La cooperación público-privada como motor de la reconstrucción

Incentivar las concesiones y ampliar los plazos permitiría atraer financiación privada e impulsar la actividad sin impacto presupuestario

La pandemia provocada por el virus Covid-19 ha generado una grave crisis de salud pública y la declaración del estado de alarma ha impuesto limitaciones a la movilidad de la población, provocando una paralización prácticamente total de la actividad económica y productiva del país. En este sentido, se prevé que el PIB del segundo trimestre se contraiga entre un 16% y un 21,8%, tras haber caído un 5,2% en el primero. Las expectativas de recuperación global de la economía no son favorables y las previsiones para este año en España se mueven en torno a una caída del PIB de un 15% y de una tasa de paro que podría incluso superar el 20%. Estas medidas restrictivas excepcionales han impactado de forma directa, pero desigual, a las empresas concesionarias de infraestructuras y servicios, las cuales están prestando un servicio público, totalmente regulado por las Administraciones concedentes, durante un periodo de tiempo limitado. La gran parte de estos servicios se han mantenido activos, al ser considerados como esenciales (abastecimiento de agua, transporte urbano o metropolitano, autopistas de peaje, aparcamientos, servicios sociales…).

No obstante, la demanda de estos servicios, que están más vinculados a la movilidad, se ha reducido de forma drástica como consecuencia de las restricciones circulatorias, llegando en los momentos de máximas restricciones, a reducciones superiores al 90% a la demanda en situación de normalidad. En estos casos, no solo caen los ingresos de la explotación, sino que además no se pueden reducir los costes de explotación, por la propia operativa y el mantenimiento, al tener que seguir ofreciendo unos servicios que son considerados esenciales.

El Gobierno español ha tratado de dar respuesta a esta situación a través de diversas medidas legislativas de emergencia, orientadas a proporcionar una compensación económica a las sociedades concesionarias tras el quebranto y desequilibrio sufridos por esta parálisis de la actividad. Sin embargo, en la práctica, estas medidas están generando una gran confusión, incertidumbre e incluso inseguridad jurídica, a pesar de las sucesivas modificaciones legislativas realizadas, dado que podría interpretarse que se limita su aplicación a los contratos en los cuales se haya apreciado la imposibilidad de su ejecución.

Se podría producir la absurda e incoherente situación de que podrían ser reequilibradas las concesiones relativas a servicios no esenciales, que se han dejado de prestar y, sin embargo, no tendrían posibilidad de reequilibrio las concesiones relativas a servicios públicos considerados esenciales, que han tenido la obligación de seguir prestándose. No parece que ello tenga mucho sentido.

Debe tenerse en cuenta que la mayor parte de los contratos concesionales son regulados por los municipios, con una inmensidad de servicios públicos locales, muchos de los cuales son servicios esenciales y de carácter social, de gran valor para los ciudadanos.

Este escenario de confusión e incertidumbre jurídica no es el más propicio para facilitar los acuerdos entre las Administraciones concedentes y las compañías concesionarias con el objetivo de reequilibrar sus contratos. Por ello, previsiblemente esta situación acabará con una avalancha de recursos ante los tribunales, que no interesa a nadie.

Asimismo, este escenario no solo puede llegar a poner en cuestión la viabilidad de numerosas empresas, sobre todo las más pequeñas que gestionan concesiones en el ámbito local, sino que, en general, se traslada un mensaje de inseguridad jurídica desde el regulador hacia los inversores y financiadores, que resulta altamente perturbador.

Con el fin de conseguir una regulación razonable y clara para las empresas concesionarias de infraestructuras y servicios, se está pidiendo al Gobierno español, así como a los grupos parlamentarios, el reconocimiento legislativo explícito: (i) de que la pandemia se considere un supuesto de fuerza mayor; (ii) del derecho al reequilibrio económico-financiero de todas las concesiones públicas de obras y servicios, incluyendo las que han continuado prestando su servicio esencial, y (iii) que el reequilibrio se realice preferentemente mediante mecanismos sin impacto presupuestario, especialmente mediante la extensión del plazo de duración de las concesiones.

En un contexto de sobreendeudamiento público, con una previsión de una deuda/PIB de entre 115% y un 120% a final de año y de un déficit del presupuesto público de un 10%, así como de una limitación de los fondos europeos, será absolutamente esencial afrontar el desarrollo de nuevos proyectos e inversiones mediante fórmulas de colaboración público-privada, en buena medida mediante concesiones.

La incorporación del modelo concesional al proceso de reconstrucción de nuestra economía y del tejido productivo e industrial permitiría afrontar nuevas inversiones con la finalidad de conseguir la modernización tecnológica de las infraestructuras y servicios, proyectos de transformación y eficiencia energética y el desarrollo de nuevos servicios sociales de alto valor añadido para los ciudadanos. Asimismo, beneficiaría a los intereses generales, al liberar recursos públicos para más gasto social.

En resumen, tras el fin del estado de alarma y ante esta situación tan complicada en la que es necesario recuperar la actividad económica, minimizar la caída del PIB y, especialmente, proteger el empleo, deberían tomarse todas las medidas adecuadas y, entre otras, incentivar la colaboración público-privada, las concesiones y la ampliación de los plazos de las mismas, con el objetivo de atraer financiación privada, tanto nacional como internacional, y todo ello sin ningún impacto presupuestario, directo ni indirecto, para las Administraciones públicas, ni provocando endeudamiento público adicional.

Josep Martínez Vila es Economista y consejero delegado de Saba