La UE declara la guerra a la baja fiscalidad de algunos de sus socios para financiar la recuperación

La Comisión confirma que estudia aplicar el artículo 116 y presentará en otoño un plan específico para los impuestos digitales

Impuestos digitales UE
El vicepresidente ejecutivo de Una economía al servicio de las personas, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía de la Comisión, Paolo Gentiloni, este miércoles. REUTERS

La Comisión Europea ha adoptado este miércoles, poco después del varapalo recibido por el Tribunal General de la UE en su pugna con Apple, un nuevo marco tributario para "garantizar que la política fiscal de la UE respalde la recuperación económica y el crecimiento a largo plazo de Europa". El paquete busca, según explica el Ejecutivo Comunitario en un documento, "aumentar la equidad fiscal intensificando la lucha contra el abuso y la evasión, frenando la competencia injusta y aumentando la transparencia". La medida supone una ofensiva directa por parte de la UE contra los socios en los que operan estas prácticas fiscales agresivas, como Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo o Bélgica.

"La imposición fiscal justa sigue siendo una de las principales prioridades para la Comisión, como un medio de proteger los ingresos públicos, que desempeñarán un papel importante para la recuperación económica a corto plazo y la prosperidad a largo plazo", señala el texto.

Paralelamente, la medida incluye una "simplificación" de las normas y procedimientos fiscales para mejorar el entorno de las empresas en toda la UE. Esto incluye eliminar los obstáculos fiscales y las cargas administrativas para los contribuyentes en muchos sectores, para que así "sea más fácil para las empresas prosperar y crecer en el mercado único".

El Plan de Acción Fiscal presenta 25 puntos para hacer que la tributación sea más simple, más justa y esté mejor adaptada a la economía moderna en los próximos años. Estas acciones "facilitarán la vida de los contribuyentes honestos", al eliminar los obstáculos en cada uno de los pasos, desde el registro hasta la presentación de informes, el pago, la verificación y la resolución de disputas. El plan ayudará a los Estados miembros a aprovechar el potencial de los datos y las nuevas tecnologías, para luchar mejor contra el fraude fiscal, mejorar el cumplimiento y reducir las cargas administrativas.

La propuesta extiende las reglas de transparencia fiscal de la UE a las plataformas digitales, de modo que aquellos que ganan dinero a través de la venta de bienes o servicios en estas plataformas paguen también "su parte justa de impuestos". Esta nueva propuesta garantizará que los Estados miembros intercambien automáticamente información sobre los ingresos generados por los vendedores en las plataformas en línea. La propuesta también fortalece y aclara las normas en otras áreas en las que los socios trabajan juntos para combatir el abuso fiscal, por ejemplo a través de auditorías fiscales conjuntas.

Según ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, la UE pierde 46.000 millones de euros por la evasión fiscal de individualidades, otros 35.000 millones por la evasión corporativa y unos 50.000 millones por el flujo transfronterizo. "Son más de 130.000 millones, es un escándalo que no puede continuar sin control, especialmente en tiempos de crisis".

La baza de Bruselas

En la actualidad, cualquier intento de armonización fiscal en la UE tiene que ser aprobado con la unanimidad de los Veintisiete, lo que en la práctica da a cualquier país derecho a veto. Para sortear esta situación, Bruselas planea recurrir por primera vez al artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite “celebrar consultas” entre la Comisión y los Estados miembros ante situaciones de “falseamiento de las condiciones de competencia en el mercado interior” que provoquen una “distorsión que deba eliminarse”.

"Para cumplir plenamente con la agenda de impuestos justos de la UE", detalla el texto de la Comisión, "se deben activar todas las palancas de políticas existentes". Es este contexto, la UE "explorará cómo hacer un uso completo de las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la UE que permite que las propuestas sobre fiscalidad sean aprobadas por procedimiento legislativo ordinario, incluido en el artículo 116".

Así, en caso de que la Comisión “compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados. Si tales consultas no permitieren llegar a un acuerdo para suprimir dicha distorsión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las directivas necesarias a este fin. Podrán adoptarse cualesquiera otras medidas apropiadas previstas en los tratados”, detalla el artículo 116.

El artículo está en los tratados comunitarios para sortear las posibles distorsiones, han recordado Gentiloni y Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de Una economía al servicio de las personas, ante la posibilidad de que algún socio entienda su aplicación como un ataque a su soberanía. Por eso, han señalado, "tenemos que explorar su uso para evitar estas distorsiones. Es cierto que nunca se ha usado, y esta es una razón para hacerlo por primera vez".

Fuerte división

El plan se presenta en un contexto de fuerte división entre los socios en materia fiscal. En dos días, los 27 negociarán el ambicioso paquete de recuperación, con Países Bajos como principal voz discordante. La UE, presidida hasta final de año por Alemania, ya ha señalado que pretende poner sobre la mesa las bases de un impuesto común sobre los negocios digitales si no hay consenso internacional, una medida a la que se oponen socios como Irlanda, que recientemente se hizo, por un voto, con la presidencia del Eurogrupo. Bruselas explica que presentará en otoño un plan de acción específico sobre estas tasas, así como otro sobre el impuesto de Sociedades.

Para hacer más profunda la brecha, también este miércoles, el Tribunal General de la UE ha fallado en contra de Bruselas al dar la razón a Apple, y no obligar a la tecnológica a tener que pagar 13.000 millones de euros en impuestos.

Ahora más que nunca, ha explicado Dombrovskis, los Estados miembros "necesitan ingresos fiscales seguros para invertir en las personas y las empresas que más lo necesitan. Este paquete nos lleva en la dirección correcta, ayudando a que la tributación sea más justa, más fácil y esté más adaptada a nuestro mundo digital". Por su parte, Gentiloni ha señalado que "los impuestos justos son el trampolín que ayudará a nuestra economía a recuperarse de la crisis. Necesitamos hacer la vida más fácil a los ciudadanos honestos y las empresas cuando se trata de pagar sus impuestos, y más difícil a los estafadores fiscales".

Primera ráfaga de medidas

El paquete de este miércoles es la primera parte de una agenda fiscal integral y ambiciosa para los próximos años, explica en el documento la Comisión, que también trabaja en un "nuevo enfoque de la fiscalidad empresarial para el siglo XXI", a fin de "abordar los desafíos de la economía digital y garantizar que todas las multinacionales paguen su parte justa".

La Comisión también centra parte del paquete en la comunicación sobre la buena gobernanza fiscal con el fin de promover una fiscalidad justa y luchar contra la competencia fiscal desleal, tanto en la UE como a nivel global. Con este fin, la Comisión sugiere una reforma del Código de Conducta, que aborda la competencia fiscal y las prácticas fiscales perjudiciales dentro de la UE. También propone mejoras a la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas, que trata con terceros países que se niegan a seguir los estándares acordados internacionalmente.

A su vez, en el contexto de la transición verde, Bruselas hará propuestas para garantizar que los impuestos apoyen el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática para 2050. Este enfoque multifacético para reformar los impuestos en la UE tiene como objetivo hacer que los impuestos sean "más justos, más ecológicos y adecuados, contribuyendo así al crecimiento a largo plazo, sostenible e inclusivo".

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