Las patentes y Covid-19: nos jugamos la vida

En una situación de emergencia nacional como la actual, ¿puede el titular de una patente oponerse a que terceros fabriquen productos amparados por esa patente para abastecer un mercado absolutamente necesitado?

Las patentes y Covid-19: nos jugamos la vida
Getty Images

El pasado 24 de marzo se publicó en varios medios una noticia relativa a las dificultades que tuvieron dos inventores italianos para fabricar válvulas de respiradores artificiales mediante impresión 3D. Aparentemente, la empresa que tiene la patente sobre esas válvulas amenazó con demandarles si seguían fabricándolas. La reacción de mucha gente fue saltar de la comprensible indignación por la actuación de esa empresa, a cuestionar de raíz todo el sistema de patentes.

La premisa de la que hay que partir es la siguiente: todos los recursos disponibles y necesarios tienen que llegar a la población. En un momento de carestía de un producto tan necesario, tenemos que encontrar la vía para que lleguen a quien los necesita. ¡Nos jugamos vidas!

Sin embargo, ello no se contrapone con nuestro sistema de patentes, ni con el respeto al derecho que ostenta quien tiene una patente sobre ese producto tan necesitado. En el caso que nos ocupa, seguramente esas válvulas existen porque se han invertido muchos millones en desarrollarlas.

Ampliemos el foco un segundo. El sistema de patentes incentiva a quien haya inventado algo para que lo comparta con la sociedad, en lugar de guardárselo para sí. Al compartir ese conocimiento, la sociedad puede seguir investigando y desarrollándolo. El incentivo para que el inventor divulgue su invención es concederle un tiempo para que comercialice ese producto de forma exclusiva. En esencia, la patente es un contrato social que debe redundar en beneficio de todos, logrando incentivar la investigación en beneficio de nuestra sociedad.

¿Cómo equilibramos esa exclusiva con las necesidades de un momento como el que vivimos? El propio sistema de patentes ofrece un mecanismo para ello: el régimen de licencias obligatorias. En efecto, la ley de patentes española faculta al Gobierno a establecer una licencia obligatoria sobre una patente si concurren razones de interés público. Por ejemplo, cuando sea necesario para la salud pública, para la defensa nacional o para garantizar el abastecimiento nacional. Parece evidente que en el caso que vivimos se dan los tres a la vez. Además, en esos casos, el Gobierno puede establecer el canon que considere justo pagar al titular de la patente por la licencia.

De modo que el sistema ofrece soluciones a situaciones extraordinarias como esta. Los titulares no pueden impedir que se abastezca el mercado, aunque tendrán derecho a recibir una compensación justa por ello. Esa compensación fijada por el Gobierno puede ser algo controvertido que, en su caso, deberán resolver los tribunales. Quizás alguna empresa quiere sacar un provecho desmedido. Pero lo que estamos viendo estos días es lo contrario, ya que la gran mayoría de empresas titulares de patentes están implicándose fuertemente en esta grave crisis, poniendo sus instalaciones a disposición de las autoridades, efectuando donaciones millonarias, entregando productos de forma gratuita e, incluso, poniendo sus invenciones a disposición de quien pueda aprovecharlas.

Por lo tanto, el sistema funciona y debe respetarse. Lógicamente, fuera de él quedan posturas irracionales u oportunistas de aquellos que quieran sacar un provecho desmesurado en tiempos de pandemia. Siempre los hay, pero para ello están nuestros tribunales, que deberán juzgar esas actuaciones. También el mercado, que tan pronto lo perciba, penalizará a esos actores económicos. Pero esas posturas son minoritarias, ya que, como puede verse a diario, esta crisis está sacando lo mejor de muchas empresas y conciudadanos. A ellos nuestro más sincero agradecimiento. Y cuando todo esto pase, permitamos que el sistema de patentes ayude a la recuperación económica cumpliendo con su razón de ser: incentivar el desarrollo tecnológico y el bienestar de nuestras sociedades.

Eduardo Zamora, socio director de Giró Martínez.

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