Así es la factura pública de paliar la pandemia y su impacto en el déficit

El gasto crecerá en 54.800 millones y los ingresos caerán en 25.700 millones. Montero prevé retomar su reforma fiscal para recaudar más

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Los esfuerzos de incremento de ingresos y ajuste del gasto realizados en España desde 2012 para reconducir el agujero fiscal de la crisis anterior se evaporarán de golpe este año como consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19, que elevará el déficit público al 10,34% desde el 2,82% en el que cerró 2019, cuando cerró ya con su primer alza, de tres décimas, en seis años.

Así lo estima el Gobierno en las previsiones remitidas a Bruselas, que detallan que la debacle viene por dos vías. De un lado, un incremento del gasto público del 10,5%, 54.765 millones más, hasta los 576.714 millones en 2020 (del 41,9% al 51,5% del PIB). De otro, una caída de 25.711 millones de los ingresos, hasta los 461.043 millones (lo que paradójicamente los eleva del 39,1% al 41,2% del PIB porque este caerá más este año, un 9,2%, que la recaudación, 5,3%). El desfase presupuestario ascendería a 115.671 millones.

Del lado del gasto destaca la batería de medidas sanitarias (4.313 millones); laborales (23.128 millones); sociales (1.124 millones) y económicas (187,8 millones), por un total de 28.403 millones, desplegada por el Gobierno en forma de refuerzo de sistemas de salud, cobertura de trabajadores o familias vulnerables. A este paquete habría que sumarle rebajas fiscales por valor de 6.120 millones. Finalmente los 104.400 millones en avales públicos para apoyar la financiación a autónomos, pymes y grandes empresas –con un coste real que solo se materializaría si los beneficiarios impagan el crédito bancario que consigan con dichas garantías– sumarían una factura pública de 138.900 millones.

En paralelo, se espera que la caída de ingresos, actividad y consumo rebajen la recaudación tributaria anual de 277.317 a 263.443 millones, un 5% menos con descensos del 2,4% en IRPF; del 8,7% en Sociedades; del 5,2% en IVA; del 6,7% en impuestos especiales; o del 37,9% en Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales. Por su parte, las cotizaciones a la Seguridad Social descenderán un 5,75%, siempre según la estimación oficial.

“El Gobierno no se plantea ni una subida, ni una bajada masiva de impuestos” para afrontar la situación, dijo el viernes la ministra de Hacienda, y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzando que su “compromiso sigue firme” en “retomar la agenda fiscal” ya anunciada por el Ejecutivo “en el momento adecuado”, que, según el plan remitido a la UE, seria “en 2021, en la medida de lo posible”. Esto incluye subir el IRPF a rentas altas, un tipo mínimo para Sociedades y “profundizar en la fiscalidad de la riqueza, no necesariamente con una figura propia”, como acaba de proponer Unidas Podemos, pero haciendo “que los que más tienen, aporten más”, dijo Montero.

De momento, para paliar la merma de ingresos, Montero aspira a tener vigentes “en el último cuatrimestre” los nuevos gravámenes sobre negocios digitales (tasa Google) y las transacciones financieras (tasa Tobin).

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