Rescates financieros

Duro Felguera solicita 100 millones de euros al fondo de rescate de la SEPI

El Estado inyectaría 30 millones en una ampliación y 70 a través de un préstamo participativo y tendría una participación clave en el capital

El consejero delegado de Duro Felguera, José María Orihuela (tercero por la izquierda), durante su intervención en la junta de accionistas que celebró la compañía el pasado julio.
El consejero delegado de Duro Felguera, José María Orihuela (tercero por la izquierda), durante su intervención en la junta de accionistas que celebró la compañía el pasado julio.

Duro Felguera presentó este viernes la solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de la SEPI, por un importe total de 100 millones de euros, según comunicó la empresa a la CNMV. Lo pide a través de una ampliación de capital por 30 millones de euros y la concesión de un préstamo participativo por 70 millones. La capitalización de la firma con sede en Asturias se sitúa en menos de 40 millones de euros. Con estas cifras, el Estado tendría una participación significativa de más del 40%.

El grupo de ingeniería está en la cuerda floja ante la negativa de la banca española a concederle avales para que continúe con su negocio, y busca liquidez debido al agravamiento de la crisis que arrastra desde 2018. La empresa decidió que solicitaría el rescate público el 22 de julio y ya lo ha hecho de manera oficial.

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"Este apoyo público temporal se enmarca dentro del proceso de reestructuración financiera global de la compañía, que comprende, además, la refinanciación de la deuda sindicada vigente, el otorgamiento de una nueva línea de liquidez con garantía ICO y de una línea de avales con cobertura CESCE", señala la firma al supervisor. 

Duro Felguera explica que esta solicitud de rescate es para "desarrollar el plan estratégico para el periodo 2020-2025, focalizado en el fortalecimiento de los negocios tradicionales y en el crecimiento en los mercados de energías renovables y sistemas inteligentes".

La entrada del Estado, a tenor de las cifras, implicaría una gran dilución de los accionistas actuales. Esencialmente, se quedarían con lo que la SEPI decidiera, a falta de concretarse la entrada del capital público y la eventual estructura de la operación. En principio, la idea de la compañía era que el Estado entrara con un 30%, según fuentes conocedoras de los deseos de los accionistas del grupo de ingeniería.

El proyecto del Gobierno aún debe recibir el visto bueno del Congreso, al que pueden añadir enmiendas. Por el momento se conoce que estará dotado con 10.000 millones y estará orientado a empresas estratégicas que no estuviesen en crisis antes del 31 de diciembre de 2019.

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