Santander cobró por impuesto de Sociedades en 2019 gracias a los activos fiscales de Popular

El banco ha recibido del Estado 586 millones en dos años y reclama 995 millones más

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, durante la junta general de accionistas del Banco Santanderefe

Los cálculos que hizo Banco Santander cuando adquirió Popular el 7 de junio de 2017 se han alejado ligeramente en el tiempo. Su objetivo anunciado entonces era que el banco adquirido aportaría positivamente al beneficio por acción desde 2019, aunque como explicó la presidenta del grupo, Ana Botín, el pasado 30 de enero, esto no sucederá hasta el presente ejercicio o el próximo, como consecuencia de los negativos tipos de interés. Pese a ello, la compra ha tenido un efecto positivo en el impuesto de sociedades, hasta el punto que al grupo dicho impuesto le sale a cobrar en España.

El grupo ha recibido 486 millones de euros de activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) correspondientes a Banco Popular Español, cuya conversión ha sido confirmada por Hacienda. Fueron solicitados en 2017 y concedidos en 2018 y de ellos se percibió una parte en 2018 y 358 millones en 2019, según consta en las cuentas anuales del grupo.

La conversión de estos DTA de Popular y los números rojos del centro corporativo de Santander, han provocado que el impuesto de sociedades del grupo en España le salga a su favor por 271 millones de euros en 2019. El grupo tuvo en España pérdidas de 1.684 millones antes de impuestos, principalmente por el centro corporativo.

Además, el banco ha solicitado la conversión de otros 995 millones en activos fiscales diferidos procedentes de Popular. Santander explica que Hacienda confirma la condición de monetizables de esos 995 millones, pero rechaza de momento su conversión porque considera que no se dan las condiciones, “sin perjuicio de que esta tenga lugar en ejercicios futuros”, según consta en el informe anual de Santander correspondiente a 2019.

En todo el mundo, el grupo sumó un resultado bruto antes de impuestos de 12.543 millones de euros, que dio lugar a 2.951 millones en impuestos sobre el resultado.

La regulación proviene de un decreto ley de la etapa de Luis de Guindos como ministro de Economía. Esa norma permitió que ciertos activos fiscales diferidos fueran en determinadas circunstancias directamente monetizables, es decir, que pudieran cobrarse a Hacienda o deducirse del pago de impuestos sin esperar a su cancelación con beneficios futuros.

En España se permitió meter en esa categoría a los activos fiscales diferidos derivados de dotaciones de provisiones de insolvencias, dotaciones de provisiones para bienes adjudicados, compromisos por pensiones y prejubilaciones. En ciertos casos, como en el del rescate de Popular, esos activos fiscales pueden convertirse en créditos frente a la Hacienda Pública, no dependiendo su utilización de los beneficios futuros de las entidades.

El objetivo de la norma era que no se dedujesen esos activos fiscales del capital regulatorio en términos de solvencia, pero el propio Guindos lo presentaba como un ejercicio teórico que no tendría consecuencias para las cuentas públicas: “Aquí ni hay ningún tipo de transferencia, es únicamente una consideración estrictamente contable”, dijo entonces. Aun así, Bruselas dudaba de si podían considerarse ayudas de estado. Por eso, en 2015 España introdujo una tasa del 1,5% anual por mantener el derecho a la monetización.

Ahora, sin embargo, los fondos que le toca al Gobierno pagar (o dejar de cobrar) por los DTA son un lastre más para el cumplimiento de los objetivos de déficit del Gobierno.