse de unas ayudas que son históricas en su magnitud e imprescindibles para sentar las bases de la recuperación.