Los dueños de Mayoral negocian participar en el rescate de Duro Felguera
Los Domínguez de Gor compraron un 9,5% del capital en la ampliación de 2018; un inversor privado suavizaría las condiciones del salvamento
Duro Felguera lucha con todas sus fuerzas por sobrevivir. Ha solicitado ayuda al fondo de rescate de la SEPI por 100 millones y negocia con la familia Domínguez de Gor, dueña de Mayoral, para que entre en el capital junto con el organismo estatal o en una fase posterior, según señalan fuentes financieras. Esta familia, que controla el 8% de MásMóvil además del grupo textil, entró en la ampliación de la firma de ingeniería de julio de 2018, aunque de momento ha liquidado su participación.
Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank y Bankia están a la expectativa de qué ocurre con Duro Felguera. Estos acreedores, a los que Duro Felguera debe unos 85 millones de euros, serán cruciales en el rescate de la compañía asturiana. Y miran hacia la familia que ya confió en Duro Felguera en la ampliación de capital de 125 millones de euros que ejecutó hace dos años, en la que se hizo con un 9,5%.
Las noticias desalentadoras hicieron que Indumenta Pueri, el holding de los Domínguez de Gor, se deshiciera del 5% hasta el pasado diciembre. Ahora han liquidado su participación, a la espera de que se aclare la situación de Duro Felguera. Fuentes conocedoras de la situación afirman que están abiertos a volver a entrar en el rescate programado. Pero necesitan la luz verde de la SEPI, de los bancos y del ICO. Desde Indumenta Pueri declinaron hacer comentarios sobre esta información.
El plan de rescate solicitado por Duro Felguera a la SEPI está diseñado para que no necesite de ningún inversor privado. Pero si este llegara sería un alivio para la empresa presidida por Rosa Isabel Aza y dirigida como consejero delegado por José María Orihuela. Una participación privada abriría la puerta a contar con ciertas bulas en las rígidas condiciones de devolución de la ayuda y de pagos de dividendos siempre que se cumplan ciertas condiciones.
La compañía no estaba crisis en 2019 conforme a los criterios de la UE
La SEPI tiene un plazo de seis meses para decidir, pero Duro Felguera no cuenta con tanto tiempo. La solicitud de rescate está oficialmente encima del tapete desde el viernes pasado, pero las cuentas del grupo están más que examinadas por la sociedad estatal, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
A los 30 millones en capital que el fondo inyectaría directamente –sin derechos de suscripción preferente para los actuales accionistas– se sumarían 70 millones de un crédito participativo. Con la capitalización de ayer (41,4 millones), el Estado se quedaría con más del 40%, si bien estas operaciones suelen realizarse por debajo del precio de cotización.
El ICO debe además blindar la liquidez que han de prestar las entidades financieras mencionadas. Estas tiene que dar luz verde a los avales por 100 millones que la empresa reclama desde hace dos años y que cuentan también con el escudo de Cesce, que respondería por el 60% del importe total. Hasta ahora, los bancos se han negado a entregar liquidez y avales, pero la situación cambiaría con la entrada de la SEPI.
El martes, la presidenta de Duro Felguera envió una carta a sus empleados en la que explica que el plan estratégico hasta 2025 incluye lograr unas ventas de 623 millones ese año con un ebitda de 48 millones. Antes, en 2023, se plantearía una ampliación de capital por al menos 60 millones para devolver parte del rescate.
Cleary Gottlieb certifica que el grupo puede recibir la ayuda pública
Una de las condiciones para acceder al fondo de rescate de la SEPI, dotado con 10.000 millones de euros, es que la empresa que reciba la ayuda pública no estuviera en crisis antes de diciembre de 2019. Y, pese a lo que puede parecer, Duro Felguera no lo estaba según los criterios de la UE que rigen para determinar si una compañía es elegible para este tipo de rescates. Así lo determina el despacho de abogados estadounidense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en un dictamen al que ha tenido acceso CincoDías.
El bufete sentencia en su informe que Duro Felguera no estaba en crisis de acuerdo a la regulación europea. Cierto que hay dos ratios que causan controversia, pero que Gottlieb Steen & Hamilton aclara.
La primera ratio es la de deuda financiera bruta entre el capital. La Comisión Europea señala que no pueden recibir rescate público aquellas empresas cuya deuda haya supuesto más de 7,5 veces la cuantía de su capital durante dos años consecutivos. En 2019, Duro Felguera supero ese umbral al cerrar con 20,83 veces, pero lo cumplió sobradamente en 2018, cuando la empresa amplió capital y la banca le hizo una quita de más del 70% sobre el importe que le debía. Cerró ese año con una ratio de 0,84 veces.
La segunda duda está en la ratio de cobertura de los intereses de la deuda. Se calcula dividendo el ebitda del ejercicio entre el gasto financiero. En este caso, ni en 2018 ni en 2019 llegaba a la cota de uno que exige la Comisión. Pero esto no es óbice para que Duro Felguera pueda acceder al rescate.
Una empresa en crisis conforme al reglamento europeo es aquella que incumple de forma simultánea la exigencia de deuda entre capital y la de cobertura del pago de intereses. Duro Felguera pasa, por tanto, este examen
Que Duro Felguera es una empresa estratégica para el tejido productivo es incuestionable. Da empleo a unas 2.500 personas de forma directa e indirecta y ha sido considerada por el Principado de Asturias como industria con actividad esencial durante el estado de alarma. También es indudable que, sin la ayuda pública, su continuidad corre peligro. Eso sí, queda que la SEPI valide su plan de viabilidad, que “debe incluir objetivos medibles que permitan su evaluación intermedia y final, así como una estrategia de salida de las ayudas recibidas”.
