La comisión de reconstrucción vuelve a poner sobre la mesa la mochila austriaca
Los expertos instan al Congreso a usar los fondos de la UE para transformar el mercado laboral. Piden también una agenda ecológica, educaiva y fiscal
Transcurridas unas primeras sesiones en las que había servido para escenificar la crispación política de un Parlamento fuertemente polarizado, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso de los Diputados para abordar la recuperación de la crisis que deja la pandemia del coronavirus Covid-19 se convirtió finalmente el viernes en un foro de discusión de propuestas económicas.
Cuatro grupos de trabajo simultáneos, centrados en la reactivación económica, la sanidad, las políticas sociales y la Unión Europea, acogieron a casi una treintena de expertos de toda índole que coincidieron en la necesidad de que España acometa reformas estructurales en el ámbito medioambiental, digital, educativo o fiscal pero, especialmente, en el mercado de trabajo.
En este campo, varios de los ponentes coincidieron en aconsejar el desarrollo de la llamada “mochila austriaca”, una suerte de seguro de despido alimentado por la empresa que el trabajador porta consigo durante toda su vida laboral aunque cambien de compañía acumulando fondos a los que podrá acceder si va al paro o se jubila.
Una fórmula que han defendido en distintos momentos PP, Cs y PSOE, y que la actual vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha defendido impulsar en el marco de la Agenda 2030, pero que hasta la fecha no se ha puesto en marcha. Su aprobación, para fomentar la movilidad laboral, fue reclamada el viernes por el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y el presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy de Simón, así como por Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente económico de Renew Europe, que la propuso como alternativa a su preferencia por el contrato único.
Hubo consenso también en torno a la necesidad de extender los ERTE este año, o de reducir alta tasa de temporalidad, si bien la petición de preservar la reforma laboral de 2012 que hicieron expertos como Doménech y Sagardoy chocó con la petición de derogarla pronto que hicieron los representantes de CC OO y UGT.
Junto a ese debate, también estuvo en auge el del ingreso Mínimo Vital. A pesar de considerarlo muy positivo, el secretario confederal de Seguridad Social de CC OO, Carlos Bravo, admitió que tienen “serias dudas” sobre el diseño competencial que se ha planteado desde su aprobación. Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, apuntó que “el problema” no es la renta mínima sino la necesidad de “reformas ambiciosas” que creen empleo en España si se quiere disponer de la “solidaridad europea”.
En este sentido, Garicano, hizo hincapié en la necesidad de un consenso político que permita aprovechar los nuevos fondos europeos para acometer reformas laborales, educativas, medioambientales, administrativas y digitales sin perder de vista la responsabilidad fiscal porque, rezaba su presentación, “Europa no es un cajero automático” pero da ahora una “oportunidad” para acometer con recursos comunitarios las tareas que el país ya tenía pendientes.
El debate del IVA
En la Comisión para la Reconstrucción, el economista Manuel Lagares aseguró que España tardará entre tres y seis años en recuperarse de la crisis y afirmó no estar de acuerdo con la subida de la tarifa tributaria, a excepción del impuesto reducido del IVA, considerando que éste debe ser homogéneo, con solo un tipo superreducido. La rebaja del IVA es precisamente una de las medidas aprobadas por Alemania en respuesta a la crisis, si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, replicó que ese país tiene siete u ocho puntos más de presión fiscal que este y además planea rebajar algunos tramos de ese impuesto a tipos que aquí ya son más bajos. En paralelo, Rafael Doménech, alertó sobre aprobar la tasa Google sin aguardar a la UE porque podría retrasar la adopción de nuevas tecnologías en España.