Los avales para pymes y autónomos por coronavirus al detalle
Condiciones, costes y dónde acceder a la financiación para pymes y autónomos avalada por el Estado.
Una de las medidas lanzadas por el Gobierno es la aprobación de avales para facilitar el acceso de pymes y autónomos a financiación. En concreto, se trata de dotar a este colectivo de una línea de avales por un importe de hasta 20.000 millones de euros, para contrarrestar la falta de liquidez que tendrán las empresas ante la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Así se ha recogido en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de este virus.
Esta línea de avales garantizará préstamos y renovaciones que las entidades bancarias concedan a las empresas y a los profesionales por cuenta propia para atender las necesidades de financiación destinadas para pagar salarios, facturas, circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones tributarias. En concreto, el aval garantizará el 80% de cualquiera de esas operaciones en pymes y autónomos.
Estas operaciones estarán gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en colaboración con las entidades financieras. Estos avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto.
De este primer tramo de 20.000 millones de euros, el 50% se reservará para garantizar préstamos de autónomos y pymes, que podrán solicitarlos siempre que no tuvieran ninguna deuda pendiente con las Administraciones a 31 de diciembre de 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
Los avales que se emitan tendrán un tiempo de videncia igual al plazo del préstamo concedido, con un tiempo límite de 5 años. Las entidades financieras asumirán el coste del aval, que será de entre 20 y 120 puntos básicos.
Las pymes y autónomos que deseen solicitar estas líneas de crédito podrán hacerlo hasta el próximo 30 de septiembre, y deberán dirigirse en primera instancia a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito este acuerdo de colaboración.
