Bruselas pide “salarios mínimos justos” que garanticen una recuperación simétrica

La Comisión no pretende crear un salario mínimo armonizado en la Unión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Comisión Europea, que en enero de 2020 puso en marcha la primera ronda de contactos con las patronales y sindicatos europeos para buscar fórmulas que garantizasen unos "salarios mínimos justos", ha pisado el acelerador de esta iniciativa a raíz de la crisis económica y sanitaria del coronavirus. Si bien esta medida ya era una de las prioridades políticas de la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, "los acontecimientos recientes han provocado que se reclamen aún mayores esfuerzos por parte de la UE para reducir las desigualdades salariales y la pobreza de las personas ocupadas, que están en aumento", explica Bruselas en un documento. La Comisión, por ello, ha iniciado este miércoles la segunda ronda con el fin de acelerar la iniciativa.

La UE se ha visto especialmente afectada por la pandemia del coronavirus, con efectos negativos para las economías de los Estados miembros, las empresas y los ingresos de los trabajadores y sus familias. Por ello, "garantizar que todos los trabajadores puedan ganarse la vida dignamente es esencial para la recuperación, así como para el desarrollo de economías justas y resilientes". Los salarios mínimos tienen un importante papel que desempeñar y son pertinentes tanto en los países que se basan únicamente en los mínimos salariales de los convenios colectivos como en los que tienen un salario mínimo legal, recuerda Bruselas.

La Comisión no pretende, sin embargo, establecer un salario mínimo europeo uniforme ni armonizar los sistemas de fijación de salarios mínimos. Las posibles medidas, de hecho, se aplicarían de forma diferente en función de los sistemas retributivos y de fijación de los sueldos mínimos de cada Estado miembro, "dentro del pleno respeto de las competencias nacionales y de la libertad contractual de los interlocutores sociales".

De esta forma, explica Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, "al tiempo que nos esforzamos por lograr una recuperación inclusiva de la crisis del coronavirus, queremos asegurarnos de que todos los trabajadores de la UE estén protegidos por un salario mínimo justo, que les permita vivir dignamente dondequiera que trabajen". Los interlocutores sociales, prosigue, desempeñan un papel crucial en la negociación de los salarios a escala nacional y local, y deben participar en la fijación de los salarios mínimos, "tanto en los países que se basan únicamente en los mínimos salariales de los convenios colectivos como en los que tienen un salario mínimo legal".

Unos "salarios mínimos justos", señala Bruselas, "proporcionarían a los trabajadores vulnerables un colchón financiero en caso de dificultades". También crearían mayores incentivos al trabajo, con el consiguiente aumento de la productividad. A su vez, se con ellos se pueden reducir las desigualdades salariales en la sociedad, aumentar la demanda interna y la resiliencia de la economía y contribuir a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, explica el Ejecutivo Comunitario.

Riesgos laborales

La Comisión Europea ha propuesto incluir al SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad del Covid-19, dentro de la tercera categoría más peligrosa de agentes biológicos que suponen un riesgo para la seguridad de los trabajadores, de un total de cuatro. Según los protocolos del Ejecutivo Comunitario, un virus de tercer nivel puede "causar enfermedades graves y presentar un grave peligro para los trabajadores". También "puede presentar un riesgo de propagación a la comunidad". Sin embargo, a su vez existe "un tratamiento efectivo disponible" para él. La categoría cuatro, la más peligrosa, comparte todos los atributos con la anterior, a diferencia de "no contar" con un tratamiento o una profilaxis adecuada.

Es este último punto el que ha generado críticas, puesto que hasta la fecha no existe un tratamiento eficaz para el Covid-19. Con todo, se trata de una propuesta que ahora debe ser trasladada al Parlamento y al Consejo de la UE. Las consecuencias de esta decisión tendrán implicaciones económicas para el tejido productivo, ya que las empresas tendrán que tomar unas u otras medidas de prevención en función del grado de importancia que adquiera el virus causante de la última pandemia mundial.

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