Transición energética y redes eléctricas, una oportunidad para la recuperación

Es fundamental para la economía española poner en marcha cuanto antes un plan acelerado de inversiones en distribución eléctrica

La economía española se enfrenta a una gran incertidumbre derivada del impacto de la crisis del Covid-19. Según la Comisión Europea, se prevé que nuestro país sea uno de los más afectados en la Unión Europea por el impacto de la pandemia, aspecto confirmado por las últimas estimaciones del Banco de España, que señalan que el PIB sufrirá una reducción del 9%-15,1% durante 2020. Por ello, es urgente impulsar la reactivación económica apoyándose, entre otras medidas, en sectores tractores, que cuentan con mayor capacidad para generar actividad económica y atraer inversión privada.

El sector energético cuenta con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como marco de referencia para el periodo 2021-2030, que movilizará 240.000 millones de euros y desarrollará una economía más sostenible. En particular, según el PNIEC, los distribuidores eléctricos deberán invertir unos 23.000 millones de euros en el periodo 2021-2030, siendo un habilitador clave de otras inversiones relacionadas con la transición energética. Por ejemplo, en el ámbito de las renovables, de la movilidad eléctrica o de la eficiencia energética. A nivel europeo, el fondo de reconstrucción y el Pacto Verde Europeo serán herramientas fundamentales para canalizar inversiones que contribuyan a la reactivación de la economía pos-Covid-19, y también han definido a la transición energética y a las inversiones verdes como palancas clave para su desarrollo.

La distribución eléctrica genera sinergias entre la transición energética y la reac­tivación de la economía pos-Covid-19, movilizando inversiones de alto valor añadido. En este sentido, los distribuidores eléctricos tienen la capacidad para acelerar sus inversiones en un 35% respecto a la cantidad ya planificada, alcanzado los 9.000 millones de euros de inversión para el periodo 2020-2023. Este plan acelerado de inversiones permitiría atraer otros 15.000 millones de euros, aproximadamente, procedentes de otros sectores relacionados con la transición energética en el periodo 2021-2023, como el de energías renovables (permitiendo la conexión de 4 gigavatios de nueva capacidad renovable) o el de la movilidad sostenible (permitiendo la inversión en la infraestructura de recarga que requieren los más de un millón de vehículos eléctricos previstos a 2025).

Las inversiones en redes eléctricas tienen un relevante impacto en la economía española, dado que su origen podría ser en un 90% de empresas españolas manufactureras y de servicios. Las inversiones realizadas por los distribuidores eléctricos, así como por los sectores relacionados con la transición energética que aquellas habilitan, generarían un impacto en la economía estimado en más de 20.000 millones de euros de valor agregado bruto al PIB y contribuirán a la creación de hasta 40.000 empleos anuales de calidad, asociados a las inversiones en distribución eléctrica, y hasta 35.000 empleos anuales adicionales en plantas de energías renovables, en la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico o en el autoconsumo. Gracias a ello, la industria española podría, además, fabricar equipos eléctricos de mayor valor añadido, que impulsan la inversión en I+D y la capacitación de su fuerza laboral. Todo ello generará un impacto muy capilar en todo el territorio debido al despliegue de las inversiones en redes, fortaleciendo la actividad económica y el empleo ligados a las economías locales.

Por otra parte, el plan acelerado de inversiones no supondrá un incremento del déficit público, ya que los distribuidores eléctricos son quienes realizan la inversión, es decir, el sector privado, con un impacto muy limitado sobre la tarifa eléctrica: aproximadamente, 1,7 euros por punto de suministro eléctrico en el año 2023.

Son necesarias actuaciones políticas para acelerar las inversiones en redes eléctricas y maximizar su impacto en la reactivación y modernización de la economía española. En primer lugar, sería necesario incrementar temporalmente el límite actual de inversión anual en distribución eléctrica (0,14% del PIB de acuerdo con el RDL 23/2020) para posibilitar la ejecución de este plan acelerado de inversiones, ya que el actual límite se vería superado, fundamentalmente, por la caída del PIB producido por la crisis económica. En segundo lugar, es necesaria una simplificación administrativa que reduzca sustancialmente los plazos actuales de autorización de las inversiones y de las obras asociadas, aplicando procedimientos simplificados en dichas autorizaciones o desarrollando, entre otros aspectos, una mayor digitalización de la Administración española. Por otro lado, el modelo retributivo de distribución debe facilitar una retribución adecuada de las nuevas tipologías de inversiones dedicadas a la digitalización de las redes eléctricas, así como de las que permiten una mayor resiliencia a las redes ante los crecientes fenómenos climatológicos adversos o la protección de la biodiversidad (avifauna).

Por último, será clave una política industrial que maximice el aprovechamiento de estas inversiones para generar más valor añadido y modernizar nuestra industria, (por ejemplo, a través de planes integrales de transformación de la industria 4.0), la cooperación industrial entre operadores de redes y fabricantes y las iniciativas intersectoriales.

Con todo ello, se puede concluir que es de gran relevancia poner en marcha un plan acelerado de inversiones en distribución eléctrica. En primer lugar, porque permitiría intensificar el proceso de la transición energética en nuestro país. En segundo, porque contribuiría decididamente a la reactivación de la economía pos-Covid-19, impulsando la actividad económica y generando empleo con alto impacto en todo el territorio nacional. Para ello, el Gobierno de España debe contar con la implicación de los distribuidores eléctricos, mediante su compromiso para optimizar y ejecutar estas inversiones, y establecer los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento del despliegue y el impacto en la vertebración de nuestra economía. Esta es una oportunidad ineludible que nuestro país no puede dejar pasar.

Alberto Amores es Socio responsable de la práctica de energía y recursos naturales de Monitor Deloitte