Gobierno, UGT y CSIF firman un acuerdo para la nueva clasificación de empleados públicos
Aumentarán los salarios de unos 40.000 trabajadores afectados por la norma
La Administración General del Estado (AGE) ha firmado un acuerdo con la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente (CSIF) para otorgar una nueva clasificación profesional a 34.000 trabajadores, según ha informado este lunes el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en un comunicado. El acuerdo, firmado por Isabel Borrel, directora general de la Función Pública y representantes de UGT y CSIF, dará un nuevo status a estos empleados públicos, conforme al IV Convenio Único del personal laboral. CC.OO no lo ha firmado.
Según ha explicado CSIF en un comunicado, dicho cambio implicará que las nóminas de todos estos trabajadores afectados por este convenio, unos 40.000, se incrementarán entre 357€ y 1.325€. Además, el IV Convenio establece una clasificación profesional actualizada según el sistema educativo vigente y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, lo que lo equipara con el resto del mercado laboral del Estado.
Para CSIF, el acuerdo llega por la cesión del Gobierno a sus presiones. El sindicato había convocado movilizaciones próximamente. CSIF, sindicato más representativo en la función pública, confía en negociar pronto la oferta pública de empleo de 2021 para paliar las necesidades de personal, agravadas por el Covid-19.
Además, este sindicato cree necesario desarrollar otros aspectos del Convenio Único, como poner en marcha un concurso de personal abierto y permanente, la negociación de las condiciones de acceso a la jubilación parcial y los procesos de cambio de régimen jurídico del personal, además de la revisión del sistema complementario de retribuciones.
Por su parte, para AGE esta nueva clasificación profesional representa “una apuesta por la profesionalización del personal laboral”. Ello permitirá a la Administración del Estado contar con perfiles profesionales especializados.
Mientras, fuentes de UGT han asegurado que firmar este acuerdo implica la desconvocatoria de las movilizaciones previstas para el 30 de septiembre. Por otro lado, CC.OO. no ha suscrito el acuerdo porque, según el sindicato, “se queda corto”, ya que deja fuera del sistema de clasificación y de reparto económico a un número importante de trabajadores.