El Gobierno extiende los avales del ICO a los pagarés empresariales

Trata de reactivar el mercado de deuda a corto plazo con garantías a los programas registrados en el MARF

El Gobierno trata de reactivar el mercado empresarial de deuda a corto plazo. El Ejecutivo ha decidido ampliar los 100.000 millones en avales del ICO de los préstamos bancarios a los pagarés empresariales, según ha explicado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Estado respaldará ahora también los títulos de deuda con vencimiento en hasta dos años con los que las empresas atienden sus necesidades diarias de liquidez.

Los avales públicos se extenderán solo a las empresas con emisiones de pagarés en el MARF, el mercado alternativo de renta fija gestionado por BME. Se trata de una plataforma para la cotización de bonos y pagarés de empresas de tamaño mediano. Por ejemplo, el mayor programa registrado de estos instrumentos es de El Corte Inglés, por 1.200 millones, seguido de Sacyr, Gestamp, Mango, Elecnor o MasMovil, entre la veintena de empresas participantes.

El MARF ha sido uno de los mecanismos de mayor éxito desarrollado en España tras la crisis económica. Ha propiciado que muchas empresas que tenían vetado el acceso a la renta fija puedan acceder al mercado de deuda y no dependan tanto de la financiación bancaria. Sin embargo, en su mayoría son empresas con una nota por debajo del grado de inversión y muchas de ellas ni siquiera cuentan con rating, un requisito que dejó de ser obligatorio el pasado verano. Así, todas ellas quedaban fuera del último programa de compras del BCE —dotado con 750.000 millones para contener el efecto de la pandemia—, que por primera vez adquirirá deuda corporativa a corto plazo, pero siempre que su calificación esté por encima de BBB-.

El programa de compras del BCE se limitarán a las grandes empresas no financieras del Ibex, como Telefónica, Naturgy, Endesa o Acciona. Por tanto, Economía deja fuera de este programa de avales a las empresas cuyos instrumentos cotizan en la gran plataforma española de deuda corporativa, AIAF. También queda en el aire la deuda a corto plazo emitida por empresas españolas en Bolsas extranjeras, como la de Irlanda o Luxemburgo, que habían atraido a muchas firmas españolas con una agresiva política de incentivos, fundamentalmente fiscales.

La intención tanto del Banco Central Europeo como del Gobierno es tratar de reactivar un mercado de financiación, el de la deuda a corto plazo, que se ha mostrado clave para asegurar la liquidez de las empresas. Las dudas sobre la marcha económica y el miedo a que esta seque las líneas de crédito han estrangulado este mercado. Desde la entrada en vigor del estado de alarma, las empresas españolas apenas han podido colocar sus títulos de deuda a corto plazo en el mercado, manteniendo algunos de sus programas de pagarés intactos.

Hasta el momento el Gobierno ya ha activado dos líneas de avales por 40.000 millones, que han sido prácticamente agotadas por las entidaes. La primera, de 20.000 millones, se dividió al 50% entre autónomos y pymes y otro tramo para grandes empresas. La segunda línea, de una cuantía análoga, se ha reservado en su totalidad para pymes y autónomos. Queda pendiente que en una tercera ronda puedan sumarse los blindajes públicos a los pagarés.

Los detalles del actual programa de avales bancarios establecen que el Gobierno garantiza el 80% de los préstamos a pymes autónomos, por un 70% para el resto de empresas y un 60% para las refinanciaciones. Calviño ha recordado que las condiciones para que las entidades puedan valerse de estos avales están en trasladar "el beneficio del aval público" —a través de "tipos de interés bajos, vencimientos más prolongados o periodos de carencia"— y no comercializar otros productos financieros asociados. También ha afirmado que esta semana estudiarán los datos de los avales ya concedidos para cambiar las condiciones de futuras líneas de financiación.

Además, un mecanismo de las pymes para lograr financiación bancaria es recurrir a los avales que otorgan las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas, como Avalmadrid en la Comunidad de Madrid, canalizadas a través de la sociedad estatal Cersa. Calviño ha afirmado que aumentarán también estos avales. Así como ha habilitado al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de riesgos de seguro de crédito.