El Gobierno aprueba la moratoria de hipotecas y alquileres y prolonga la garantía de servicios básicos

Las prórrogas en materia de vivienda podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos,, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campos,, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. EFE

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la prórroga de varias medidas que configuran el denominado escudo social aprobado durante las primeras semanas de la crisis sanitaria y económica para ayudar a las familias más vulnerables, como la moratoria de hipotecas y alquileres y las garantías de protección por impago de suministros básicos. La vigencia de buena parte de estas palancas terminaba un mes después del fin del estado de alarma.

Así, se extenderá hasta el 29 y 30 de septiembre la posibilidad de acogerse a la moratoria de hipotecas y alquileres, respectivamente. También se ampliarán los plazos de las medidas de protección por impago de suministros básicos (agua, luz y gas). Por último, se amplificará la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, los llamados créditos al consumo.

Hipotecas

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del plazo de solicitud de la moratoria de deuda hipotecaria, de forma que pueda solicitarse hasta el 29 de septiembre para que su funcionamiento sea secuencial respecto de la moratoria que el propio sector bancario ha puesto en marcha (la moratoria sectorial).

La nueva medida establece que la moratoria oficial se prolongará durante tres meses, a los que se añaden otros nueve meses de moratoria del sector bancario. Según los últimos datos del Banco de España, a cierre del mes de junio, se han concedido algo más de 735.000 solicitudes de moratoria hipotecaria, sumando tanto la oficial (226.000) como la sectorial (509.000). El saldo vivo pendiente de amortización de estas prórrogas asciende hasta los 38.500 millones de euros.

Los créditos al consumo, por su parte, se van a poder solicitar hasta el 29 de septiembre, con una duración de tres meses adicionales.

Alquiler

También hay novedades respecto a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre una prórroga extraordinaria del contrato por un periodo de seis meses con las mismas condiciones, de modo que la renta del alquiler no podrá aumentar. Esta medida ya se aprobó en plena crisis sanitaria, entrando en vigor en el mes de abril, el primero que comenzó con el estado de alarma ya vigente.

Además, y también hasta el 30 de septiembre, se dará luz verde al aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta para el caso de grandes tenedores de vivienda o empresas públicas. El Gobierno establece como gran propietario aquel que tiene 10 o más inmuebles (sin contar garajes o trasteros, por ejemplo) o el que dispone de un inmueble con más de 1.500 metros cuadrados construidos.

Suministros básicos

También se ha aprobado la ampliación hasta el 30 de septiembre, a efectos de homogeneizar el conjunto de medidas, del periodo de percepción del bono social y la garantía del suministro de energía eléctrica, gas y agua, considerados suministros básicos.

Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria. A su vez, la paralización de los desahucios estará vigente hasta octubre de 2020.

Vivienda pública

El Real decreto-ley aprobado también incluye novedades en materia del canon para hacer uso del derecho de superficie en la construcción de vivienda a través de la colaboración público-privada. Así, cuando el Gobierno oferte en concesión suelo público (con un plazo que puede llegar hasta los 75 años), y a través de una licitación las empresas privadas concurran a él para construir viviendas para el alquiler social, el canon de pago podrá llegar a cero a cambio de levantar vivienda para el arrendamiento público y gestionar el alquiler. Esto sirve, explicó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, “para ir generando un parque de vivienda pública que en España no tenemos y que incluso ha ido a menos”. Frente a la media europea del 5%, en España la vivienda pública no llega al 2,5%.

Otra novedad que recoge el texto es el refuerzo por parte del Ejecutivo a las comunidades autónomas en materia de vivienda. Así, aquellas administraciones que no hayan podido ejecutar los presupuestos en este terreno, y que tendrían que devolver el dinero a la Administración central, podrán “aplicar esos remanentes en otros planes que tengan que ver con el acceso a la vivienda”.

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