El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama retomará el próximo otoño las declaraciones testificales de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, y del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, en el caso que investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017.
Todas estas comparecencias estaban previstas para esta primavera, pero fueron suspendidas 'sine die' por la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia de coronavirus. Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 comunica que retoma la investigación, pero a partir de septiembre.
El primero en comparecer será Albella, que ha sido citado para el 17 de septiembre a las 9.00 horas. Le seguirá De Guindos, que declarará el día 30 de ese mes a la misma hora, pero por videoconferencia, según consta en la providencia del magistrado.
El día 6 de octubre, también a partir de las 9,00 horas, Calama ha citado a cinco testigos, todos ellos directores territoriales de Banco Popular en el año 2016: Miguel Ángel Franco, encargado la zona norte; Manuel Quero, de la zona centro; Alfonso Ruspira, de la zona Cataluña/Baleares; José Baonza, de la zona de Levante; y Luis Marín, de la zona de Andalucía. Además, comparecerá Fernando Merino, responsable de la red del Banco Pastor en 2016.
El instructor ha fijado el 8 de octubre a las 9.00 horas para que testifique Ana Botín, y el día 15 de ese mes a la misma hora ha citado al que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique. Santander fue la entidad que compró Popular el 7 de junio de 2017 por un euro después de la resolución del banco, tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades que han acabado en la Audiencia Nacional.
Calama investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables de Popular en 2016, con la ampliación de capital de 2.500 millones de euros, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución hace ahora tres años.
