El Estado debe facilitar la reestructuración de las deudas

Para salvar pymes es necesario simplificar los procedimientos de insolvencia y aligerar la burocracia

El Estado debe facilitar la reestructuración de las deudas

¿Qué es la crisis? Esto: una de cada cinco pequeñas y medianas empresas está al borde de la bancarrota, según la Organización Mundial de Comercio. Eso equivale, en España, a unas 700.000 pymes. Ni los grandes avales del ICO ni las escasas ayudas fiscales del Gobierno serán suficientes: muchas empresas quebrarán este año.

Este incremento de las quiebras empresariales, además de ser una catástrofe personal y familiar para millones de ciudadanos, desbordará nuestro sistema judicial, que ya de por sí tiene serios problemas para retomar su actividad, lo cual añadirá otra dimensión más a esa catástrofe económica: menos estabilidad jurídica, menos inversión en la recuperación de las pymes españolas. Dado el momento en el que estamos, la cuestión clave es qué hacer para salvar el máximo número posible de pymes de la bancarrota.

En el último episodio de la serie de entrevistas que estoy haciendo con los mejores economistas del mundo, El Capitalismo después del Coronavirus, Olivier Blanchard hizo una propuesta que todos los ejecutivos deberían estudiar. El que fuera economista jefe del Fondo Monetario Internacional durante la pasada crisis y actual líder de la comisión de expertos que asesora a Macron sugiere que el Gobierno ceda parte sus derechos de cobro en la insolvencia de compañías, de una manera sistemática y fija, para así facilitar restructuraciones rápidas y eficientes.

Pongámoslo en términos sencillos. La pyme típica suele tener dos acreedores principales: el Gobierno (al que le debe impuestos y contribuciones a la Seguridad Social) y los bancos (a los que les debe la financiación que ha recibido). En tiempos normales, el Estado siempre tiene la primera preferencia en el derecho de cobro. Cuando se liquida una empresa, el Gobierno cobra antes que cualquier acreedor y banco.

Ante la saturación de los juzgados y la profunda –aunque sea temporal– crisis económica, se pueden dar dos circunstancias: que las empresas sean insalvables, es decir, insolventes e inviables; o que sean insolventes, pero viables. Es el peso de la deuda lo que les ahoga: sin esa deuda serian pymes prósperas. Sobre este tipo de pymes es sobre las que se enfoca la propuesta. En el primer caso (las insalvables), el Gobierno trataría la insolvencia como cualquier otra en un año normal. En el segundo, el Gobierno aceptaría, de una manera prácticamente automática, incurrir en más perdidas que los bancos para así incentivar la restructuración y la supervivencia de la pyme. ¿Cuál es el principal problema a la hora de implementar la propuesta? Que el Gobierno no conoce la situación financiera de cada pyme. Esa información solo la tienen los bancos. Por eso tiene que haber una regla fija, transparente y prácticamente automática para que los incentivos de los acreedores no choquen con los del Gobierno. Al estipular, por ejemplo, que el Gobierno admite una quita del 70% en su deuda y el banco un 50%, el Ejecutivo dejaría claros los beneficios que ganaría el acreedor con respecto a la liquidación de la empresa.

A la hora de aplicar la propuesta –que Blanchard desarrolla en un reciente informe escrito con otros dos economistas franceses– habría que diseñarla bien para evitar los incentivos perversos, como la intervención del Estado en las operaciones del sector privado, o que los bancos exploten su posición privilegiada al tener toda la información. Como alternativas, el Gobierno tendría dos opciones. La primera, renunciar a todos sus derechos en cualquier restructuración; sería fácil y automático, pero muy costoso fiscalmente, y no nos lo podemos permitir. La segunda sería convertir todas las deudas de las pymes con el Estado en acciones (que así no tienen que repagar), pero los problemas de aplicación son evidentes (¿cómo se protegen los intereses del Estado cuando es el socio minoritario e invisible en un bar?), aparte de que a muy pocos bares y restaurantes les apetecería tener al Gobierno como compañero de negocio.

Quizá hayamos dejado atrás lo peor de la crisis sanitaria, pero en absoluto la crisis económica. Sacar del congelador la economía después de todos estos meses va a exigir ideas innovadoras. Blanchard propone una de ellas, que además nos consta que ya están valorando varios Gobiernos en Europa. Necesitamos un mecanismo eficaz y transparente para salvar nuestras pymes: a diferencia de lo que ha ocurrido tan a menudo en la desescalada con otros asuntos, de ninguna manera puede el Gobierno olvidarse de ellas y dejarlas caer.

Luis Garicano es Jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo. Vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe