Montero avanza una subida del techo de gasto inédita gracias a la inyección de fondos europeos

El Ejecutivo aspira a recabar apoyos para el presupuesto antes de enviar las cuentas a Bruselas el 15 de octubre

La ministra de Hacienda y Ministra Portavoz María Jesús Montero.Chema Moya (EFE)

El Gobierno presentará en septiembre un aumento del techo de gasto para 2021 sin comparación con el de otros ejercicios, ya que estará "alterado" por la incorporación de fondos europeos, según ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con EFE.

"No ha habido ninguna serie histórica que nos permita comparar" la inyección de recursos por "una cantidad muy importante, que puede estar por encima de los 20.000 millones de euros, procedente de esos fondos europeos", ha advertido la ministra.

Por eso insta a analizar "con una mirada distinta" el proyecto presupuestario de 2021, que arrancará en septiembre con la aprobación de una nueva senda de estabilidad y un techo de gasto adaptado a la nueva situación económica derivada de la pandemia.

El proyecto en sí se presentará en el Congreso de los Diputados a finales de septiembre "o principios de octubre", con el objetivo de que su tramitación esté avanzada y los apoyos parlamentarios "bastante acordados" con los grupos políticos cuando se envíe a Bruselas el plan presupuestario, antes del 15 de octubre.

El objetivo del Gobierno es que las cuentas de 2021 incorporen la primera anualidad de las transferencias del fondo europeo de recuperación -en total son 59.000 millones en tres años del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia-, lo que alterará el techo de gasto, para iniciar así cuanto antes la implementación de los proyectos.

La ministra confía en "incorporar en el primer año, que es donde necesitamos el estímulo económico, la cantidad de recursos más importante que podamos movilizar", siempre que sean gestionables por las diferentes administraciones.

Montero explica que estos proyectos se incluirán en el plan de inversión y reformas que enviará a Bruselas en octubre, tras reunir en septiembre a la Comisión de Política Fiscal y Financiera y a la conferencia sectorial porque los proyectos serán "compartidos" con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Así, octubre se presenta como un mes "fundamental", en el que se enviará a Bruselas tanto el plan presupuestario para 2021 como un plan nacional de reformas que incorpore todos los proyectos que se financiarán con los recursos europeos.

Además de las transferencias, el Gobierno definirá el objetivo de los préstamos previstos en el plan, que se destinarán a iniciativas que no se puedan financiar con transferencias, y contará con el sector privado para lograr una reconversión económica.

Para incorporar los 140.000 millones del plan europeo Montero ve imprescindible contar con "unas cuentas actualizadas" que permitan "despegar al país", por lo que hace un llamamiento "a todas las fuerzas políticas, pero sobre todo al Partido Popular" para que apoyen los presupuestos.

Junto con el presupuesto, el Gobierno actualizará sus previsiones macroeconómicas con los últimos datos disponibles, con el objetivo de lograr una estimación "razonable" que se actualizá a lo largo del año si hay cambios "definitivos" en los indicadores para tener "una foto lo más ajustada posible a la realidad".

Así, y a falta de conocer la evolución de la recaudación en el segundo semestre, la ministra prevé que el déficit público cierre este año "algo por encima" del 10,38 % del PIB que se comunicó a Bruselas en abril.

La evolución futura del déficit dependerá, entre otras cuestiones, de si finalmente los fondos europeos se entregan de forma previa o una vez alcanzados determinados hitos, lo que exigiría que España se endeudara a través de emisiones del Tesoro para después "cancelar" el préstamo cuando se reciban los recursos.

La ministra se muestra "abierta" a la posibilidad de establecer objetivos de déficit diferenciados para las comunidades autónomas, pero siempre que sea resultado de un consenso para evitar que se interprete que el Gobierno "penaliza" a las regiones más saneadas, que tendrían metas más estrictas tras haber realizado un "esfuerzo muy importante" para equilibrar sus cuentas.