El Gobierno permite al ICO comprar pagarés de empresas españolas
Las compañías contarán con un blindaje del 70% del importe que emitan en el MARF; el banco público también puede ser inversor
El nuevo escudo diseñado por el Ministerio de Economía para que las empresas puedan obtener liquidez a través de la renta fija a corto plazo ya está listo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la resolución que habilita el blindaje de hasta el 70% del importe en pagarés hasta dos años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) para todas las empresas que cuenten con un programa y que realicen la colocación antes del 30 de septiembre. El importe máximo blindado será de 4.000 millones. Y no solo eso: el documento contempla la posibilidad de que el propio avalista, el ICO, compre las emisiones.
El Gobierno aprobó la medida el pasado 21 de abril y es ahora cuando están negro sobre blanco y en un documento oficial todas las instrucciones. BME, el ICO, que otorga el blindaje, y el Tesoro cuentan con 20 días para poner toda la maquinaria en marcha. Las empresas –los avales no están destinados al sector financiero– deben tener su domicilio social en España y el dinero debe emplearse para necesidades de liquidez, nunca para abonar dividendos.
La novedad es que el Gobierno abre la puerta a que la emisión "cuente con la participación de ICO como inversor". El banco público tiene opción de ser el comprador de último recurso de esta deuda, además de ser el encargado de asegurar el cobro al resto de los compradores del 70% del importe.
El importe de los avales supone que la plataforma de financiación puede agotar toda su capacidad. Ahora el número de pagarés en circulación ronda los 2.500 millones pero el importe máximo asciende a más de 6.500 millones, según los programas vigentes de 46 compañías. Todas las emisiones que se realizaron antes de que estallara en España la crisis del coronavirus y pusiera en jaque el futuro económico. Esta fórmula de financiaciación, de deuda con vencimiento entre tres días y dos años, se había ralentizado con el estallido de pandemia, como publicó CincoDías el pasado 6 de abril.
Las emisiones deberán realizarse antes del 30 de septiembre para contar con el blindaje, y las empresas han de contar con un programa aprobado a fecha del 23 de abril, cuando se hizo oficial que este tipo de renta fija contaría con el apoyo estatal. La capacidad del aval es la misma que la que garantizan los bancos a través de sus créditos: el 70%.
BME y el ICO serán los encargados de gestionar estos avales, que deberán suscribir un contrato marco con cada una de las empresas y con las entidades colocadoras que participen en el programa. El coste será de 30 puntos básicos (un 0,3%) para avales con vencimiento de hasta 12 meses y de 60 puntos básicos (0,6%) para avales con vencimiento entre 13 y 24 meses. Este precio se descontará, previsiblemente, de la rentabilidad de la emisión. Además, el ICO cobrará el 0,05% en concepto de comisión de gestión.
Al igual que ocurre con los bonos de largo plazo high yield, ahora apenas hay inversores para este papel sin la calidad estándar que pide el Banco Central de BBB- (grado de inversión). Justo el que más necesita un comprador de último recurso. Fuentes de la banca de inversión señalan que el mercado monetario –de deuda a corto plazo– sigue funcionando mal incluso para empresas con ratings blindados. Y lanzan, junto a las propias empresas y los gobiernos, una llamada de socorro a Lagarde para que dé un paso más en su estrategia y admita los pagarés de emisores de menor abolengo. El Gobienro español, con esta medida, remedia este problema en los pagarés que se emiten en el MARF.
El BCE sí puede adquirir los que vendan Aena, Endesa, Iberdrola, Repsol, Telefónica, Red Eléctrica, Ferrovial, Naturgy, Abertis, ACS, Amadeus, Cellnex, Colonial y Viesgo, con programas por un total de 18.000 millones.
Además, el BOE refuerza los avales a la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), por 500 millones, como se anunció. Estos permitirán que las sociedades de garantía recíproca (SGR) sirvan de garantía a las pymes en todo el territorio. Por ejemplo, Avalmadrid en la Comunidad de Madrid.
