Los detalles del BOE: el Ministerio de Hacienda toma el control de ‘La Casa de Papel’

El Gobierno podrá usar para la crisis 2.400 millones de la FP autonómica

Escena de la cuarta temporada de 'La Casa de Papel', que se estrena este 3 de abril.

El decreto ley ómnibus que el Consejo de Ministros aprobó el martes ampliando el rescate social orquestado ante la pandemia del coronavirus Covid-19 fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aportando la letra pequeña que mantenía expectantes a inquilinos, propietarios, autónomos, comerciantes, industriales, contribuyentes y otros colectivos afectados. Para empezar, el texto aclara que entra en vigor hoy salvo en el caso de las restricciones a la publicidad de juegos online, que quedará limitada a la madrugada desde mañana.

En materia de vivienda, y para ayudar a las familias en estado de vulnerabilidad estructural –aquella que se prolonga una vez pase la crisis inmediata del coronavirus–, el BOE confirma la puesta en marcha de una ayuda de hasta 900 euros mensuales por hogar. Este extra, que se debatió en los primeros borradores del real decreto, desapareció en el documento previo al Consejo de Ministros del martes. La ayuda deberá destinarse siempre a hacer frente al alquiler y a las deudas de los préstamos concedidos para pagar el arrendamiento. Además, en la versión definitiva publicada en el BOE ha desaparecido la mención a una ayuda adicional de hasta 200 euros para suministros básicos, recogida en los primeros borradores del real decreto, ya que finalmente no ha sido aprobada.

El texto también matiza la definición de gran propietario. En un principio se ponía la frontera a partir de ocho inmuebles urbanos, y ahora asciende a la decena, sin contar garajes o trasteros. También se considera gran tenedor a la persona física o jurídica con una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.

Otro punto significativo del real decreto incluido en el BOE es el que regula la situación de los recursos tributarios. Tanto en el caso de la interposición de este tipo de procedimientos, como en las resoluciones de los tribunales económico-administrativos, del real decreto deja en suspenso el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, y el 30 de abril. La fecha, cuya elección no ha sido aclarada por fuentes oficiales consultadas por este diario, bien podría estar apuntando el horizonte que baraja el Ejecutivo para poner fin al estado de excepción. En todo caso, su carácter limitado, frente al mes adicional de duración desde el fin del estado de alarma previsto para el resto de medidas del decreto, da cuenta de la negativa del Gobierno a paralizar en exceso la maquinaria fiscal, como acredita su negativa a extender la campaña de la renta.

De otra parte, el BOE recoge que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podrá tomar el control de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, La Casa de Papel de la famosa ficción televisiva. Algo que desde el Ejecutivo achacan a la necesidad de poder agilizar su funcionamiento durante la crisis si es necesario.

Para financiar el bautizado como escudo social contra el coronavirus, el Gobierno dispondrá también, tal y como anuncia el BOE, de los más de 2.400 millones de euros procedentes de las cotizaciones para formación profesional de los trabajadores en paro, y que forman parte del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), que gestionan las comunidades autónomas. Dado el impacto económico de la crisis del coronavirus, explica el texto, se permitirá “que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación profesional”.

El texto publicado ayer también amplía la protección sobre las víctimas de violencia de género. Desde que comenzó el confinamiento en España, según datos hechos públicos ayer por la cartera de Igualdad, las llamadas al 016, el teléfono de asistencia y apoyo a víctimas de violencia de género, se han incrementado. Desde el día 14, cuando el Gobierno declaró el estado de alarma, hasta el 29 de marzo, el teléfono ha registrado 374 llamadas más respecto al mismo periodo de 2019, un aumento del 12,5%.

En este sentido, señala el BOE, al programa de ayuda a las personas que precisan de alternativa habitacional, que suele incluir a afectados por los desahucios y a personas sin techo, se le añaden las víctimas de violencia de género. También se incluye la posibilidad de trasladar a estas mujeres a alguno de los 364 hoteles que permanecen abiertos para dar servicio a trabajadores esenciales o viajeros por fuerza mayor.

De otra parte, el decreto considera como establecimientos esenciales durante el estado de alarma las clínicas dentales, pero únicamente en los casos de emergencia; los centros de atención a la salud mental, los de diálisis, de donaciones de sangre y los bancos de tejidos. También entran en este grupo las clínicas que permiten interrumpir el embarazo. Las que ofertan servicios de reproducción asistida estarán cerradas salvo en los casos en los que se hubiese agendado la cita antes de la declaración del estado de alarma.