Los bufetes fían su año al tirón de concursos, refinanciaciones y ERTE

Quince de las principales firmas describen su perspectiva de trabajo para 2020. Mercantil, el área estrella, la peor parada de la crisis

Carga de trabajo despachos postCovid Pulsar sobre el gráfico para ampliar

Es solo una predicción y, como tal, debe analizarse con cautela. Pero, a la vez, revela qué áreas tirarán del negocio de los grandes bufetes en España y cuáles quedarán rezagadas durante 2020, un año especialmente complejo por la debacle económica provocada por el coronavirus. CincoDías ha consultado a 15 de los mayores despachos del país por la carga de trabajo que tienen actualmente sus departamentos respecto al comienzo de este ejercicio y, además, cuál creen que será la misma al final del tercer trimestre y al cierre del año.

Concursal, reestructuraciones y refinanciaciones, y laboral son, en ese orden, las tres áreas que terminarán el año con un mayor volumen de trabajo. Eso sí, mientras los laboralistas no tendrán un respiro porque sus asuntos ya están en máximos, el incremento de concursos y reestructuraciones será progresivo, despegando en el tercer trimestre y alcanzando el máximo en el cuarto. Evolución similar, pero no tan destacada, seguirán los departamentos de procesal. Estos equipos, si bien están sufriendo la paralización de la actividad judicial, a partir del verano se verán arrastrados por el tsunami de demandas pos-Covid.

También en negativo aparece el departamento estrella de los grandes bufetes: mercantil. El parón económico ha cancelado o retrasado muchas operaciones. Unos números rojos que también afectan a los que se dedican al derecho público. Pero ambas áreas, según aseguran las firmas, remontarán conforme avancen los meses.

Más irregular se presenta el comportamiento del trabajo en fiscal, una circunstancia que puede explicarse por el distinto perfil de esta área en cada bufete. Así, hay departamentos muy vinculados al M&A que ahora tienen menos asuntos, pero si esta materia remonta, ellos también lo harán. Finalmente, fuera del ámbito del derecho de los negocios, este periódico ha consultado a especialistas en derecho de familia. Su predicción es un repunte de los divorcios a final de año: la intensa convivencia de la cuarentena causará estragos.

Más trabajo no es facturar más

La evolución de las curvas, especialmente conforme avanza el año, transmite un optimismo que choca con las perspectivas económicas nacionales (según el Banco de España, el PIB se contraerá en 2020 entre el 6,6% y el 13,6%). A este respecto, es necesario señalar tres factores. El primero es que no es lo mismo hablar de carga de trabajo que de horas facturables.

Igualmente, no todas las horas facturables corresponden a trabajo de igual valor. En este sentido, según relatan varios socios, actualmente se están produciendo multitud de consultas por las que es impensable cobrar nada. A ello hay que sumar la guerra de precios que algunos ya ven disparada y el aumento de los impagos (o el retraso en el cobro) fruto de las dificultades económicas de los clientes. Aunque no falten los asuntos, el negocio se va a resentir.

En segundo lugar, hay un elemento psicológico. A la tendencia humana a encarar el futuro con optimismo y esperanza, se suma la resistencia propia del sector legal a admitir las situaciones de dificultad. "Nadie contrata a un abogado que no sea exitoso", describe un socio. Sin embargo, la realidad es que en los despachos se están llevando a cabo ajustes presupuestarios y laborales, con ERTE y despidos inclusive.

La tercera idea es que los bufetes son las organizaciones que sobreviven mejor que otras a las crisis gracias a su gama de servicios cíclicos y contracíclicos. Sufren, pero menos que otras compañías.

Mercantil

Analizando el comportamiento particular de cada área, Carlos de Cárdenas, director de mercantil de Uría Menéndez, señala que la declaración del estado de alarma produjo una "progresiva reducción de la carga de trabajo", pero que "en las fechas más recientes se observa una mayor entrada de asuntos". En la misma línea, Javier Bustillo, socio de corporate y M&A de Ecija, apunta a que "algunas operaciones se han pospuesto o cancelado, al menos hasta saber cómo afectará el nuevo escenario a los diferentes sectores". Bustillo también subraya otro factor que ha influido en el parón: la modificación del régimen para inversiones extranjeras. El último informe de la consultora TTR pone cifras la percepción de ambos letrados: en abril se cerraron 44 operaciones de M&A, frente a las 231 del mismo mes de 2019.

Fiscal

El socio responsable de tributario de Garrigues, Eduardo Abad, explica que, en el ámbito fiscal, se encuentra suspendido el trabajo relativo a procedimientos ante la Agencia Tributaria y los tribunales, también el vinculado al M&A. Sin embargo, ha aumentado el relacionado con el estado de alarma (la normativa aprobada es mucha) y el relativo a los costes y beneficios tributarios de las donaciones de material sanitario, entre otros asuntos. A finales de año, augura Abad, renacerán los pleitos, el M&A y se aprobarán incrementos fiscales y nuevas figuras impositivas.

Laboral

"Tras la tramitación de los ERTE por fuerza mayor, estamos iniciando los ERTE por causas objetivas", relata Álex Santacana, socio de laboral de Roca Junyent. En el último trimestre, llegarán los despidos individuales y colectivos. "Habrá empresas que prorroguen los ERTE y otras que se vean avocadas a un ERE", agrega Diana Rodríguez Redondo, socia de Ashurst. Y a estos procesos les seguirán las demandas.

Desde Deloitte Legal, su socio de laboral, Fernando Bazán, cree que las compañías deberán hacer una "reflexión estratégica" sobre la adaptación a la nueva realidad. Las empresas, dice, deberán invertir esfuerzos en cómo adaptarse al auge del teletrabajo, el desempeño por objetivos e, incluso, las nuevas modalidades de colaboración con sus profesionales.

Concursal

El año será muy intenso en materia concursal. Al boom de los procedimientos se le suma la entrada en vigor del nuevo texto refundido a partir del 1 de septiembre y la necesaria transposición de la directiva de insolvencia. Alejo López-Mellado, socio de Auren, no obstante, pide nuevas reformas legales para "flexibilizar plazos y simplificar requisitos y formalidades", otorgando más autonomía a los implicados en el proceso. "La banca tendrá que tomar partido", continúa el letrado, y elegir entre apostar por la liquidación de activos o apoyar a las compañías. Guillermo Ramos, socio de EY Abogados, apunta que será relevante que se exploren todas las posibilidades de cerrar un convenio con los acreedores o llegar a acuerdos de refinanciación para reducir el número de concursos liquidativos.

Reestructuraciones y refinanciaciones

El incremento "muy notable" en materia de reestructuraciones y refinanciaciones que ya percibe Pedro de Rojas, socio de bancario y experto de Linklaters, cree que puede verse aliviado por dos iniciativas públicas: la flexibilización temporal de la necesidad de solicitar el concurso de acreedores y las financiaciones de apoyo público, como las líneas con garantía ICO. "En la actualidad, todas las compañías están revisando los términos de sus financiaciones y solicitando exenciones para dispensar los posibles incumplimientos derivados de la situación actual", añade Jimena Urretavizcaya, socia de bancario y financiero de Allen & Overy. No obstante, además de las líneas ICO, la letrada considera que jugarán un papel relevante la banca y los fondos de deuda.

Procesal

Constatado el impacto del parón judicial y advirtiendo de la incertidumbre que crea la nueva regulación, María Dolores de Cospedal, socia de procesal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, confía en que la nueva normativa procesal "sea de clara interpretación y no solo declarativa" y, además, homogénea en todo el territorio nacional. Ello será imprescindible, manifiesta, para digerir el aluvión de demandas pos-Covid. Borja de Obeso socio de litigación y regulatorio de DLA Piper, reclama que las decisiones en materia de justicia observen "las debidas medidas de seguridad para todos los profesionales involucrados".

Derecho público

Rosa Vidal, socia directora de Broseta y directora del área de derecho público, describe que están centrados en ayudar a sus clientes a adaptarse a la normativa del estado de alarma. Lo siguiente, vaticina, serán las reclamaciones contra la Administración por daños y perjuicios. Suscribe esta idea José Vicente Morote, socio director del área de público de Andersen Tax & Legal, quien prevé un importante incremento de la actividad litigiosa durante el verano. En todo caso, también considera que crecerá la contratación pública en pocos meses.

Familia: más divorcios

Separaciones. Las abogadas de familia Paloma Zabalgo, socia directora del bufete Paloma Zabalgo, y Delia Rodríguez, de Vestalia Asociados, coinciden en que a final de año se experimentará un incremento del número de divorcios. "Será en los últimos tres meses del año", asevera Zabalgo. Rodríguez, no obstante, recuerda que las separaciones son caras, por lo que cree que no habrá "divorcios masivos" ni un incremento histórico de los mismos, sino que estos se dosificarán. "Hay que tener en cuenta los entresijos de la economía del de­sa­mor. Los estropicios amorosos se sentirán entre noviembre y febrero de 2021", resume.

Modificaciones de medidas. Otra de las consecuencias de la crisis, según prevé Rodríguez, es el aumento de las modificaciones de medidas paternofiliales, dado el empeoramiento de la situación de alguno de los dos progenitores. El incremento, explica, ya ha empezado a sentirse en abril, pero cree que será cada vez más relevante según avance el año.

Colapso judicial. Estas y otras cuestiones permiten a Zabalgo vaticinar un "colapso en los juzgados en los próximos seis meses". Rodríguez, por su parte, añade que se producirá una "oleada de los procesos especiales previstos en el plan de Justicia contra el atasco, los cuales se centrarán en la compensación de días no disfrutados durante la cuarentena por un progenitor y el reajuste de las pensiones de alimentos".

Visitas. Durante el confinamiento, ambas letradas manifiestan que las consultas más repetidas han sido las relativas a la gestión de las visitas, la custodia y las pensiones de alimentos, materias no aclaradas en la normativa del estado de alarma.

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