El Gobierno no podrá mantener el confinamiento sin la prórroga del estado de alarma

Expertos aseguran que las leyes sanitarias ordinarias no amparan la restricción de derechos fundamentales como la libertad de circulación

Gente paseando en una calle de Barcelona tras el alivio de las restricciones de confinamiento.
Gente paseando en una calle de Barcelona tras el alivio de las restricciones de confinamiento.

Tras la decisión de ERC de votar en contra de la prórroga del estado de alarma y la negativa del Partido Popular a dar su apoyo, el Gobierno se enfrenta a una situación de completa incertidumbre de cara a la próxima sesión plenaria del miércoles donde pedirá su aval. Si el Congreso no apoya la extensión del decreto que amplía las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus, será practicamente imposible mantener el confinamiento de la población de la misma manera que se ha hecho hasta ahora, según han explicado expertos constitucionalistas a este diario.

Asimismo, el Gobierno se vería forzado a coordinar la desescalada junto a las comunidades autónomas de una forma más estricta, ya que las órdenes del Ejecutivo central no prevalecerían ante sus competencias pero, además, el aislamiento de los ciudadanos -medida principal de esta situación excepcional- se retiraría, obligando a legislar a través de leyes sanitarias que no tendrían marco jurídico para amparar la limitación de la circulación de las personas.

Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, justificó ayer su intención de rechazar la prórroga del estado de alarma en que la legislación ordinaria ofrece mecanismos para mantener el mando único o limitar la movilidad de la población sin necesidad de recurrir a este instrumento constitucional. Entre las herramientas que podrían llegar a ser una alternativa está la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, aunque esta se quedaría corta ante la actuación que la dimensión de la pandemia requiere, puesto que es una ley muy breve que permite restringir derechos por una causa sanitaria pero de forma individual (por ejemplo, una persona infectada que haya que ingresar en contra de su voluntad) y siempre en focos muy concretos y limitados, como un pequeño contagio en una población local.

Así lo explica el experto en derecho parlamentario y letrado de la Junta General del Principado de Asturias, Marco Fernández, aclarando que esta ley no permitiría la limitación de la circulación de las personas sanas y que, además, el hecho de ser orgánica dificultaría su modificación puesto que aunque se tramitase por el procedimiento de urgencia en el Congreso, los plazos parlamentarios demorarían su entrada en vigor y se necesitaría una mayoría absoluta en la cámara para su aprobación.

Además, según explica Fernández, la Constitución ya es taxativa en el sentido de la limitación de derechos y libertades, dejando los estados de alarma, excepción y sitio para ese fin. “Las leyes orgánicas no pueden establecer límites que la Constitución no impone, por ello los regula a través de los estados excepcionales”, señala.

También existe la Ley General de Sanidad de 1986, que recoge que cuando existe un riesgo inminente y extraordinario las autoridades sanitarias pueden adoptar las medidas que consideren pertinentes, pero, al igual que en el caso anterior, sería solo aplicable en situaciones determinadas y no ampara la restricción de derechos fundamentales, de la misma forma que la Ley General de Salud Pública de 2011 o, en su caso, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015.

Además, la Ley General de Salud Pública contiene una serie de actuaciones muy específicas que deben ser consultadas a las personas afectadas antes de su aplicación -como el cierre preventivo de instalaciones o la suspensión del ejercicio de actividades-, a la vez que contiene variaciones entre las comunidades autónomas, lo que significa 17 casuísticas distintas, una por cada región.

En todas las leyes generales el problema es el mismo. “Si adoptas medidas más severas con una ley que sirve para regir periodos de normalidad, la constitucionalidad de esa ley sería muy discutible”, a la vez que tendría que respetar el “principio de proporcionalidad” para que las medidas fueran lo menos limitativas posibles para los ciudadanos, lo que no permitiría un confinamiento de la población como se ha aplicado hasta ahora puesto que supondría la restricción de un derecho fundamental, según el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Pablo Guerrero.

Con respecto a si el estado de alarma está ligado a las medidas económicas que ha adoptado el Gobierno las últimas semanas durante la crisis sanitaria, tal y como defendió este lunes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, marcando la posición del Gobierno,  Guerrero asegura que son normas jurídicas que no están relacionadas y que podrían ordenarse sin la necesidad de una nueva prórroga. En este sentido, Casado exigió al Ejecutivo que "desvinculara" la prórroga del estado de alarma de las ayudas económicas y sociales adoptadas -como los ERTEs o las ayudas a la liquidez de las empresas- como condición previa para negociar un cambio de su postura y de su voto a la ampliación del decreto.

Cada vez menos apoyos

El líder del PP, Pablo Casado, aseguró este lunes que mantener el estado de alarma a partir del 10 de mayo es algo que "no tiene sentido" y su partido no puede "apoyar" la prórroga en los términos en los que se plantea actualmente. Así, tras estas declaraciones, Casado mantuvo una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le transmitió su posición de no apoyar al Ejecutivo, aunque sin desvelar si su formación optará por el "no" o por la abstención en el pleno del Congreso de este miércoles.

En la última petición de prórroga, el pasado 22 de abril, a los votos negativos de Vox y la CUP, se sumó el de JxCat, mientras ERC y EH Bildu siguieron optando por la abstención. Esta vez, la formación independentista catalana dará un giro a su voto y votará en contra, según informó ayer el grupo, mientras el PNV -que ha votado sí en las tres ampliaciones anteriores- advirtió que su apoyo está condicionado a que el decreto incluya un “sistema de cogobernanza”, que respete las instituciones naturales y las competencias de las regiones.

Ciudadanos, que ha dado su apoyo al Gobierno desde el comienzo de la crisis sanitaria, también dejó en el aire la semana pasada su voto criticando la falta de consenso en la elaboración del plan de desescalada de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus.

En este contexto, Ábalos instó al principal partido de la oposición a que "no se deje arrastrar" por otros partidos como Vox, ya que "el estado de alarma plantea restricciones a un derecho como la libertad de circulación y solo este instrumento permite hacer frente a esta restricción básica" y, según el ministro, el PP en las comunidades autónomas también necesitaría de esta medida excepcional para gobernar. Además, reiteró que "si alguien tiene una alternativa mejor, que la expongan. Nadie ha propuesto ninguna alternativa porque no la hay".

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, también defendió de nuevo que el estado de alarma es "imprescindible" en la desescalada, "para seguir controlando la epidemia y para garantizar que en caso de un rebrote, que esperamos que no se produzca, podamos activar mecanismos que se han demostrado ser muy eficaces".

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