La derogación del uso del superávit local llega con la mora municipal disparada

Los ayuntamientos triplican ya el plazo legal máximo de pago a proovedores

Pago a proveedores pulsa en la foto

El curso político ha arrancado con un severo revés parlamentario para el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos que vieron ayer como el Congreso de los Diputados tumbaba el decreto por el que permitían la reinversión de los superávit locales. El grueso de la Cámara Baja dio la espalda al acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y los alcaldes socialistas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el Parlamento, solo Podemos, in extremis, y el diputado de Teruel Existe apoyaron a los socialistas. El resultado deja en el aire la posibilidad de que los municipios cuenten con recursos adicionales para afrontar la pandemia en un momento en el que su morosidad se ha disparado.

En concreto, el periodo medio de pago a proveedores de la administración local ha saltado de los 25 días de media con que se cerró el ejercicio 2019 a los 92,5 registrados a cierre del pasado mes de mayo, última cifra disponible. Semejante cota triplica el plazo máximo límite de 30 días que la ley impone a las administraciones públicas para pagar a sus proveedores.

Retraso récord en el pago de facturas

Aunque todos los entes públicos han tenido dificultades para hacer frente a sus facturas en mitad de la crisis desatada por el Covid-19, ningún otro segmento acumula un retraso tan pronunciado como el de los municipios.

Así, mientras que las administraciones central y regional rondan el límite legal, la Seguridad Social apenas tarda una decena de días en hacer frente a sus compromisos. En el caso de los municipios, la demora alcanzada en mayo es la más alta de la serie recopilada por el Ministerio, que arranca en la primavera del año 2014.

Un fracaso histórico

La fórmula ideada por el Gobierno para insuflar algo de aire a los ayuntamientos fracasó estrepitosamente ayer, como demuestran las cifras de la votación parlamentaria. Esta se saldó 156 votos a favor (76 presenciales y 80 telemáticos) y 193 en contra (67 presenciales y 126 a distancia) y ninguna abstención de entre los 349 diputados que se pronunciaron, lo que da cuenta de la magnitud del varapalo sufrido por el Ejecutivo. Pero el revés no solo fue grave a nivel cuantitativo, sino también en el ámbito cualitativo, dado que desde la Transición española el Parlamento solo ha tumbado cinco reales decretos, contando con el de ayer.

La propia ministra del ramo y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, había previsto esta derrota en la intervención inicial de defensa del decreto tras constatar que, pese a negociar hasta ya entrada la noche anterior, no había logrado los apoyos suficientes para sacarla adelante. Con todo, insistió en ofrecerse a tramitar la norma en el Congreso a fin de incorporar las modificaciones que otros partidos pudieran exigir.

La propuesta fallida

“El Gobierno ha cumplido su tarea llegando a un acuerdo con la FEMP, ahora corresponde a quienes no comparten el texto presentar una propuesta para ser discutida en el límite de la ley. Aquí cada no tiene su responsabilidad, el Gobierno la suya y los grupos la suya”, repuso Montero al constatar la derrota.

El origen del problema es que la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria impiden a los ayuntamientos incurrir en déficit, algo que sucedería si comienzan a gastar los más de 14.000 millones de euros que atesoran como remanente de sus últimos años de superávit sin aprobar medidas de ingreso por una cuantía similar.

Para sortear esta situación, Hacienda y la cúpula de la FEMP idearon una fórmula que pasaba porque los municipios que voluntariamente lo deseasen pudieran hacer un préstamo a la administración central por el valor de sus ahorros, que les sería devuelto progresivamente en forma de transferencia.

La idea era que los alcaldes dispusiesen de 5.000 millones de euros entre este año y el próximo y accediesen al resto en un periodo de 10 años. De esta manera, sería la administración central quien generase el déficit en lugar de los ayuntamientos. Aunque Hacienda había ido modulando su propuesta, incluyendo una transferencia a fondo perdido a todos los municipios por los 5.000 millones iniciales, la cobertura de algunos de sus gastos bancarios o la suspensión de la regla de gasto, con un coste final de 6.000 millones de euros, según estimó ayer Montero, la propuesta no logró convencer al resto de grupos parlamentarios.

La postura de la oposición

Los partidos a la izquierda del PSOE solicitaron una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP que permita a los ayuntamientos utilizar su superávit aunque incurran en déficit contable, así como la aprobación del resto de medidas en un nuevo decreto.

A su vez, el ala derecha avaló la propuesta de una treintena de alcaldes, liderados por el edil zaragozano, Jorge Azcón, que es portavoz del PP en la FEMP, abogando porque Hacienda inyecte directamente 5.000 millones de euros a los ayuntamientos en función de su población y con independencia de su volumen de remanentes. La asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estimaba esta semana que esta alternativa restaría 955 millones de euros a los ayuntamientos en favor de diputaciones y consejos insulares, perjudicando además a aquellos municipios con ahorros frente a los que no los tienen. Ciudades como Barcelona saldrían beneficiadas y otras como la de Madrid se verían perjudicadas.

Incertidumbre

“No piensen que habrá una segunda oportunidad”, alertó Montero, que dejó en el tejado de la oposición la pelota del incierto futuro financiero de los ayuntamientos. De momento, estos seguirán pagando a la banca por los remanentes depositados y elevando la mora en el pago a proveedores. Ahora está por ver si el heterogéneo crisol que forma el resto de la Cámara logra consensuar una propuesta alternativa.

Normas
Entra en El País para participar