La Comisión de Reconstrucción aboga por revisar el gasto a la baja y los impuestos al alza

El texto definitivo que votará el Congreso contempla ajustes propuestos por la Airef, elevar la progresividad tributaria, vigiliar a los grandes patrimonios e impuestos verdes

Imagen del Congreso de los Diputados.
Imagen del Congreso de los Diputados.

El Congreso de los Diputados ha culminado la redacción del texto del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia del Covid-19, que incorpora ya las conclusiones de los grupos de trabajo y las enmiendas incorporadas de cara a la votación definitiva a lo largo de este mes.

El documento, de 137 páginas, ha sido publicado este jueves e incorpora una enorme batería de propuestas entre las que cabe destacar una política fiscal que aboga de un lado por la revisión del gasto y, más especialmente, por una reforma tributaria que eleve la recaudación para permitir incrementar los recursos disponibles para financiar la crisis.

Así, en primer término, el texto considera “imprescindible revisar la propia estructura del gasto público, a través de mecanismos de evaluación de políticas públicas (spending review) que permitan medir y mejorar la eficiencia de las inversiones realizadas y, con ello, la calidad de los servicios prestados”.

Revisión de gastos e ingresos

En este campo, el documento aboga por “establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, mediante un Plan de Acción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la revisión del gasto público” y por la elaboración de planes que “permitan la eficiencia del gasto público”.

En todo caso, el texto impulsado por los partidos socios del Gobierno, PSOE y Podemos, y que ha contado con el apoyo de grupos como Ciudadanos a cambio de la incorporación de algunas enmiendas, pone el foco en la brecha tributaria del país frente a la Unión Europea.

“España tiene una proporción de ingresos públicos con relación al PIB del 39,2%. Más de siete puntos porcentuales menos que la media de la eurozona (46,5%), y muy por debajo de países como Francia, Finlandia, Dinamarca o Suecia”, ilustra. “En 2018 España fue el décimo país de la eurozona con menor capacidad de recaudación. Junto a ello, el volumen de gasto público español sobre el PIB también se encuentra por debajo de los países más avanzados de la Unión Europea. En concreto, éste representa un 41,7% del PIB, frente al 47% registrado en la eurozona en 2018, el 56% de Francia o el 53,1% de Finlandia”, agrega.

A partir de este análisis, el documento detalla que “el Estado español tiene unos ingresos fiscales sobre el PIB más de siete puntos por debajo de la media de la zona euro”, lo que “supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden invertir en fortalecer el Estado del bienestar o el modelo productivo”.

A fin de impulsar el proceso de reconstrucción que se impone, el texto ve “indispensable reducir esta brecha, sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas españolas”.

Subidas fiscales

Entre las propuestas concretas en este terreno, el documento subraya la importancia de impulsar un impuesto a las transacciones financieras, la llamada tasa Tobin, “que realmente grave los productos más especulativos, como los productos derivados y las operaciones de alta frecuencia”. Conviene recordar que el Gobierno ya ha remitido una propuesta en este sentido al Parlamento que impone un gravamen limitado eso sí al saldo neto de operaciones diarias, lo que deja fuera toda la operativa intradía.

El texto hace mención específica a la tributación de las compañías, defendiendo la necesidad de “impulsar la armonización fiscal de tributos como el Impuesto de Sociedades” en el marco europeo “eliminando las distorsiones producidas por algunas jurisdicciones”.

En paralelo, en todo caso, respetando la “seguridad jurídica, certidumbre, eficiencia y progresividad” del sistema fiscal, la Comisión de Reconstrucción defiende la necesidad de “mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes (tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen, para que reciban más quienes más lo necesitan”.

Fiscalidad verde y financiación autónomica

Otro campo de actuación destacado del documento es el del desarrollo de una economía digital y medioambiental, que también tiene su eco en el marco fiscal. En concreto, propone “desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde, basada en costes asociados a las emisiones de CO2 de las energías y armonizada en todo el territorio nacional y a nivel comunitario”.

En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, la Comisión propone vigilar “especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida” revisando “la configuración del delito fiscal, para endurecer las penas y limitar los supuestos en los que se puede rebajar la pena mediante el pago”.

Como ya se avanzó, de otra parte, el texto que votará el Parlamento contempla permitir la inmediata reinversión de los superávits y remanentes de ayuntamientos y corporaciones locales para hacer frente a los costes de la crisis abierta por la pandemia. En paralelo, se propone dejar sin aplicación la regla de gasto durante los ejercicios 2020 y 2021 para los entes locales.

Finalmente, el texto enmendado apuesta por abordar la reforma del sistema de financiación autonómico, vigente desde 2009 pero pendiente de renovación desde 2014, a fin de que “todas las comunidades autónomas dispongan de una financiación adecuada y puedan prestar los servicios públicos de manera equitativa”. El Gobierno renovaría en este marco su compromiso de presentar la propuesta de un nuevo esquema “antes de final de año”.

ERTE, pensiones y vivienda

Más allá de las propuestas fiscales del documento, el dictamen de la Comisión apuesta por flexibilizar la figura de los ERTE como mecanismo habitual para encarar crisis puntuales sin necesidad de destruir empleo o por consolidar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como herramienta de financiación y, por tanto, garantía de liquidez, para la actividad económica y empresarial.

En paralelo, se propone regular la compra de empresas de la Unión Europea por parte de compañías no comunitarias que reciben subsidios públicos, “con especial atención a los sectores estratégicos”.

En el plano de las jubilaciones, el texto aboga por “recuperar la centralidad del Pacto de Toledo y buscar consensos para garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

Finalmente, el texto plantea “incrementar los recursos del Plan Estatal de Vivienda” para acercarse a la media comunitaria; poner en marcha un nuevo Programa de acceso a la vivienda, “que permita a los más jóvenes acceder a una vivienda y, a la vez, reactive la actividad económica vinculada al sector”, lo que pasa también por elaborar un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas.

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