El gasto público se dispara un 49% en abril y los ingresos se desploman un 29%

La factura de la pandemia duplica el déficit a cierre del primer trimestre. Hacienda admite que la situación se “agudizará” en los próximos meses

La ministra de Hacienda, y portavoz del Gobierno, Maria Jesus Montero.Efe

La caja de caudales públicos de España ya está sufriendo los efectos de la anunciada debacle económica causada por la pandemia del coronavirus Covid-19 y las férreas medidas de contención desplegadas en forma de confinamiento y parón de la actividad. Como consecuencia, solo en el mes de abril el gasto público se ha disparado un 48,7% frente al mismo periodo del año anterior mientras que los ingresos se han reducido un 29,2%, lo que ha comenzado a disparar el déficit, según los datos de ejecución presupuestaria publicados el viernes por el Ministerio de Hacienda. “Una situación que se seguirá agudizando en los próximos meses”, reconocen desde la cartera que dirige la ministra María Jesús Montero.

De momento, Hacienda ha registrado “una reducción de los ingresos por la caída de la actividad empresarial y el menor consumo” provocado por las medidas desplegadas bajo el paraguas del estado de alarma decretado el 14 de marzo, que incluyen la reclusión de los españoles en sus hogares salvo para un puñado de actividades básicas o el cierre generalizado de comercios, que solo con el tiempo han comenzado a flexibilizarse, y que tuvieron su punto álgido en los primeros 10 días de abril, cuando se impuso el parón de toda actividad no esencial.

En paralelo, los aplazamientos fiscales han mermado la recaudación y las arcas públicas han dejado de recibir en este tiempo las cotizaciones de los más de tres millones de trabajadores afectados por ERTE de fuerza mayor.

Por su parte, el gasto se ha multiplicado con la cobertura de las prestaciones de esos mismos trabajadores o el pago del cese de actividad de los autónomos. Una factura a la que hay que añadir, claro está, el ingente coste de reforzar el Sistema Nacional de Salud para atender la emergencia sanitaria.

Esto ha provocado que el déficit del Estado ascienda a 19.929 millones de euros al cierre de abril, el equivalente al 1,78% del PIB, 1,16 puntos más que en la misma fecha de 2019.

Tomando los cuatro primeros meses del año el impacto se diluye, si bien los 57.335 millones en recursos sufren una merma del 6,7%. El grueso lo componen los impuestos recaudados (46.648 millones), que caen un 11%, con rebajas del 9,6% en IVA; 19,8% en Patrimonio; el 9,1% en Sociedades o el 26,5% en IRPF, debido en parte a los mayores recursos adelantados a las comunidades Las cotizaciones sociales caen un 1,7%. A su vez, el gasto ha subido a 77.264 millones, un 11,8% más.

Déficit consolidado

En cuanto al déficit consolidado del conjunto de las administraciones públicas (salvo las locales), solo computado de momento hasta el cierre de marzo, el agujero fiscal se ha multiplicado más que por dos, aumentando hasta el 0,77% del PIB, frente al 0,31% de marzo de 2019.

Algo, concede Hacienda, que solo supone “los primeros” efectos que dejará la pandemia. Después de todo, las previsiones oficiales del Gobierno apuntan a que el déficit subirá este año del 2,8% al 10,34% este año con una merma de ingresos de 25.711 millones (-5,3%) y un alza del gasto de 54.765 (10,5%).

Inminente ley antifraude fiscal

Ante la merma de ingresos que está produciendo la crisis del Covid-19, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseveró el viernes tras el Consejo de Ministros que la coalición de Gobierno ultima dar cumplimiento a uno de sus pactos programáticos con el impulso a una ley de medidas contra el fraude fiscal que, dijo, están “a punto” de impulsar para presentarla al Congreso de los Diputados. La norma, que está pendiente del visto bueno del Consejo de Estado, rescata la presentada en 2019 que prohibía las amnistías fiscales y limitaba los pagos en efectivo entre profesionales a 1.000 euros. Más allá, Montero insistió en que el Ejecutivo aspirar a impulsar una reforma fiscal que haga pagar más a quien más tiene si bien admitió que hay debate interno sobre qué figura usar. Mientras el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, apuesta por crear un impuesto a los ricos, ella prefiere revisar otros tributos ya existentes para hacerlos más progresivos.