El FMI ve riesgo de que la crisis dañe a la banca y pide reforzar su capital
Fía el repunte de la economía a contener la crisis sanitaria pero eleva al 7,2% su previsión PIB para 2021
La revisión de la economía española que elabora anualmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del Artículo IV ha coincidido con la segunda ola de la pandemia en España y las negociaciones del Gobierno con los agentes sociales para la ampliación de los ERTE y las ayudas a los autónomos, amén de una crisis económica sin precedentes a nivel internacional. El FMI ha pedido a España que prorrogue las condiciones especiales de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los avales del ICO a las empresas que lo necesiten hasta que la recuperación económica esté “encarrilada”.
El FMI califica de éxito la aplicación de las condiciones especiales de los ERTE, que esta semana ha sido prorrogado gracias a un acuerdo de última hora entre el Gobierno y los agentes sociales, y reclama que se revisen minuciosamente la concesión de avales públicos a las empresas para prevenir lo que califica de “efectos precipicio” en las empresas, como quiebras, pérdidas de ingresos y créditos fallidos cuando las líneas del ICO lleguen a su vencimiento y deban reembolsarse.
El organismo internacional reconoce que el “apoyo ágil y decidido a la liquidez y al mantenimiento de rentas por parte del Gobierno”, ligado a la política ultralaxa de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) han supuesto “importantes balones de oxígeno” al mantener bajos los costes de financiación. La entidad dirigida por Kristalina Georgieva insiste en que en el actual momento la máxima prioridad de España debe pasar por preservar la salud de la población y que de la evolución de la pandemia y de las medidas de contención aplicadas por el Ejecutivo dependerán las exceptivas económicas, así como de los progresos de las vacunas contra el Covid-19, un Brexit sin acuerdo y una escalada de las pensiones comerciales.
Así, para este año mantiene su cálculo de que el PIB español caerá un 12,8% pero mejora su estimación para 2021: considera que repuntará un 7,2% frente al 6,3% previsto en junio gracias a las ayudas del fondo europeo, aunque reconoce que dependerá de los plazos. Si bien, alerta que esta mejora estará “estrechamente vinculada a la capacidad de limitar nuevas infecciones”.
El organismo dirigido por Georgieva reconoce que los fondos europeos del denominado Mecanismo de Recuperación y Resilencia, del que España recibirá 140.000 millones de euros, serán un importante estímulo en la demanda y que apoyarán además la creación de empleo, si bien ve fundamental la eficiencia en la coordinación, la ejecución y la supervisión de los planes. Un mix al que además añade la necesaria puesta en marcha de políticas económicas nacionales para afrontar reformas estructurales en el mercado laboral y en el crecimiento de la productividad. Eso sí, ve imprescindible que se cree una estructura de vigilancia de los planes y la consecución de los hitos clave, que permita revisar los planes y lograr una gran efectividad.
El FMI apunta que las medidas de política económica que ponga en marcha el Ejecutivo deben limitar los daños en la economía a largo plazo. Mientras que para el medio plazo la receta pasa por iniciar una senda "firme" de reducción de deuda pública -que estima que alcanzará el 120% del PIB en los próximos años- cuando la recuperación económica esté “firmemente encauzada” y el desempleo esté en disminución, en un plazo no anterior a 2022. A ello liga además medidas sostenibles por la parte de los ingresos y una reforma que de sostenibilidad a las pensiones.
Para el medio plazo considera que la recuperación de la demanda externa será un catalizador para la economía, según se recuperen las exportaciones y la llegada de turistas, pero advierte de que la producción tardará varios años en recuperar los niveles previos a la pandemia.
El FMI cree que una vez se consolide la recuperación económica las prestaciones por desempleo pasarán a ser la “red de seguridad dominante” frente a las condiciones especiales de los ERTE. Considera que podrían tener que intensificarse temporalmente, junto con los mecanismos de asistencia social, para apoyar a los damnificados por la crisis económica.
Otra de las figuras puestas en marcha por el Ejecutivo que alaba el FMI es el ingreso mínimo vital (IMV), que considera un paso acertado para abordar los retos socioeconómicos en una situación en el que cree que aumentará la pobreza y las disparidades económicas. Al mismo tiempo, el organismo económico internacional pide avanzar en los programas de vivienda social en alquiler así como a simplificar la normativa de edificación y recalificación del suelo para mejorar la accesibilidad al alquiler y la movilidad laboral.
Papel de la SEPI
Además, celebra la disposición del Gobierno a capitalizar a las empresas sistémicas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, que cuenta con un presupuesto de 10.000 millones y que ya ha recibido, por ejemplo, peticiones de la división de viajes del grupo Barceló, Avoris. Si bien, ve crucial que se vigile el riesgo fiscal con transparencia y se diseñe la salida pública de estas empresas e insta a que se contemplen inyecciones temporales que “generen derechos de crédito para el sector público”, que podrían ir en la línea de una deuda tributaria futura. Además, pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que fortalezca los marcos de resolución de deuda privada ante el posible incremento de insolvencias y que trasponga cuanto antes la directiva de la Unión Europea sobre restructuración e insolvencia.
Aviso del impacto de la crisis en la banca
El posible repunte de la morosidad de las empresas cuando vayan finalizando las medidas de apoyo impulsadas por el Ejecutivo tendrá un impacto negativo en la banca española, reduciendo su rentabilidad. El FMI asegura que el impacto del Covid-19 en la banca española podría amplificarse por la severidad de la recesión y una ratio de capital CET1 inferior de media a la de sus homólogos europeos, por lo que recomienda que impulsen políticas prudentes de reparto de dividendos, en la línea del BCE, y sigan racionalizando costes. De ahí que califique de adecuada la consolidación del sector iniciada con el acuerdo de fusión entre CaixaBank y Bankia.
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