Frenar la excepción alemana tiene un precio político

Tras el fallo del Constitucional alemán, Bruselas podría verse obligada a iniciar un procedimiento contra el país

Frenar la excepción alemana tiene un precio político

Las pequeñas fisuras pueden ignorarse, pero la de la Unión Europea que ha revelado el Tribunal Constitucional alemán es bastante estructural. El máximo órgano judicial alemán dictaminó la semana pasada que el Banco Central Europeo se había extralimitado en sus competencias con su programa de compra de bonos de 2015, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiese afirmado previamente que se había ajustado a la normativa europea. Para colmo de males, los jueces alemanes afirmaron que la revisión del tribunal europeo “no era comprensible” y que, por tanto, la decisión anterior podía anularse. Esto ha abierto la caja de Pandora.

 En primer lugar, la resolución alemana cuestiona una piedra angular de la Unión Europea: las leyes de la UE prevalecen sobre las nacionales. Aunque, de alguna manera, la compra de bonos del BCE pueda seguir adelante sin Alemania, una excepción permitiría que otros países, como Polonia o Hungría, incumplan las normas de la UE, por ejemplo, en cuanto a la independencia de los tribunales y los medios de comunicación. Por tanto, es imposible pasar por alto esta cuestión.

Es cierto que la canciller alemana, Angela Merkel, que ha evitado tener que prestar más ayuda a los Estados del sur más débiles gracias a las políticas del BCE, tiene muchos motivos para intentar encontrar la manera de salir de este callejón sin salida. Su ministro de Economía podría realizar su propio análisis y decidir que las medidas de estímulo del BCE cumplen los principios de proporcionalidad definidos por los jueces alemanes. Pero el tribunal también ha pedido que el consejo de gobierno del BCE demuestre que su cumplimiento de los objetivos de política monetaria no tuvo unos efectos económicos y fiscales desproporcionados. Acatar una demanda semejante establecería un peligroso precedente para el BCE. Una posible solución sería que el Deutsche Bundesbank se encargase de dar las explicaciones.

Si eso no basta, la Comisión Europea podría verse obligada a iniciar un procedimiento judicial contra Alemania. El que el Ejecutivo de la UE inicie este tipo de procedimientos contra un país no tiene nada de extraño. Y la Comisión llevó una vez al Consejo Europeo ante los tribunales por las normas presupuestarias de la UE. Pero pocas veces se inicia un procedimiento así contra una institución a la que se tiene en tanta estima como al Tribunal Constitucional en Alemania. Un proceso judicial sería un regalo del cielo para el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. Los jueces alemanes han dejado a Bruselas con pocas opciones buenas. Puede que sea mejor provocar la ira de los euroescépticos del país que dar a otros países argumentos para incumplir las normas. Y quizás se hiera menos el orgullo nacional, si tenemos en cuenta que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es alemana.